Así lo plantearon los Corporados citantes de la plenaria virtual realizada hoy, en la cual se analizó la situación del proyecto Hidroituango y la proyección de las transferencias de utilidades de Empresas Públicas de Medellín – EPM al Municipio de Medellín para el período 2020 – 2023.
Al respecto, la concejala Aura Marleny Arcila, primera bancada citante, indicó que Hidroituango tiene un potencial de generación energético que asciende a 13.930 gigavatios hora, lo cual significaría a precios promedio del mercado, un valor entre $ 1.6 a $ 1.8 billones de pesos por año, y se estima que en 30 años alcance la suma de $50 billones.
Manifestó que a 11 de julio había 422 casos positivos por Covid-19 en Medellín provenientes del proyecto, cumpliendo el aislamiento en hoteles y clínicas de la ciudad. Aseguró que es necesario continuar gestionando de manera positiva esta contingencia para no retrasar más los cronogramas y disponer, en articulación con la ARL, de los recursos necesarios de bioseguridad y atención para no poner en riesgo el sistema de salud de Medellín.
Agregó que, dado que Medellín depende en buena medida de los recursos provenientes de EPM, la suspensión o cancelación del mismo significaría un golpe de cerca de la tercera parte en los ingresos del Municipio. En ese sentido, pidió al Gerente de la entidad un informe financiero que compare el escenario de valoración y los costos financieros en caso de no realizarse esta mega obra.
A su turno, el corporado Carlos Alberto Zuluaga, segunda bancada citante, solicitó durante su intervención un informe de los desembolsos de las aseguradoras para cubrir los daños materiales a la infraestructura y el lucro cesante ocasionado por la contingencia que se vivió en el 2018.
Aseveró que, confía en la gestión realizada por los directivos de EPM tanto para manejar la situación presentada por el Coronavirus como para finalizar la hidroeléctrica, teniendo siempre como premisa el cuidado de la vida de las personas. Finalizó expresando que, con el Plan de Manejo Social y Ambiental, la empresa ha invertido cerca de $ 1.9 billones en los municipios de la zona de influencia.
Por su parte, el cabildante Alex Flórez, tercera bancada citante, sugirió tratar el tema ambiental con máximo cuidado, de manera que se eviten multas como la ya impuesta por un valor de $1.700 millones debido a la construcción y operación de un túnel en la presa y por la disposición de material sobrante de excavación en la vía que comunica con San Andrés de Cuerquia, de manera que se puedan evitar impactos en las finanzas de la obra.
También se refirió al manejo del Covid-19, aclarando que la empresa ha generado estrategias para mantener el cerco epidemiológico y tener un control estricto para evitar la propagación del virus en sus instalaciones, enfatizando en que el proyecto no ha parado, pero sí ha bajado su intensidad.
Corporados que tomaron la palabra durante la sesión, exaltaron la gestión de las directivas de la empresa antioqueña por cuidar la vida y el bienestar de sus empleados con relación al brote de Covid-19 en el campamento base de Hidroituango. Expresaron su apoyo y credibilidad a EPM y sus proyectos, e insistieron en que es importante que la obra se finalice.
Igualmente, plantearon la necesidad de estabilizar el abastecimiento energético, lo cual obliga a pensar en alternativas para satisfacer la demanda y la reducción de emisiones de CO2 generadas por las fuentes de energía calórica, que son el 29 por ciento en Colombia.
De otro lado, indicaron también que el avance físico de la obra podría presentar retrasos y sobrecostos, además, al no estar en operación, se dejarán de percibir $5.1 billones entre el 2018 y el 2021, y si a esto se le suma que la licencia para las actividades regulares está suspendida por disposición del ANLA, se pondría en jaque las transferencias y utilidades que entrega la empresa al Municipio.
