El planteamiento es básico y universal en cualquier democracia. Una autoridad judicial ordena al Ejecutivo y a otras instituciones acatar una sentencia de segunda instancia, con todos los recursos agotados. Aterrizar esta situación en Colombia convierte algo tan sencillo, que refuerza el valor de pesos y contrapesos, en un asunto complejo, un “choque de trenes” o “una tensión entre las ramas del poder público”, como lo nombran algunos. El Gobierno optó por un camino largo que, según los expertos, desestabilizaría el Estado de derecho del país, en vez de obedecer de forma expedita el fallo que dictó la Corte Suprema de Justicia a favor de un grupo de ciudadanos, estudiantes, líderes, defensores de DD. HH., víctimas de abuso policial, profesores universitarios y organizaciones sociales, que entutelaron al presidente, los ministros de Defensa e Interior y otras entidades del Estado al considerar que, en el marco del paro nacional de 2019, la fuerza pública violó derechos constitucionales de quienes se movilizaron.
Aunque bien el Gobierno tenía el derecho de inclinarse por pedirle a la Corte Constitucional seleccionar el fallo de tutela para su revisión, al considerar que los dos salvamentos de voto despertaban dudas sobre el fallo, como lo manifestó el presidente Iván Duque en una entrevista a Noticias Caracol, hay juristas que señalan que eso no lo exime de la responsabilidad de obedecer la sentencia al pie de la letra y que tampoco es un argumento viable para justificar la solicitud. “No hubiese tenido mayor fuerza política que la decisión fuera por unanimidad. Cuando es por mayoría y con salvamentos o aclaración de voto no cambia el sentido del fallo. El Gobierno no puede dejar de cumplir porque iría en contra de los principios del Estado de derecho”, explicó María Cristina Gómez, profesora de la Universidad de Antioquia.
Es más, sobre la respuesta del Gobierno, hasta ahora, contando los más de dos años de administración, hay quienes ponen en tela de duda el papel de los equipos jurídicos de la Casa de Nariño por este y otros episodios. Por mencionar algunos: la consideración de una carta del entonces presidente del Senado, Lidio García, como autorización para la presencia de tropas estadounidenses en el país, la salida de Duque ante los medios opinando sobre la decisión de la Corte Suprema de Justicia con relación al caso de Álvaro Uribe, y el desacato al pedido de varios congresistas de todas las vertientes para que derogara el decreto legislativo que le permitía al Estado rescatar empresas en medio de la pandemia que, en últimas, la semana pasada, la Corte Constitucional tumbó.
“Uno no sabe si es incapacidad, inexperiencia o ignorancia de los asesores o si es algo deliberado”, cuestiona Alejo Vargas, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional. En esa misma línea hay voces en el Legislativo que se preguntan qué es lo que pasa. “Son errores tras errores. Y se siente que las personas que aconsejan al Gobierno no tienen preparación para afrontar situaciones como estas. Cada vez tienen menos tacto político y en general se les ve una arrogancia en materia judicial”, comentó el senador liberal Luis Fernando Velasco.
Sin embargo, Cristina Echeverri, del departamento de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Javeriana, analiza que estos “pasos en falso” a escala jurídica del Gobierno no se les pueden atribuir en su totalidad a falta de pericia. “Reducir las acciones del Ejecutivo a inexperiencia de los asesores es perder una parte de la historia y es la legitimación de un discurso por la defensa de la fuerza pública y la negación a los reclamos que se piden desde las calles. Y esa posición muestra, en cierto sentido, un cinismo porque no dejan de pasar hechos que no son aislados. Fue lo de Dilan Cruz; Javier Ordóñez, el 9 de septiembre; Juliana Giraldo en Miranda, Cauca, y el viernes el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, sale a decir ‘gloria al soldado’ en Twitter”, dijo Echeverri.
Y esa misma percepción tienen desde la oposición, que ven una respuesta premeditada con relación a cerrar filas a favor de la fuerza pública y de cuestionar al sistema judicial: “Empieza a ser reiterativo el hecho de que el Gobierno desconozca las sentencias de la Corte. Hay que entender que cuando se legitima con las supuestas manzanas podridas, se están convirtiendo en una más, porque aquí de lo que hablamos es de ética y moral y de unos comportamientos que no deberían existir en la Policía ni en el Ejército”, comentó la representante María José Pizarro, del MAIS, refiriéndose al sentido del fallo que declaró el actuar del Esmad y la Policía como una “intervención sistemática, violenta y arbitraria”.
