Un tribunal de justicia y paz le ordenó a la Comisión de Acusaciones que investigue si Álvaro Uribe tuvo vínculos con los grupos paramilitares en la época en la que fue gobernador de Antioquia (1995-1997) e incluso en sus primeros años como presidente.

Según un completo informe del portal Verdad Abierta (ver nota) después de escuchar decenas de testimonios de desmovilizados de las AUC, los magistrados de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, encontraron muy sospechoso que a lo largo de más de una década Uribe estuviera rodeado de funcionarios y subalternos involucrados hasta el cuello con los grupos armados de extrema derecha y él no se hubiese dado por enterado.

Según el magistrado Rubén Darío Pinilla Cogollo: “Uno no puede estar en una piscina y no mojarse”. Y en esta ocasión se trata de las turbias aguas del paramilitarismo.

Uribe tiene cientos de denuncias, y a simple vista esta parecería una más. Pero no lo es. La orden de que se le investigue proviene de la más alta instancia de la justicia transicional, ante los que comparecen los excombatientes que cometieron crímenes atroces, para obtener penas alternativas a cambio de verdad. Cuando éste tribunal entra en actuación ya la Fiscalía ha verificado las versiones libres de los postulados.

Estos jueces, por orden de la Corte Suprema de Justicia, además de juzgar a cada uno de ellos, deben reconstruir el contexto político, económico y militar de las regiones donde actuaron las AUC, todo ello para que aflore una verdad plena sobre este fenómeno y no sólo sobre episodios puntuales. Se trata de establecer cómplices, financiadores y quienes hicieron posible por acción u omisión la terrible barbarie paramilitar. Es en la reconstrucción de ese contexto donde el nombre de Uribe aparece una y otra vez.

Pinilla enumeró una larga lista de episodios y personas del círculo cercano a Uribe que fueron claves para la expansión paramilitar. Entre otros, su secretario de gobierno, Pedro Juan Moreno (quien falleció en un accidente aéreo), a quien los jefes de las AUC señalan como un entusiasta aliado; pasando por el General Rito Alejo del Río, a quien Uribe elogió públicamente por haber “pacificado” a Urabá, tarea que al parecer cumplió de la mano de las AUC.

También se preguntan los magistrados si es posible que Uribe ignorara las andanzas del entonces coronel Mwpicio Santoyo, quien fuera su jefe de seguridad en la presidencia, quien ya fue condenado en Estados Unidos por sus vínculos con los paramilitares; y las actividades criminales de por lo menos un par de directores del DAS. Todo ello les pareció raro por lo menos a dos de los tres magistrados de la mencionada Sala de Justicia y Paz.

Claro que a pesar de la gravedad que le ven estos juristas al caso Uribe, este puede terminar en nada. Como se sabe, el juez natural de los expresidentes es la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Es decir, nadie.

Aunque, pensándolo bien, al Congreso le quedará difícil hacerle el quite a esta orden, si se considera que al mismo tiempo estará reglamentando el Marco Jurídico para la Paz. Los legisladores tendrán que convencer al país de que habrá generosas dosis de verdad a cambio de un sacrificio en materia de justicia, para hacer posible el fin de la guerra con las FARC.

¿Podrán al mismo negarse a establecer la verdad sobre el paramilitarismo? Habrá que ver qué se inventan esta vez.

Coletilla: Felicito a Victoria Solano que con su documental 9.70 logró que se congelara la resolución del ICA que prohíbe guardar parte de la cosecha para semillas en cultivos mayores a cinco hectáreas. Todavía falta que sea derogada.

Nota anexa

Sala de Justicia y Paz pedirá Investigar al ex presidente Uribe por paramilitarismo

VERDADABIERTA.COM, Jueves, 05 de Septiembre de 2013 08:33

El alto tribunal hizo un recuento de señalamientos en contra del líder político, tanto como Gobernador de Antioquia como en calidad de Primer Mandatario.

“No es posible estar dentro de una piscina y no mojarse”, dijo el magistrado Rubén Darío Pinilla Cogollo, de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, tras hacer un recuento de los hechos y eventos a los cuales se ha vinculado al ex presidente Álvaro Uribe Vélez con grupos paramilitares en las últimas dos décadas, al final del cual anunció que ordenará que se investigue por promover, auspiciar y apoyar estas organizaciones armadas ilegales.

