Brasilia, 1 septiembre.– El presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Rodrigo Maia, criticó este martes una nueva normativa dictada por el Gobierno de Jair Bolsonaro que apunta a inhibir el aborto aún en los casos en que es permitido por las leyes.
«Desde mi punto de vista, es totalmente ilegal y absurdo», dijo Maia en rueda de prensa sobre una nueva normativa del Ministerio de Salud, que obliga a médicos y hospitales a notificar a la Policía que será practicado un aborto porque el embarazo fue consecuencia de una violación.
Según la Constitución brasileña, el aborto legal está garantizado en esos casos y también cuando la vida de la gestante corre riesgo o el feto presenta anencefalia.
Sin embargo, una normativa publicada la semana pasada por el Ministerio de Salud establece que, en los casos en que haya indicios o se haya comprobado una violación, el médico o el hospital deberán primero notificar sobre el caso a la Policía, algo que muchas veces las víctimas prefieren evitar por temor.
La normativa también dice que, antes de proceder al aborto, se deberá ofrecer a la gestante la posibilidad de ver al embrión o al feto a través de una ecografía.
«Es una normativa completamente ilegal, inconstitucional, que no respeta la legislación del país», declaró Maia, quien de esa forma se hizo eco de las críticas que movimientos sociales y colectivos feministas ya han levantado contra esa medida.
El presidente de la Cámara Baja aclaró que esa es su «opinión personal», pero aún así indicó que el Poder Legislativo puede llegar a debatir el asunto.
«Creo que lo mejor sería que el Gobierno anule esa normativa», pero «si fuera necesario, el Congreso lo puede discutir y, de hecho, ya hay algunas iniciativas de varios partidos en ese sentido», dijo.
La medida fue anunciada por el Ministerio de Salud apenas semanas después de un revuelo nacional por el caso de una niña de 10 años que quedó embarazada tras ser sistemáticamente violada por un tío y cuya familia enfrentó serias dificultades para que se le practicara el aborto que la ley le garantizaba.
La interrupción del embarazo fue autorizada por la Justicia, pero en el hospital de la ciudad de Sao Mateus, en el estado de Espírito Santo, donde reside, los médicos se negaron a operarla.
Fue trasladada entonces a un hospital de Recife, capital del vecino estado de Pernambuco, donde el aborto fue practicado, pero en medio de presiones y protestas de grupos de ultraderecha afines al Gobierno de Bolsonaro.
Según Rodrigo Maia, «el Ministerio de Salud no puede tomar una decisión de esa naturaleza», porque «constituye una interferencia en las leyes».
Apuntó que, en caso de que el Gobierno no anule la normativa, el Parlamento o el Poder Judicial deberán intervenir para restablecer «las garantías constitucionales» para aquellos casos en que una violación acabe en un embarazo de la víctima.
Desde que el líder de la ultraderecha llegó al poder, en enero de 2019, tanto el Parlamento como el Poder Judicial han regulado muchas de sus más polémicas iniciativas, lo que este año llevó a que grupos «bolsonaristas» promovieran manifestaciones en favor de una «intervención militar» para «cerrar» esos dos poderes de la Nación.
Bolsonaro llegó a acudir a algunas de esas protestas, que cesaron después de que la Corte Suprema decidió investigar a esos grupos y las fuentes de financiación de las manifestaciones.
EFE
