(La Agencia de Prensa Análisis Urbano publica este trabajo con la autorización de la revista mexicana Proceso)
BOGOTÁ.- Colombia y México, los países que más alto costo han pagado en la guerra antidrogas a nivel global, plantearon ante la comunidad internacional la necesidad de dar un viraje a la política basada en la prohibición de estupefacientes y transitar hacia un modelo abierto a la despenalización de sustancias como el cannabis y la hoja de coca.
En ese encuentro, que congregó del 13 al 17 de marzo a los responsables de la lucha antidrogas de varios países, representantes de los gobiernos de Colombia y de México pidieron a la Comisión de Estupefacientes reconocer que la guerra contra las drogas “fracasó” y dijeron que ya no quieren seguir poniendo más muertos.
La vicecanciller colombiana Laura Gil lo dijo con toda claridad: “Mi país está cansado de poner los muertos y cansado de perseguir a sus campesinos en esta guerra contra las drogas, que fracasó”.
Además, reprochó a las naciones con mayor consumo de drogas por exigir a América Latina detener la producción y el tráfico “sin poner de su parte” y “sin hacer lo suficiente” para prevenir las adicciones.
“Rechazamos las cargas desproporcionadas que se nos han puesto a las poblaciones de América Latina y el Caribe”, señaló la vicecanciller, y enseguida llamó a la Comisión de Estupefacientes de la ONU a retirar a la hoja de coca de la lista de sustancias controladas de la Convención sobre Estupefacientes de 1961, pues su inclusión fue “un error histórico”.
El vicepresidente de Bolivia, David Choquehuanca, también solicitó ante el pleno de la Comisión de Estupefacientes excluir a la hoja de coca de la lista de drogas ilícitas porque se trata de “una normativa negligente” que ha provocado la violación de soberanías de los pueblos originarios a través de los programas de erradicación impuestos por Estados Unidos.
Hay que hacer algo distinto
El gobierno de México se sumó a las críticas de Colombia y Bolivia al régimen prohibicionista. Lo hizo a través del comisionado nacional contra las adicciones, Gady Zabicky, quien en una intervención vía teleconferencia dijo que se necesita “urgentemente, un nuevo paradigma, un cambio de dirección” de la política global antidrogas.
“Tenemos que dejar atrás el discurso drogo-céntrico –señaló–, porque la guerra contra las drogas ha sido una guerra contra las personas; las bajas han sido humanos, no substancias inertes. Y tenemos que poner en el centro a las personas, a los derechos humanos, a las causas estructurales del problema de las drogas: la desigualdad, la impunidad, la pobreza”.
Dijo que el gobierno de México está convencido que el esquema prohibicionista, punitivo, de guerra y de mano dura ha demostrado una y otra vez que no funciona, que “vamos hacia un empeoramiento de los indicadores” y “tenemos que hacer algo de manera distinta” para enfrentar el fenómeno.
El negocio del narcotráfico, agregó, sigue siendo altamente rentable en todo el país “y ha logrado corromper a empresarios, bancos, gobiernos e incluso fuerzas del orden público. En América Latina, especialmente en mi país, ha traído muerte, desapariciones, quebranto del orden social y terror”.
De acuerdo con Zabicky, América Latina “paga un precio desproporcional en esta guerra”, con pobreza, comunidades deshechas y miles de personas en prisión.
“Pareciera que en el hemisferio sur ponemos a los muertos y en el hemisferio norte ponen a los consumidores”, sostuvo el comisionado.
De acuerdo con la congresista colombiana María del Mar Pizarro, que estuvo en la reunión en Viena, en el último año la guerra por el control de las rutas de la cocaína produjo 150 mil muertos en su país, México y Centroamérica, por lo que pidió a las delegaciones unirse a una conversación “incómoda, pero necesaria”, en busca de una estrategia antidrogas que de verdad prevenga el consumo, la violencia y los destres ambientales.
El dialogo telefónico con Proceso, Pizarro dice que, a pesar de los llamados observa “un ambiente bastante conservador” en la Comisión de Estupefacientes. Tanto así, que 24 países miembros del organismo –casi la mitad– se pronunciaron por mantener tal cual los tres tratados internacionales de fiscalización de drogas que son, en los hechos, la Biblia prohibicionista.
“Eso –añade— es seguir empeñados en una guerra contra las drogas que no ha producido resultados”.
En Latinoamérica, asegura, se puede avanzar en un nuevo enfoque de la estrategia y descriminalizar a los campesinos que producen hoja de coca o amapola, y despenalizar la mariguana, “pero mientras persistan la alta demanda de drogas y el incentivo de las enormes ganancias va a ser muy difícil que las regulaciones internas tengan un efecto en el mercado global”.
El muro del statu quo
La directora de la ONG colombo-mexicana Elementa, Adriana Muro, prefiere ser cautelosa frente a la receptividad que pudieran tener los planteamientos de Colombia, México y Bolivia entre los países integrantes de la Comisión de Estupefacientes de la ONU, que se inclinan mayoritariamente por mantener la política prohibicionista y represiva.
“Yo no sería muy optimista de que haya muchos cambios”, dice Muro.
La abogada mexicana, que asistió al encuentro en Viena, destaca en entrevista telefónica que a pesar de que prevalece el statu quo de la guerra antinarcóticos, en esta reunión se produjo “una ruptura del consenso” y hay países que hablan “fuerte y claro” sobre la necesidad de reformar la política de drogas a nivel internacional.