La decisión, tomada en sala mayoritaria (dos de tres magistrados), fue leída en Medellín durante una audiencia de control de legalidad de cargos contra siete desmovilizados del Bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), que aspiran a obtener los beneficios de la Ley 975, llamada de Justicia y Paz, entre ellos, la pena alternativa de ocho años de cárcel.

Tras hacer una serie de consideraciones sobre la génesis del paramilitarismo en Colombia, los apoyos que este proyecto armado contrainsurgente recibió de agentes del Estado, entre ellos la Policía y el Ejército, así como de amplios sectores económicos, sociales y políticos, el nombre del ex gobernador de Antioquia y ex presidente de la República surgió en el análisis del magistrado Pinilla Cogollo.

El magistrado hizo alusión a la relación de Uribe Vélez con Pedro Juan Moreno Villa, un empresario (hoy fallecido) al que nombró Secretario de Gobierno durante su período como Gobernador de Antioquia, y quien ha sido señalado por ex paramilitares de ser uno de los líderes que “definían y orientaban la política de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá”; además, fue promotor  principal de la creación de cooperativas de vigilancia y seguridad privadas, Convivir, y que, a juicio del magistrado, se convertieron en “un germen del paramilitarismo”.

A ello le sumó su relación con la hacienda Guacharacas, una propiedad de la familia Uribe Vélez en el municipio de San Roque, nordeste antioqueño donde operó una Convivir conocida como El Cóndor. Según versiones del desmovilizado de las Auc, John Fredy González Isaza, alias ‘El Rosco’, “eran los mismos paramilitares y cuyo administrador era un colaborador de éstos”.  Gónzalez, quién fue del Bloque Metro, fue asesinado en la cárcel La Modelo de Barranquilla el junio de 2011.

El magistrado también se refirió a las relaciones de Uribe Vélez con el general retirado del Ejército Rito Alejo Del Río, condenado por sus nexos con el paramilitarismo. Dijo el magistrado que el político estuvo “detrás de la pacificación de Urabá durante su periodo como Gobernador, que él exaltó y promovió como un ejemplo nacional, realizada de la mano del general Rito Alejo Del Río y los paramilitares de la región”.

Asimismo, recordó que la Gobernación a su cargo fue informada desde el comienzo de la masacre de El Aro, en Ituango, perpetrada por paramilitares a finales de octubre de 1997,  pero no le brindó apoyo a la comunidad durante siete días y, luego, desmintió las denuncias sobre lo que allí había sucedido.

Pinilla Cogollo también hizo referencia a los acuerdos con el Estado Mayor de las Auc una vez inició su primer mandato como Presidente de la República el 7 de agosto de 2002: Aseguró que de las negociaciones de Uribe Vélez con los grupos paramilitares una vez llegó a la Presidencia, emergió el proyecto de ley de alternatividad penal para los paramilitares que presentó originalmente el gobierno al Congreso «que aseguraba prácticamente su impunidad a pesar de las graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario”.

El magistrado abordó también el caso del general retirado de la Policía, Mwpicio Santoyo, quien fue condenado por la justicia de Estados Unidos en diciembre de 2012 por sus nexos con grupos paramilitares y organizaciones del narcotráfico: “Él estuvo a su servicio como Gobernador de Antioquia y luego como oficial de seguridad en la Presidencia de la República. Sus vínculos con los paramilitares están ya establecidos y no pudo ser su asesor de seguridad sin su asentimiento”.

Pinilla Cogollo aseveró que Uribe Vélez estaba “detrás de los directores del DAS investigados por sus vínculos con los paramilitares y otros crímenes”, haciendo alusión a los casos de Jorge Noguera, condenado en septiembre de 2011 por sus nexos con el Bloque Norte de las Auc, y de María del Pilar Hurtado, asilada en Panamá y comprometida con las interceptaciones telefónicas ilegales realizadas a opositores del gobierno, magistrados, periodistas, entre otros. 

“No puede ser que ignorara todo lo que estaba sucediendo en esos casos o todos esos hechos se cometieran a sus espaldas como tantos otros que se le atribuyen a sus colaboradores más cercanos y que tampoco podía ignorar”, afirmó de manera categórica Pinilla Cogollo, quien, citando al entonces director de El Espectador, Guillermo Cano, dijo que “no es posible estar dentro de una piscina y no mojarse”.

