Lima, 28 de abril de 2022.- El Gobierno peruano negó este jueves haber intervenido en el desalojo que llevó a cabo el miércoles la Policía Nacional de los manifestantes acampados en la mina cuprífera Las Bambas, la más grande productora de cobre del país, y afirmó que esa acción fue invocada por la empresa ante la Justicia.
«La intervención de la Policía Nacional se realizó en el marco de la ejecución de una ‘defensa posesoria extrajudicial’ tramitada por la empresa Las Bambas y no por decisión del Ejecutivo. Dicha acción legal se encuentra regulada en Código Civil y fue invocada por la empresa Las Bambas», detalló un comunicado del Ejecutivo.
La oficina jurídica de la Policía Nacional del Perú (PNP) evaluó «por ley» dicha solicitud y concluyó «que concurren todos los requisitos de ley, resuelve ejecutar el desalojo correspondiente».
Por eso, el comunicado destacó en letras mayúsculas que «EL EJECUTIVO NO INTERVIENE EN DICHO PROCEDIMIENTO».
«Apostamos por el diálogo desde el principio como un medio de solución de conflictos», destacó el Gobierno, que recordó que desde el pasado 14 de abril, cuando la comunidad de Fuerabamba ingresó a los terrenos, remitió un oficio a ambas partes «exhortándolas a continuar el diálogo y convocándolas a reunión con la comisión» del Ejecutivo, la Defensoría del Pueblo y la Conferencia Episcopal.
El Ejecutivo había declarado horas antes del desalojo el estado de emergencia en los distritos de Challhuahuacho y Coyllurqui, en la provincia de Cotabambas, donde se encuentra la mina, durante un periodo de 30 días, para que la Policía Nacional asumiera el control con el apoyo de las Fuerzas Armadas.
No obstante, este jueves subrayó que «el desalojo no fue ordenado por el Ejecutivo», ni siquiera «a consecuencia» del decreto que dispuso el estado de emergencia puesto que todavía no había entrado en vigor.
«Es falso, por tanto, que el día en que ocurrieron los hechos ya regía el estado de emergencia», subrayó el Gobierno, recurriendo de nuevo a las mayúsculas en su comunicado.
Los comuneros de Fuerabamba, vecino al asentamiento minero, ingresaron en terrenos de la empresa el pasado 14 de abril, tras denunciar compromisos incumplidos por la compañía desde 2014, cuando vendieron sus terrenos para las operaciones extractivas.
Ante esta protesta, Las Bambas paralizó sus actividades el pasado 20 abril, en una decisión que según expertos representa la pérdida de unos 5,2 millones de soles diarios (1,4 millones de dólares) para el Estado peruano.
Desde que comenzó a operar en 2016, los vecinos de las comunidades aledañas han bloqueado la ruta de la mina de forma intermitente para protestar, entre otros puntos, por el constante tránsito de camiones que atraviesan la zona para transportar el cobre, lo que genera polvareda cerca de los lugares habitados.
Por ello, exigen el pago de indemnizaciones de daños y perjuicios por impactos ambientales, sociales y culturales, así como el pago de los derechos de servidumbre minera.
También demandan ser consideradas como proveedores de bienes y servicios de la empresa minera y como área de influencia directa ambiental y social de la misma.
EFE
