Lima, 3 de noviembre de 2021.- El Gobierno de Perú aseguró que los miembros de las Fuerzas Armadas que apoyarán a la Policía Nacional en tareas de seguridad ciudadana en Lima y el Callao «están capacitados» en la protección de los derechos humanos.
Esta información se dio después de que organismos nacionales e internacionales como Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW) expresaran su preocupación ante la resolución que autorizó este martes la intervención de los militares por un plazo de 30 días para vigilar la seguridad en la capital peruana.
Al respecto, el Ministerio de Defensa (Mindef) afirmó en una nota de prensa que el personal militar «ha recibido instrucción en temas de derechos humanos en el Centro del Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos de las Fuerzas Armadas (CDIH-DDHH)».
ACTUACIÓN PROFESIONAL
El Mindef agregó que en el trabajo de control y mantenimiento del orden interno, así como de apoyo en la ejecución de operaciones policiales, los militares «pondrán en práctica el conocimiento adquirido por el bien y la tranquilidad de la ciudadanía».
El coronel del Ejército Erik Asencios Freyre, director del CDIH-DDHH, señaló que esa institución capacita y entrena al personal militar para que pueda «lograr intervenciones de manera profesional respetando la dignidad humana como valor fundamental en una sociedad democrática, evitando de esa forma que se produzcan casos de violación de derechos humanos».
«La instrucción de este tipo es una prioridad para las Fuerzas Armadas modernas en todo el mundo y una medida obligatoria de aplicación nacional de los tratados cuya finalidad es la protección de las personas en los diferentes escenarios en los cuales participan las fuerzas del orden», remarcó el Mindef.
Durante este año, señaló, ya se han realizado 16 programas académicos que han permitido brindar instrucción a 800 participantes entre oficiales, técnicos, suboficiales y oficiales de mar, de las Fuerzas Armada peruanas.
ACTUACIÓN DURANTE 30 DÍAS
Este martes, el gobierno del presidente Pedro Castillo autorizó a las Fuerzas Armadas a apoyar a la Policía Nacional en el control de la seguridad interna por un plazo de 30 días, ante el incremento de la delincuencia organizada en Lima y Callao.
Una resolución indicó que hay incremento significativo del índice delictivo en Lima y el vecino puerto del Callao por la presencia de organizaciones delictivas involucradas en tráfico ilícito de drogas, tenencia ilegal de armas, robos y hurtos.
Añadió que estos delitos ponen en peligro la integridad física de la ciudadanía y han sobrepasado la capacidad operativa de la Policía Nacional.
La resolución aclaró que la intervención de los militares no implica la restricción, suspensión ni afectación de los derechos consagrados en la Constitución, las leyes y los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos de los que el Perú es parte.
PREOCUPACIÓN INTERNACIONAL
A pesar de ello, tras conocerse esta decisión, organismos como Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW) expresaron su preocupación por el empleo de militares para controlar el orden interno.
«Recordamos al Estado peruano que el mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana deben estar a cargo de la policía y que las normas internacionales de derechos humanos exigen asegurar que el uso de las FFAA, en labores de seguridad pública, sea estrictamente excepcional», sostuvo AI.
A su turno, el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, señaló que «los soldados están entrenados para la guerra, no para el control del orden público».
A las críticas de organizaciones internacionales se sumaron sectores de la oposición política peruana y especialistas, quienes coincidieron en que los militares no deben dedicarse al control del orden interno por que están preparados para escenarios de guerra externa.
EFE