Por lo tanto, el magistrado anunció que “se ordenará expedir copias para investigarlo por promover, auspiciar y apoyar grupos paramilitares y a las Convivir asociadas o vinculadas con ellos, y/o concertarse con estos, no sólo como Gobernador de Antioquia sino después de su gobernación y en su condición de Presidente de la República”. Por su dignidad, el exmandatario solo puede ser investigado por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

Adicional a ello, Pinilla Cogollo hizo una corta alusión al ex presidente de la República, Ernesto Samper Pizano, en cuyo periodo de gobierno (1994-1998) se dio la expansión de los grupos paramilitares: “La Sala no tiene suficientes elementos, todavía, para ordenar la investigación de éste, pero será una materia que deberá profundizar la Fiscalía y rendir información de ello”.

Apoyos públicos y privados
El magistrado Pinilla de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín no sólo le pedirá al Congreso investigar a Uribe Vélez, sino aseguró que, según lo demuestran cientos de horas de declaraciones de desmovilizados, víctimas y testigos, en los procesos por paramilitarismo presentados a esa Sala,  la promoción y apoyo al paramilitarismo “se convirtió en una política trazada, auspiciada, permitida y facilitada por los altos mandos de las Fuerzas Militares”.

Asimismo, señaló que el surgimiento de grupos paramilitares, a diferencia de lo que han dicho los mismos integrantes de estas estructuras armadas ilegales y algunos analistas, “no obedece a la ausencia del Estado en amplias zonas de la geografía nacional ni se explica por esa causa, por el contrario, nacieron y crecieron allí donde había presencia del Estado y de las Fuerzas Militares y de la mano de éstas”.

En su exposición sobre los apoyos de sectores estatales, el magistrado aseguró que había una estrecha relación ente el Ejército, las llamadas Convivir y los grupos paramilitares, derivada de la identidad de sus fines y objetivos, lo que indica “que hubo una política de guerra sucia para combatir a los grupos insurgentes, a los disidentes políticos y a ciertos movimientos y líderes sociales”.

Sustentado en las confesiones entregadas por ex paramilitares a fiscales de la Unidad de Justicia y Paz, así como en el cúmulo de evidencias recaudadas durante los últimos siete años, el magistrado Pinilla Cogollo aseveró que no solo el Ejército estuvo vinculado a la promoción, organización y apoyo de los paramilitares. A su juicio, “el Estado sabía de su existencia y de la vinculación de los altos mandos militares a estos desde 1983 y lo supo durante los largos años de su funcionamiento”, asunto que lo llevó a concluir que “el Estado colombiano es responsable, por acción y omisión, de los hechos cometidos por los paramilitares”.

Además, hizo alusión al sector privado y al narcotráfico, como otro de los apoyos sustanciales al proyecto paramilitar. “En ese proceso participaron amplios sectores de las clases dirigentes, la empresa privada y el narcotráfico, en una asociación o alianza criminal de intereses, objetivos, recursos y medios que los hace responsables”.

Finalmente cuestionó a La Fiscalía General de la Nación y la calificó de “omisiva” en la investigación y acusación de las estructuras y redes que promovieron, auspiciaron, financiaron y apoyaron a los grupos paramilitares: “La mayoría de las investigaciones contra los altos oficiales de las Fuerzas Militares y los empresarios privados de los distintos sectores y niveles permanecen en investigación previa, o estancadas, como lo ha constatado la Sala”.

Francisco Villalba, quien denunció a Uribe, advirtió que lo iban a matar

Redacción Judicial 29 Abr 2009 – 11:00 pm, Elespectador.com

Cinco meses antes de que lo asesinaran, se ratificó en sus denuncias en contra del Presidente.

Foto: William Acero

Francisco Enrique Villalba Hernández sentía que la muerte pisaba sus talones. Al menos eso manifestó en su última cita con la justicia, el 12 de noviembre del año pasado. En una declaración hasta ahora inédita, conocida en su totalidad por El Espectador, el ex paramilitar se ratificó en la denuncia que, según él, era la causante del riesgo que corría su vida: la presunta participación del entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, en la masacre de El Aro, ocurrida en zona rural del municipio antioqueño de Ituango entre el 22 y el 30 de octubre de 1997.