La experta asegura que las demandas de Colombia y Bolivia para que la hoja de coca sea retirada de la lista de sustancias prohibidas son “históricas” porque se trata de países productores de esa planta ancestral, lo que se puede traducir en su reclasificación. Pero advierte que “estos avances serán lentos”.
Muro valora también la posición que llevó México a la cita con el comisionado Zabicky, cuyo discurso “fue claro y contundente sobre la necesidad de reformar la política vigente” para combatir las drogas.
“Es una buena señal, pero sería fundamental que los titulares de las secretarías de Estado y el mismo presidente (Andrés Manuel López Obrador) fueran más claros y, sobre todo, congruentes”, asegura, y señala que las declaraciones del mandatario sobre el fenómeno de las drogas “distan mucho del discurso tan acertado de Zabicky”.
También es contradictorio que la postura de México en foros internacionales se tope a nivel interno con el estancamiento del proceso de regulación del consumo adulto del cannabis y con la militarización de la seguridad pública y de la lucha contra el narcotráfico.
Muro, maestra en derechos humanos y democratización de la Universidad Externado de Colombia, señala que los pronunciamientos de avanzada de Colombia, Bolivia y México en la Comisión de Estupefacientes de la ONU son secundados, aunque con menos énfasis, por Chile, que plantea cambiar las estrategias antidrogas que no han dado resultados, y por Uruguay, donde el cannabis está despenalizado y tiene un mercado regulado.
También Brasil, con el nuevo gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, está dando pasos para dar a su política antidrogas un enfoque de salud pública y derechos humanos, así como para desmilitarizar las áreas de seguridad, lo que de acuerdo con la directora de Elementa “está funcionando bastante bien”.
La politóloga brasileña Lua Barbosa considera que el hecho de que la mayoría de países latinoamericanos estén gobernados por presidentes de izquierda –desde Argentina, Brasil, Chile y Colombia hasta México— facilita la concertación de asuntos como el replanteamiento de la política antidrogas.
Pero advierte que el prohibicionismo es “muy difícil” de desmontar por “la cerrazón” de la mayor parte de los 53 países miembros de la Comisión.
Los países asiáticos, africanos y Estados Unidos insisten en mantener la política antinarcóticos en el marco de los tratados de fiscalización de drogas de 1961, 1971 y 1988. La delegación de Irán planteó que cualquier iniciativa para despenalizar las drogas “amenaza la seguridad de los estados”.
La propia presidenta de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de la ONU, la hindú Jagjit Pavadia, dijo al presentar el informe anual del organismo que hay una tendencia “preocupante” a legalizar el consumo recreativo de cannabis en varios países, lo que contraviene la Convención de 1961 y “provoca un aumento” del uso de esa droga.
Voceros de organizaciones civiles refutaron el informe, dijeron que no hay evidencia que lo respalde y acusaron a la JIFE de “ceguera”.
Lo cierto es que algunas naciones aceptan hablar de la incorporación de enfoques de género, ambientales, de salud pública y de desarrollo alternativo para los campesinos con cultivos ilícitos, pero no quiere ir más allá.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, quien intervino por primera vez en el plenario de la Comisión de Estupefacientes, dijo que a pesar de los énfasis punitivos, la guerra contra las drogas “ha fracasado totalmente” y hay que detenerla para transitar a otra estrategia que tenga un enfoque humanitario, de género y ambiental.
Türk criticó a los países que, como México, han militarizado el combate a las drogas, ya que esa práctica suele producir graves violaciones a los derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales.
Entre la cocaína y el fentanilo
Estados Unidos planteó en Viena su enorme preocupación por la crisis de salud que provoca el uso de fentanilo, principal responsable de las 107 mil muertes por sobredosis que ocurrieron en el país el año pasado, 293 diarias en promedio, y en cuya producción están involucrados los cárteles mexicanos de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación.
El director de la Oficina de la Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca, Rahul Gupta, dijo que la proliferación de sustancias sintéticas, como el fentanilo, es un problema global compartido que amenaza la salud y la seguridad de todos los estados miembros de la Comisión de Estupefacientes. La Unión Europea (UE) secundó el planteamiento.
Adriana Muro considera que, a nivel internacional, Estados Unidos mantiene una visión prohibicionista, lo que es contradictorio con el hecho de que varios estados de ese país hayan despenalizado la producción y el consumo recreativo de marihuana. En cambio, la Unión Europea, Noruega y Canadá están inclinados a nuevos enfoques.
Para la directora del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (Cesed) de la Universidad de los Andes en Colombia, María Alejandra Vélez, las voces reformistas y organizaciones civiles que trabajan con evidencia y científica coinciden en que se han gastado demasiados recursos combatiendo unos mercados ilegales que, pese a los esfuerzos, están más sólidos que nunca.
Así por lo menos lo indica el informe mundial sobre la cocaína de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, divulgado en el marco de la reunión en Viena, el cual afirma que la producción de ese estupefaciente se disparó drásticamente en los dos últimos años, tras una desaceleración causada por la pandemia del Covid-19, y también aumentó su consumo.
Sólo en Colombia, la producción potencial de cocaína llegó a mil 400 toneladas en 2021, no sólo por las 204 mil hectáreas de sembradíos de hoja de coca sino por la cada vez más alta productividad de los cultivos, en los cuales hay “una presencia cada vez mayor de actores extranjeros”, como los cárteles mexicanos y grupos criminales de los Balcanes.
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RC
