Bogotá, 28 enero.- Los secuestros cometidos durante décadas por las FARC fueron el punto de partida de otros crímenes de guerra y lesa humanidad por los que la Justicia Especial para la Paz (JEP) decidió imputar a 8 líderes, basada en investigaciones y testimonios de víctimas que revelan los vejámenes a los que fueron sometidas.
En un documento de 564 páginas publicado hoy, la JEP recopila relatos no solo sobre el secuestro en sí sino sobre los tratos degradantes, como encadenamientos, violaciones, humillaciones, torturas y otras agresiones físicas y psicológicas cometidas por la antigua guerrilla en distintas regiones, pero especialmente en los departamentos del este del país donde operaba el Bloque Oriental.
Con estas formas de violencia se ensañaron especialmente con las mujeres, utilizando sus cuerpos como botín de guerra.
VIOLACIONES SEXUALES
«Recuerdo que estaba en pijama y me dieron ganas de orinar y fue en ese momento que abusaron sexualmente de mí, al otro día me sacaron de ahí, me senté en una piedra y al observar el lugar me di cuenta que estaba cerca de mi finca (…) yo me sentía destrozada, no me dejaron bañar», relató a la JEP una mujer secuestrada junto con su esposo en 1997 en la localidad de Granada, departamento del Meta, una de las zonas entonces controlada por las FARC.
Según su versión, el secuestro fue cometido por guerrilleros del Frente 27 que después de la violación la dejaron libre para que reuniera 500 millones de pesos (unos 140.000 dólares de hoy) que exigían por la liberación de su esposo.
«Me apuntaron con un fusil y me exigían que pagara esa plata por él, más adelante me amarraron las manos, me pusieron unas botas y me taparon la cara, posteriormente me soltaron y me dijeron que no podía decir nada», agrega.
Después de regresar a su finca fue al médico a que le curaran unas heridas «y allí me hicieron exámenes y resulta que me encontraba en embarazo y tuve que practicarme un aborto ya que no quería tener un hijo fruto de una violación».
Una tragedia peor relató una enfermera del hospital de San José del Guaviare, secuestrada el 12 de mayo de 1997, quien fue sacada a la fuerza de la casa en la que habitaba el personal sanitario de esa localidad, capital del Guaviare, y permaneció secuestrada tres años, sufriendo todo tipo de abusos, hasta que logró escapar el día de su cumpleaños, el 17 de junio de 2000.
«Me llevaron a un campamento de la guerrilla en la vereda (aldea) Barranquillita, donde ellos tenían un hospital. Había secuestrados, en eso había una epidemia de hepatitis», cuenta, y agrega que mientras estuvo secuestrada la llevaban a los combates como enfermera.
«Me violentaron sexualmente. Me empalaron», declaró la mujer y agregó que posteriormente la condujeron hasta el llamado Estado Mayor del Bloque Oriental y cuando se dio cuenta estaba en un caserío del vecino departamento del Caquetá. «Al parecer me operaron, me sacaron los ovarios, la matriz el útero, la verdad no sé qué me hicieron».
RECLUTAMIENTOS FORZADOS Y ABUSOS
Otra mujer relató que corrió la misma suerte después de ser secuestrada cuando intentaba averiguar en el departamento del Vichada, fronterizo con Venezuela, por un hijo suyo desaparecido en noviembre de 2002.
«Yo fui abusada sexualmente del (sic) ‘Negro Acacio’, alias ‘Caballo’, ‘Cepillito’ y otros cuando fui secuestrada en el Vichada el día 13 de marzo del año 2003, por la guerrilla Frente 16 de las FARC, al mando de alias ‘Cachete'».
Los guerrilleros la acusaban de haber usado la búsqueda de su hijo para «sacar información para los paramilitares», por lo cual la tuvieron secuestrada cuatro años, hasta que la dejaron en libertad el 8 de diciembre de 2007.
Los abusos sexuales eran algo habitual en las FARC no solo con los secuestrados sino también con las propias guerrilleras, muchas de ellas niñas reclutadas a la fuerza y obligadas a convertirse en pareja de los guerrilleros.
Uno de los casos incluidos en el informe es el de una mujer del caserío El Tigre, situado en San José del Guaviare a la que en 2002 las FARC le quitaron a una de sus hijas, «reclutada junto con 14 niñas más aproximadamente y la tenían en un campamento de la guerrilla».
«Pasados cuatro años, o sea en el año 2006, vino el comandante de la guerrilla del séptimo Frente de las FARC, el señor Gentil Duarte, y Alirio Rojas, a reclutar a mi otra hija, tan solo de 12 años, caso que denuncié ante la Fiscalía 24 especializada de delitos de reclutamiento, desaparición y desplazamiento forzado», afirmó.
La mujer cuenta que una de sus hijas murió en una emboscada del Ejército y que en 2017 se enteró de que la otra «había fallecido a causa de varios abortos que le habían hecho en el campamento donde la tenían» los guerrilleros y, por versiones de desmovilizados, sabe que fue enterrada cerca de un campamento en el caserío El Triunfo.
Agrega que una amiga a la que también le reclutaron a la fuerza a sus hijos le dijo «que el comandante del bloque de las (milicias) urbanas era Carlos Antonio Lozada, actual senador de la república, quien era la persona indicada para que me diera información de la muerte de mis dos hijas».
MUERTES EN CAUTIVERIO
Muchos de los secuestrados entre 1993 y 2012, periodo priorizado por la investigación de la JEP porque fue el del auge de ese delito por parte de las FARC, no regresaron a sus hogares. Es el caso relatado por una persona a cuyo padre se llevó la guerrilla de su finca en Granada (Meta) el 8 de septiembre de 1991 porque se negó a seguir pagando las extorsiones que cobraban en la zona, llamadas coloquialmente «vacunas».
Cuenta que al atardecer de ese día «llegaron unos hombres a la finca vestidos de civil con botas pantaneras, ropa oscura, y con fusiles preguntando por mi papá y se lo llevaron; en la casa estábamos mis hermanas y mi mamá, recuerdo que esa noche a nosotros nos encerraron en una de las habitaciones de la finca y le pusieron una cadena para que no pudiéramos salir».
«Como a los dos días en la vereda Dos Quebradas del municipio de Granada encontraron el cuerpo de mi padre a la orilla del río con un disparo en el cabeza. El capataz quedo administrando la finca pero a los tres meses siguientes también lo mataron, a nosotros nos empezaron a amenazar y por ello tuvimos que abandonar la finca y desplazarnos para Bogotá», concluyó esta víctima.
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