Cinco meses antes de que fuera asesinado al frente de su casa, situada en el municipio La Estrella (Antioquia), Villalba Hernández se presentó a las 10:00 a.m. en la Secretaría de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para ampliar las acusaciones que esgrimió desde el 15 de febrero de 2008 en contra del Jefe de Estado. El sincelejano de 36 años de edad aseveró, bajo gravedad de juramento: “Escuché la voz (una supuesta conversación entre Salvatore Mancuso y Álvaro Uribe) cuando dijeron ‘borren el pueblo’  ”.

Según el relato de este ex integrante de las autodefensas, entre septiembre y octubre de 1997, avanzaba la ofensiva del grupo paramilitar El Toledo hacia el corregimiento de El Aro. Poco antes del crimen colectivo, dijo Villalba, los 22 hombres a su cargo  arribaron a una finca en Tarazá (Antioquia), en la cual hubo una reunión con los ex jefes paramilitares Salvatore Mancuso y Carlos Castaño; otros comandantes de este grupo ilegal como Cobra y Júnior; coroneles, tenientes y soldados de la IV Brigada del Ejército y los hermanos Santiago y Álvaro Uribe.

Asimismo, Villalba manifestó que el helicóptero “amarillo de la Gobernación” estuvo sobrevolando la región después del ataque. “Me comuniqué con Carlos Castaño (y él me dijo) que andaban dos señores de la Cruz Roja y el Gobernador”. Villalba, la única persona que ha estado en la cárcel por este crimen, que estaba sentenciado a 33 años y cuatro meses de prisión por el mismo, expresó ese 12 de noviembre: “Yo nunca me voy a retractar (…) Si me van a matar, que me maten”. Y desde el día cuando se conoció su testimonio, éste no ha causado más que polémica.

Durante la diligencia, el investigador de la Comisión de Acusación trajo a colación los testimonios de desmovilizados que han desmentido a Villalba: Libardo Duarte e Isaías Montes, alias Júnior. El primero dirigió una carta al presidente Uribe, en la que le dijo que Villalba lo invitó a tomar parte de su supuesto complot contra el Jefe de Estado, a cambio de la mitad de $500 millones que, supuestamente, iba a recibir de los senadores Gustavo Petro y Piedad Córdoba y del periodista Daniel Coronell. Júnior, por su parte, aseguró que Villalba no había participado en el grupo paramilitar que perpetró la masacre de El Aro.

El defensor del presidente Uribe, Jaime Lombana, expuso un informe de 2008 de la directora nacional del CTI, Marilú Méndez: “Incluso H.H. manifestaba que Villalba era un paramilitar raso, no tenía comando de bloque como él lo manifestaba”. Lombana también cuestionó que, al preguntársele por la carta de retractación que recibió el presidente Uribe por parte de Villalba, éste asegurara que fue engañado por Jesús Chucho Charria para firmar una hoja en blanco. Lombana, consultado por El Espectador, prefirió abstenerse de hacer comentarios. Otro litigante cercano a la Casa de Nariño se refirió a Villalba como un “testigo mentiroso, de un entorno peligrosísimo”.

El considerado ‘profesor’ de los descuartizadores de las Auc, quien había obtenido el beneficio de casa por cárcel, fue ultimado el pasado 23 de abril por sicarios. La investigación que se originó a raíz de sus denuncias sigue en pie en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. La defensa del presidente Álvaro Uribe está empeñada en demostrar que las inconsistencias de Villalba, enunciadas por el propio Primer Mandatario, son tan evidentes como que no existen récords de registros de vuelo de helicóptero que coincidan con la fecha de la masacre. Serán los parlamentarios encargados de juzgar el caso los que diriman este controvertido proceso.

Masacre de El Aro

El 22 de octubre de 1997, una treintena de paramilitares llegaron a una finca en Puerto Valdivia, un corregimiento situado a unas ocho horas, a mula, de El Aro. Ese día, con la muerte de Ómar Ortiz y Fabio Zuleta, comenzó la masacre de El Aro. El 30 de octubre la barbarie concluyó.

Fueron asesinadas 14  personas, incluidos dos ancianos y un niño. “Los paramilitares salieron del pueblo luego de haberlo incendiado. El Aro quedó acabado. Los civiles enterraron a los muertos”, dice el informe de la Corte Interamericana, que condenó a la Nación en 2006 a pagar $3.400 millones a favor de 123 familiares de las víctimas de El Aro.