La llegada de una de las investigaciones en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez a la Fiscalía, luego de años de permanecer en la Corte Suprema de Justicia, es el comienzo de un laberinto tan enredado, que su salida parece imposible. No solo porque no es claro bajo cuál ley tendrá que adelantarse el proceso por supuesta manipulación de testigos (si la ley 600 o la 906), sino porque todavía no se sabe quién será el encargado de investigarlo, pues el senador Iván Cepeda ya anunció que va a recusar al fiscal Francisco Barbosa y a su vicefiscal, Martha Mancera. La situación es tan confusa, que expertos consultados por este diario no tienen claro cuál es el camino.
De entrada, el debate parece centrarse en si a Uribe le debe seguir aplicando la ley antigua (la 600) o la nueva (la 906). Esta definición es clave pues determinará en qué parte del proceso debe seguir investigando la Fiscalía: si a la que llegó la Corte, que logró resolver su situación jurídica, ordenando su detención domiciliaria, y ya estaba analizando si lo llamaba a juicio; o si, por el contrario, debe aplicarle la otra norma. Si es esta segunda posibilidad, la Fiscalía tendrá que definir si le imputa cargos y pide una nueva medida de aseguramiento, o si considera que esas labores ya las hizo el alto tribunal y, más bien, sigue en el trabajo de alistar el llamado a juicio.
La definición de la ley que se aplicará en este expediente es fundamental. No solo porque la defensa de Uribe podría pedir que se revoque la medida de aseguramiento, sino porque, de elegir el camino de la ley 906, la Fiscalía tendría que empezar desde cero la investigación y, así, podría revisar temas que han sido reprochados por el expresidente. Por ejemplo, el tema de la interceptación del celular del exsenador que siempre ha dicho, fue ilegal, pero la Corte ha sostenido que no fue así, pues todas sus decisiones fueron legales. Aunque hasta ahora la Corte y la Fiscalía están en el proceso administrativo de enviar el caso al ente investigador, la decisión de definir la ley ya se discute entre los fiscales.
Sin embargo, antes de tomar esa decisión, trascendental para el proceso, los investigadores saben que hay un lío mayor: a quién le va a tocar el caso. De ser un expediente común y corriente, el caso llegaría a la Oficina de Asignaciones y así se determinaría qué fiscal de la Unidad contra la Administración Pública será el responsable. Sin embargo, esta investigación es todo menos común. El senador Cepeda ya anunció la recusación en contra de Barbosa y Mancera, lo que frenaría ese proceso de asignación. Según el congresista, ninguno de los dos representa garantías de imparcialidad para adelantar el caso y, por eso, debería existir un fiscal ad hoc para avanzar con el expediente.
El tema se enreda más, pues Cepeda, y su abogado Reinaldo Villalva, también advirtieron que el responsable de postular a ese fiscal ad hoc también será recusado, pues el encargado de esa designación es el presidente Iván Duque. “El presidente y el partido de gobierno no han demostrado imparcialidad sobre este caso”, apuntó el senador Cepeda. El primer mandatario, y su bancada, han expresado abiertamente una férrea defensa a favor del expresidente Uribe. Y la cercanía de Duque con Uribe, no es un secreto para nadie. Así, la posibilidad de que el presidente postule al fiscal ad hoc que investigaría a su padrino político, resulta polémica.
Para llegar hasta ese punto, todavía hay un largo trecho. Primero, el propio Barbosa tendría que definir si se declara o no impedido, al igual que Mancera. Penalistas consultados por este diario señalaron que, a la luz del Código Penal, no existe ningún impedimento que les haga aceptar la recusación de Cepeda, y no tendrían problema para asumir el expediente. Si la aceptan o no, de todas maneras, el tema tendrá que ser revisado en pleno por la Corte Suprema de Justicia. Y allí, el panorama no es tan claro, pues un grupo importante de magistrados no está dispuesto a sacar al fiscal Francisco Barbosa ni a su vicefiscal de este connotado caso.
El antecedente que marcó el caso de Néstor Humberto Martínez y Odebrecht resulta clave para los togados, pues no estarían dispuestos a apartar a otro fiscal elegido por ellos mismos de una de las investigaciones más importantes de los últimos años. Sin embargo, hay otros magistrados que sí estarían a favor de sacar a Barbosa del tema pues, tal y como sucedió con la magistrada Cristina Lombana, en ellos dos no existiría una figura jurídica recientemente aplicada en Colombia, conocida como “la apariencia de imparcialidad”. Esta manera de interpretar los impedimentos fue introducida por la Sala de Instrucción de la Corte, cuando resolvió apartar a Lombana de las investigaciones contra Uribe.
Según esa postura, un funcionario público debería apartarse de cualquier actuación, si existe la posibilidad de que se afecte esa apariencia. Y, en este caso, aseguran abogados consultados, hay pruebas suficientes de que ningún funcionario del gobierno “tiene esa apariencia de imparcialidad”. Así, el enredo se sigue enmarañando aún más pues, según la Constitución, solamente el ejecutivo tiene la facultad para nombrar a un fiscal diferente que Barbosa. “Ni la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, ni la ministra del Interior, Alicia Arango, ni su viceministro, Daniel Palacios, ni ningún otro ministro, tienen la imparcialidad para nombrar al investigador de su ‘papá’ en la política”, apuntó una fuente.
Por estas mismas razones, Cepeda ya anunció que también recusará al presidente Duque. Pero, hasta en esa decisión, habría otro problema más pues quien entraría a resolver esa petición sería la Procuraduría. Si el caso llega en la administración de Fernando Carrillo, es decir, antes de enero del próximo año, no habría mayor debate. Pero, el caso es diferente si la recusación llega cuando Margarita Cabello ya se haya posesionado como procuradora. Fuentes del Ministerio Público aseguraron que ella tampoco tendría esa “apariencia de imparcialidad”, pues no solo salió de la Corte Suprema de Justicia para aceptar un cargo en el gobierno Duque, sino que fue ella la candidata del presidente a la Procuraduría.
En las últimas horas, el alto tribunal confirmó que está listo para dejarle todo el proceso de Álvaro Uribe al fiscal Barbosa, pues la investigación por supuesta manipulación de testigos no tiene relación con su cargo de congresista y, como ya renunció a su curul como senador, no hay ninguna razón por la cual el caso deba estar en la Corte. Así, comienza oficialmente el ingreso del caso a este enredado laberinto que determinará si el expediente encuentra su salida y avanza la investigación, o si, por el contrario, se perderá entre discusiones jurídicas, recursos de los abogados de parte y parte, y entre el debate político que no se ha escapado en esta historia.
Tomado de El Espectador
