Jartum, 23 de septiembre de 2021.- El intento de golpe de Estado fallido del martes en Sudán ha ahondado la brecha existente entre las autoridades militares y las civiles que comparten el poder durante el periodo de transición que atraviesa el país desde el derrocamiento en abril de 2019 del dictador Omar al Bashir.
Las diferencias y roces entre ambos componentes han sido frecuentes desde que el Ejército apartó del poder a Al Bashir tras meses de protestas populares en las calles y desde que sellaron, tres meses y medio después, un acuerdo constitucional para emprender juntos el proceso hacia unas elecciones democráticas.
Pero el golpe fallido del martes, atribuido por el Gobierno a «remanentes» del antiguo régimen de «dentro y fuera de las Fuerzas Armadas», ha agravado la tensión entre ellos, con reproches sobre las responsabilidades por la asonada, hasta el punto de que su comunicación ha quedado momentáneamente rota.
Una fuente del Consejo Soberano, el máximo órgano de Gobierno en este periodo de transición y en el que se sientan tanto civiles como militares, indicó a Efe bajo condición de anonimato que desde que se logró frustrar la asonada, los militares han faltado a dos reuniones conjuntas y la parte política ni siquiera ha podido comunicarse con ellos.
INTERCAMBIO DE ACUSACIONES
Esta falta de comunicación no ha impedido que ambas partes se hayan intercambiado acusaciones y amenazas más o menos veladas.
Pocas horas después de que se desbaratara el golpe, el primer ministro, Abdallá Hamdok, que encabeza el Gobierno civil supeditado al Consejo Soberano, presidido por el comandante general del Ejército, Abdulfatah al Burhan, apuntó en un mensaje televisado la necesidad de «reformar los órganos militares y de seguridad».
Al día siguiente, Al Burhan respondió en un discurso durante una ceremonia de graduación militar que «ningún partido podrá sacar a las fuerzas regulares de la escena en Sudán durante el periodo de transición».
Tanto Al Burhan como el vicepresidente del Consejo Soberano, el también general Mohamed Hamdan Dagalo, alias «Hemedti», acusaron además a los políticos de su país de preocuparse más por obtener cargos y repartirse el poder que por resolver los problemas de la población, acuciada por una grave crisis económica.
Esa crisis fue la que provocó la revuelta popular contra Al Bashir y no ha hecho sino agravarse desde 2019, con una inflación de casi el 400%, a pesar de que las nuevas autoridades han logrado salir del aislamiento y que se levanten las sanciones económicas impuestas al exdictador.
«AMENAZA PARA LA TRANSICIÓN»
El ministro de Asuntos del Consejo de Ministros, Jaled Yusef, respondió a los líderes militares a través de la televisión catarí Al Yazira, afirmando que sus declaraciones «son una amenaza para la transición democrática» y que la parte civil «estaba lista para la confrontación si el componente militar no quiere continuar en asociación con ellos».
Además, el asesor de prensa del primer ministro, Faisal Mohamed Saleh, acusó a los militares de sembrar el caos y «facilitar las violaciones de seguridad» en distintos puntos el país, en referencia a una serie de protestas y actos de sabotaje.
En una entrevista con el canal de televisión árabe Al Arabiya, también recordó que Al Burhan ya «intentó gobernar unilateralmente» tras el derrocamiento de Al Bashir, «pero no lo logró».
Hamdok también había apuntado, en su discurso televisado del martes, que antes del golpe hubo una serie de preparativos destinados a generar un ambiente propicio que incluyeron «el impulso de la falta de seguridad en las calles».
Las Fuerzas de la Libertad y el Cambio, alianza de grupos revolucionarios y partidos políticos que forma parte del Gobierno de transición, afirmaron en un comunicado que los discursos de Al Burhan y Dagalo eran una amenaza para la transición democrática y un intento de generar una ruptura entre las fuerzas políticas y las Fuerzas Armadas.
UNA CRISIS QUE VIENE DE LEJOS
El profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Jartum Abdelqader al Amin indicó a Efe que la crisis de confianza y las sospechas mutuas entre los militares y los civiles comenzó tras el violento desalojo por el Ejército en junio de 2019 de una acampada de protesta frente a su cuartel general en Jartum, en el que murieron decenas de personas.
Al Amin explicó que las Fuerzas de la Libertad y el Cambio creen que los militares están intentando debilitarla y dividirla avivando los conflictos en su interior para poder monopolizar el poder.
Incluso no descarta la posibilidad de que el Ejército declare el estado de emergencia para formar un gobierno civil de tecnócratas con el apoyo de miembros de las Fuerzas de la Libertad y el Cambio que han sido apartados del actual Gobierno y convocar elecciones antes de enero de 2024, la fecha fijada en el pacto constitucional.
