“El negocio de la cocaína no se va a terminar ni con la legitimación”: Gerard Martin

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Revista Sole

Historias para leer de principio a fin

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Foto Julián Roldán

Para este investigador y académico el negocio de la cocaína no se acabará pronto, a no ser que surja otra droga que sea más barata e igual de interesante para los consumidores.

Rafael Alonso Mayo     (@rafaelalonso)

Gerard Martin es un académico holandés que ha recorrido, sin descanso, las calles de Medellín, ciudad que conoce tanto como para escribir un libro de 635 páginas que lleva por título “Medellín, tragedia y resurrección, mafia ciudad y estado 1975 – 2012”, publicado por Editorial Planeta (2012). Allí sintetiza la historia de esta ciudad colombiana, principalmente la de las últimas tres décadas en las que el poder de las redes mafiosas del narcotráfico se insertaron en las estructuras más profundas de una sociedad adormecida y amilanada por una guerra de la que aún no se recupera. 

Pero además habla del esfuerzo institucional por rescatarla y superar esa tragedia que ha dejado a su paso ese negocio macabro de las drogas.

El profesor Gerard es amable, conversa con entusiasmo sobre temas poco agradables y reconoce el esfuerzo de la sociedad colombiana por recuperarse de esa historia que ha padecido y que, solo en Medellín, ha dejado más de 90 mil muertos desde 1975. Pero, ante todo, es un hombre escéptico -¿o realista, más bien?-, pues asegura que el negocio de la cocaína no se acabará tan fácil como algunos creen. Al menos no en los próximos 30 años. A no ser que “surja otra droga que sea más barata e igual de interesante para los consumidores”, sostiene.
“No toca tener ilusiones”, añade. Para este problema no hay soluciones rápidas, dice.
¿Qué le ha dejado el narcotráfico a Colombia?
Muchas cosas malas, ante todo. Yo creo que el narcotráfico ha sido profundamente destructor en muchos ámbitos: en lo social, en lo político y en lo económico, para no hablar de la violencia.
El narcotráfico le ha dejado muchas propiedades físicas al Estado colombiano. Desde su punto de vista, ¿cómo se han manejado todos estos decomisos hechos a los narcotraficantes, que son propiedades muy cuantiosas, exorbitantes y, algunas veces, hasta fantasiosas?
Creo que como toda esta historia de narcotráfico, ha desbordado las capacidades del Estado colombiano. El tamaño de las mismas propiedades, la cantidad de bienes, como ustedes bien lo dicen… Todavía no hay un número preciso, dicen que 32 mil, otros dicen que 75 mil. O sea, ni lo mínimo está claro. Lógico que esto ha sido una historia de 30 años. Respecto a la política de expropiación de bienes producto del enriquecimiento ilícito, yo creo que esto arrancó muy mal desde un principio, porque en los años 90, durante la administración Gaviria hubo una amnistía patrimonial muy generosa para los narcotraficantes que en algo colaboraron con la justicia. Se podría mirar, por ejemplo, lo que ha pasado en Medellín con las propiedades de la familia Ochoa y otros clanes activos en aquella época, pero incluso se puede mirar el caso de los Escobar. Todavía hay confusión en Medellín sobre sus propiedades. Yo creo que el impacto social de esta gestión pública tan precaria es negativo, en particular, para las víctimas, pero también para la ciudad. De tener edificios en ruinas ahí en El Poblado y en otras partes de la ciudad y del país, que uno no sabe quién las controla o si todavía son de alguna familia mafiosa o pertenecen al Estado. Yo creo que eso es lo que molesta, porque perdura la imagen de que lo ilegal y lo legal se mezclan con facilidad, y que no hay fronteras claras trazadas entre lo uno y lo otro.  
 

¿Quién es el responsable de toda esta desorganización, las políticas de Estado o la parte ejecutiva; es decir, las leyes son lo suficientemente fuertes para que estos bienes sean mejor administrados y el Estado no lo ejecuta, o las leyes son muy débiles al respecto?

Libro

 En su libro sobre Medellín Gerard Martin
sintetiza la historia de esta ciudad colombiana,
principalmente la de las últimas tres décadas,
relacionada con los carteles de la droga.

No conozco exactamente los detalles de la ley pero creo que en términos de leyes debe haber de todo, y hasta suficiente. Tocaría mirarlo más de cerca y seguramente se podría reformular, adaptar, mejorar, pero yo creo que el tema está en la ejecución, en la Fiscalía, en Estupefacientes y después en la entidad nacional que gestiona los bienes incautados, en los problemas que ha habido, no solo de ineficiencia, sino de corrupción, y de concierto para delinquir, si no estoy mal.

Creo también que, como siempre en este país tan enormemente extenso, hay una debilidad de gestionar desde Bogotá temas que se juegan en buena parte del territorio. Por qué no se definen los destinos de estas propiedades ya incautadas, de una manera más descentralizada, con algún comité a nivel de ciudad en Medellín, o desde el departamento de Antioquia, que entren a jugar en esto, con transparencia y control social. Yo entiendo que hay departamentos, ciudades y municipios donde las condiciones no están dadas para que se pueda hacer esto, pero creo que, en el caso de Medellín, por ejemplo, sería interesante tener un papel mayor.

