Bogotá, 26 de abril de 2022.- El ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, afronta este martes una moción de censura en la Cámara de Representantes y un debate de control político en el Senado por su responsabilidad política en una operación militar que el 28 de marzo dejó 11 muertos en el departamento del Putumayo (sur).
Esa operación contra presuntos disidentes de las FARC ha sido duramente cuestionada por organizaciones sociales y defensores de derechos humanos que aseguran que la mayoría de las víctimas eran civiles inocentes que participaban en un bazar en un caserío de la zona rural de Puerto Leguízamo (Putumayo).
La moción de censura fue aprobada en la Cámara de Representantes el pasado 19 abril por 36 representantes que buscan claridad sobre lo ocurrido en Puerto Leguízamo y con ello establecer responsabilidades políticas. La votación se realizará la próxima semana.
En el Senado, Molano fue llamado a debate de control político impulsado por opositores como Antonio Sanguino (Partido Alianza Verde) e Iván Cepeda (Polo Democrático Alternativo).
Tanto los senadores como los representantes coinciden en que Molano debe dejar el cargo, al igual que la cúpula militar debido a su responsabilidades por lo ocurrido en el Putumayo.
ACUSACIONES CONTRA MOLANO
En la apertura del debate, la representante a la Cámara por Bogotá Katherine Miranda cargó contra Molano al que le dijo: «¿cuántos hombres, mujeres, embarazadas y niños asesinados necesita usted en su hoja de vida para que asuma la responsabilidad y renuncie a su cargo?».
La política le recordó a Molano que esa era el tercer debate por sus posibles violaciones a los derechos humanos.
Detalló que de según la investigación que realizó, solamente una de las 11 personas muertas en el operativo militar tenía relación con actividades ilícitas.
Por su parte, María José Pizarro, miembro de la Cámara de Representantes por el movimiento de izquierdas Lista de la Decencia, aseguró que lo ocurrido en el Putumayo fue una operación «ilegítima, contraria al derecho internacional humanitario y se cometieron crímenes de guerra».
Además, denunció que varias de las víctimas de la operación militar fueron retiradas por la Policía del recinto en donde se discutía la moción de censura a Molano. «No es posible que se revictimicen», dijo.
Molano y el presidente colombiano, Iván Duque, al igual que la cúpula militar han defendido la legalidad de la operación y aseguran que buscaba combatir a las disidencias de las FARC. Y así lo reiteró ayer el ministro cuando estuvo en Putumayo escuchando a la población.
REGRESO DE LOS «FALSOS POSITIVOS»
El senador Cepeda dijo a Efe que en el debate de control político presentará pruebas de que en Colombia «revivieron los llamados falsos positivos», que es como en el país se conocen las ejecuciones jóvenes presentados luego como guerrilleros muertos en combate, por parte de militares que eran premiados con ascensos y permisos especiales.
«Sostengo que el actual Gobierno ha revivido y practicado los mal llamados falsos positivos. El problema no es la masacre de Puerto Leguízamo, aquí hay una pluralidad de hechos que voy a mencionar en el debate», explicó Cepeda.
Agregó: «voy a presentar ejemplos de lo que estoy diciendo y por esas circunstancias no solo debería renunciar el ministro Molano, sino que debe ser llevado ante un tribunal para que sea juzgado».
OPERACIÓN CUESTIONADA
El presidente Duque, informó el pasado 28 de marzo que 11 disidentes de las FARC murieron en una operación de las Fuerzas Militares en Puerto Leguízamo, en la que fueron detenidas cuatro personas más, incluida una mujer embarazada.
Sin embargo, con el paso de los días han salido a la luz testimonios de familiares y miembros de la comunidad en investigaciones periodísticas publicadas en El Espectador, la Revista Cambio y el medio Vorágine que constatan que algunos de los muertos no eran guerrilleros de las disidencias de las FARC.
Organizaciones sociales han denunciado que entre los muertos están Brayan Santiago Pama, un menor de 16 años; Didier Hernández Rojas, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda (aldea) de El Remanso, y su esposa, Ana María Sarria Barrera, y Pablo Panduro Coquinche, gobernador indígena del Cabildo Kichwa, y otras dos personas.
EFE