Afirmaron que, antes de la emergencia causada por Coronavirus, el proyecto ya estaba en riesgo, por esta razón no se puede utilizar la pandemia para justificar retrasos; igualmente, manifestaron su incertidumbre frente al desembolso de los seguros, la fecha de entrada en operación y exigieron respeto a los derechos de las víctimas del conflicto armado quienes buscan a sus familiares desaparecidos en la jurisdicción de Hidroituango.
En su intervención, Álvaro Guillermo Rendón, gerente de EPM, notificó que la empresa está preparada para garantizar la seguridad de las personas en los municipios cercanos a la hidroeléctrica. Informó que la atención a las familias y pobladores de las zonas afectadas se ha desarrollado de manera integral, asegurando el retorno de las familias, ayudas económicas y oportunidades de ingresos a los comerciantes de la zona.
Acto seguido, Jorge Tabares, vicepresidente de Finanzas Corporativas de EPM, resaltó la potencia del proyecto una vez entre en operación. Estableció que Hidroituango aportaría $38 billones a las transferencias de Medellín durante el período de 2022 a 2031 y $25 billones en aportes por concepto de impuestos, tasas y contribuciones.
Sin embargo, afirmó que debido al posible retraso en la entrada en operación por efecto de la Covid-19, conllevaría una disminución del ingreso neto en aproximadamente $715 mil millones, $215 mil millones de utilidades, y se reducirían las transferencias que hace EPM al Municipio de Medellín en $ 54 mil millones, entre 2021 y 2023.
Manifestó que se tomaron medidas para la identificación de contagios de Covid-19 al interior del campamento, se han tomado 6.000 pruebas, se contuvo la propagación y se mejoraron los protocolos de bioseguridad a través del fortalecimiento de las medidas de aseo y desinfección, se hace mantenimiento correctivo de la infraestructura, y se han realizado campañas de prevención.
Durante su exposición, Andree Uribe, secretaria de Salud, explicó que en la actualidad hay 371 personas provenientes de Hidroituango que están en aislamiento en clínicas y hospitales de la ciudad. Indicó que, 709 personas han salido de los hoteles y 502 residentes de Medellín están en casa luego de cumplir la cuarentena.
Aclaró que, la Secretaría autorizó el ingreso y salida de los casos manteniendo vigilancia constante del cumplimiento de las condiciones biosanitarias en los hoteles donde se albergan las personas infectadas y las ARL han asumido la atención a los casos leves y el alojamiento.
A su turno, Óscar Hurtado, secretario de Hacienda, reveló que en la proyección de transferencias de EPM al Municipio se observa una disminución de $600 mil millones. Si bien todavía no es necesario, en caso de agudizarse la situación, habría que acudir al endeudamiento, agregó el funcionario, quien también enfatizó que no existe una dependencia exclusiva de EPM ya que la ciudad tiene la capacidad para generar sus propios recursos.
A continuación, Jorge Mejía Martínez, director del Departamento Administrativo de Planeación, especificó que las inversiones requeridas por parte de EPM para el cuatrienio suman $ 98 mil millones de pesos, que serán destinados a saneamiento básico, expansión de la red de gas con énfasis en los Corregimientos, movilidad sostenible, energías alternativas, reciclaje y aprovechamiento de residuos sólidos.
A continuación, Andrés Mauricio Rangel, científico de la Universidad de Antioquia, detalló que debido a la ponderación de riesgos frente al brote de Coronavirus en Hidroituango, se determinó la extracción supervisada de las personas positivas de Covid-19 hacia Medellín, y se crearon mejoras técnicas para contener la transmisión al interior del campamento y evitar contagios en los municipios circundantes.
Para terminar, ciudadanos participantes brindaron su respaldo al proyecto. Sugirieron que el dinero destinado al pago de multas se invierta en la jurisdicción de la hidroeléctrica, indagaron por la reconstrucción del Centro de Salud y la Institución Educativa del corregimiento de Puerto Valdivia, y solicitaron oportunidades laborales y económicas para la comunidad.