A diferencia de la lectura de Pizarro, la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, hablando en defensa de Duque, argumenta que es un derecho de cualquier institución —entiéndase Gobierno— como de cualquier persona, controvertir una decisión judicial con la que no se está de acuerdo, especialmente cuando, a su juicio, la acción de tutela no era el mecanismo para ordenar un cambio de doctrina de la Policía por parte de la Corte. Para la parlamentaria, eso es adentrarse a un terreno político que les corresponde al Ejecutivo y al Legislativo y, además, dice que el fallo desconoce el debido proceso para los uniformados involucrados en la muerte de Dilan Cruz, una de las principales razones por las que el alto tribunal exigió al ministro de Defensa pedir perdón en un plazo de 48 horas.
“En ninguna circunstancia los jueces pueden atribuirse decisiones políticas que no les corresponden. Cómo va a salir un fallo diciendo que los atropellos de la Policía son sistemáticos. Eso no puede salir de una respuesta a una tutela, sino de un proceso con garantías”, sostuvo la senadora uribista, dejando claro que la solicitud de revisión al órgano constitucional no significa que el Gobierno no vaya a acatar la justicia.
Si esta situación particular crea una incertidumbre entre la Corte Suprema de Justicia y el Gobierno, hay voces de constitucionalistas que dicen que no da pie para recrear dicho escenario. “No me gustaría presentar esto como una tensión. Las tensiones entre los poderes públicos son naturales por el ejercicio de sus funciones. Es un asunto muy concreto que en caso de no cumplirse se abre un proceso de acción de incumplimiento, pero lo rescatable es que otras instituciones ordenadas por el tribunal ya comenzaron a dar pasos conforme a la sentencia. Eso es bueno e importante, porque la implementación no depende de manera exclusiva del Ejecutivo”, dijo Esteban Hoyos, profesor de Derecho de la Universidad EAFIT.
En esa misma orilla, María Luisa Rodríguez, doctora en Derecho Constitucional, llama a la calma y a no anticiparse a hablar de un desacato. “Es importante resaltar que además del Gobierno, también fueron aludidas en el fallo la Alcaldía de Bogotá, la Defensoría y la Procuraduría, que reaccionaron de forma proactiva y con prudencia. El hecho de que las órdenes que dictó la Corte son varias, como una mesa de trabajo y unos informes quincenales sobre el avance del cumplimiento, le hace más difícil al Ejecutivo eludir la decisión y, en caso de hacerlo, se expone abiertamente a la imposición de faltas. Es importante que el presidente dé ejemplo”, agregó Rodríguez.
“En Colombia ha habido una tradición de respeto institucional. Y por eso, más que detenerse en si el Gobierno cumple o no, en cuanto a las consecuencias, hay que mirarlo con relación a la democracia. Aunque la discusión pueda parecer cosmética, de fondo preocupa, porque bien lo manifestó Transparencia Internacional al ver la concentración de poderes por parte del Ejecutivo: mayorías en el Congreso, una Fiscalía, Defensoría y próxima Procuraduría afines. Y con esto se da un mensaje de que no hay división de poder, que el Gobierno está por encima, que maneja un libre albedrío cuando no está de acuerdo con una decisión”, apunta Cristina Echeverri.
Hoy en día, pese a que esa democracia se pueda ver sustraída por unos poderes, especialmente el Gobierno, que no cede en su discurso y sus gestos a favor de la fuerza pública y un perdón del ministro, que para muchos es improcedente, se mantiene un sistema judicial, y especialmente unos jueces, al pie de los derechos, como lo destaca el profesor Hoyos. Por eso las constitucionalistas Gómez y Rodríguez no ven probable que la Corte Constitucional acepte estudiar el fallo, en principio porque es una sentencia “garantista en la protección de los derechos fundamentales” y, en segundo lugar, porque el cuerpo de esta está sustentado con la misma jurisprudencia proferida por la Corte. Aunque no hay futurología, la mayoría de los juristas concuerdan en que más temprano que tarde el Ejecutivo tendrá que cumplir con puntos y comas ese principio básico y universal de una democracia: atender las órdenes del tribunal superior del país.
Tomado de El Espectador