No sé exactamente cómo ha sido la gestión que se hizo con la mansión Montecasino, que ocupa 3 cuadras allá en El Poblado, que en un momento dado fue comprado por los Castaño, cuando ya eran grandes narcotraficantes, y que durante 20 años funcionó como un centro operativo criminal y paramilitar en la mitad de El Poblado, a cinco cuadras del famoso edificio Mónaco, de Escobar. Pero mire, en parte por la gestión de la Alcaldía, esto es hoy en día sede de Telemedellín. Allí se ha hecho un trabajo fotográfico para, por lo menos, mostrar algo de la terrible historia del lugar, y el público puede visitarlo, descubrirlo y apropiarse de él. También se está construyendo un parque público, en un lote vecino, que posiblemente también fue incautado. Esa es la gestión que tendría que haber. El Mónaco es hoy utilizado por la Policía, pero mantiene un wpa misteriosa, ya que nunca fue abierto al público, ni hay una placa que explica con acierto lo que paso allí.

¿Qué hechos puntuales le llamaron la atención cuando escribió sobre el narcotráfico en Medellín, hablando de propiedades; usted describe algunas de ellas, como la hacienda La Manuela y el edificio Mónaco. En qué condiciones encontró esas propiedades?
Me llama la atención que hay muchas propiedades en Medellín abandonadas y donde no queda claro, ni los vecinos parecen saber, de quién son, quién las gestiona y qué va a pasar con ellas. Uno no entiende cómo incluso los vecinos pueden aceptar que deben vivir al lado de una casa que está como símbolo de algún poder oscuro, criminal, que sigue existiendo, o si no, el edificio estaría en otro estado.
Ahora, si la decisión era dejarlas en ruinas porque simbolizan esa época, sería otra historia. Así se hizo en Alemania, con la famosa iglesia San Nicolás en Colonia; queda muy claro, si una la visita, que es propiedad del Estado o del municipio, y que fue producto de una decisión publica. Pero ese no es el caso en Medellín,  el caso es que nadie sabe qué hacer con esto, que hay miedos, que hay peleas jurídicas, que falta transparencia, que ha habido corrupción en la gestión. Y precisamente porque sabemos que han habido enormes progresos del Estado y de la Alcaldía frente al narcotráfico, creo que es importante para Medellín y para Colombia que estos lugares puedan ser mejor definidos y que no haya ese rumor, mito.
Uno sabe que los extranjeros van a visitar el edificio Mónaco, las ruinas del edificio Dallas y la casa Montecasino, pero no hay una información muy precisa de los hechos, de decir, esta propiedad fue comprada con dinero del narcotráfico, este fue un centro operativo criminal, desde aquí se ordenaron actos de terror contra la población de esta ciudad. Yo creo, de todos modos, que el pais ha venido avanzando en este camino, gracias a asociaciones de víctimas y activistas, pero también gracias a iniciativas estatales. A nivel nacional está el Grupo de Memoria Historica que dirige el profesor Gonzalo Sánchez, y que incluye el Museo de la Memoria. Y la Alcaldía de Medellín tiene la Casa de la Memoria, que se está montando. Yo creo que ellos también podrían comenzar a jugar en esto y garantizar que estos lugares no tengan lo que yo todavía siento, cuando hago mis inspecciones, como si fueran tabúes, de esto no se puede hablar, de eso como medio secreto, que nadie sabe de quién son, y mejor ni se pregunte. La cantidad de sitios y los mitos que todavía rodean estos lugares es lo que más me impacta.
¿En la actualidad la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) está en liquidación, ¿qué papel han jugado los políticos y la corrupción en la administración de todos estos bienes incautados al narcotráfico?
Pues parece que ha habido bastante corrupción. Parece que ha sido una entidad que fue una caja menor de algunos políticos, que como sucede con otras entidades del Estado no fue realmente gestionado con los objetivos que le correspondían; por eso está en liquidación. Allí ha habido cualquier cantidad de escándalos, no empezó hace seis meses, está en liquidación desde hace un año y medio, los escándalos son desde los años 90.
Sin duda es un asunto complejo de gestionar propiedades con títulos manipulados, ubicados en municipios o ciudades con catastros mediocres, y con mucho tiburón. Pero se tendría que haber dado una gestión más técnica, incluso sub-contratando con firmas de liquidación, y con auditorías frecuentes. Uno podría pensar que con la reciente Ley de Víctimas – de 2011, si no estoy mal – y con activistas, ong, grupos de víctimas y con el esfuerzo del Estado mismo, el Grupo de Memoria Histórica, la Casa de Memoria de Medellín y con el Museo Nacional de Memoria, va a llegar un control social más serio. Pero ojala con todo un respaldo decisivo del Estado. Porque también queda claro que siguen siendo asuntos peligrosos y siempre hay gente que tiene miedo a hablar de eso y es mejor hacerlo de una manera institucionalizada.
¿Qué sabe usted de la hacienda La Manuela?
Yo fui a visitarla para hacer mi típica inspección ocular. La represa de Guatapé es una hermosura, y además enorme, laberíntica, estratégicamente ubicada, y muy bien aprovechada por los narcotraficantes también. Los más grandes de la época, como los Ochoa, los Gacha y los Escobar Gaviria, hicieron mansiones ahí. La de Escobar, La Manuela – aunque es probable que tenía varias más – está ubicada en un especie de península, por razones estratégicas también.
Es otra finca del clan que está abandonada, en ruinas, que fue incendiada por Los Pepes, sus viejos socios transformados en enemigos, y que colaboraron con el Estado en su persecución. Entiendo que durante 15 años, por esta amnistía patrimonial durante la administración Gaviria en el contexto de las negociaciones con los grandes clanes del narcotráfico, quedó en la herencia de los Escobar Gaviria y solamente en 2005 fue formalmente incautada por el Estado.  
Siempre ha estado en abandono, entiendo, pero por ahí pasan turistas y, muy cerca de allí están las mansiones de los otros clanes,  que siguen en muy lindo estado. Esto también es confuso, porque otra vez, lo que se encuentra es un muro de silencio. Nadie parece saber lo que va a pasar con La Manuela y ni hablar de las otras mansiones. Yo creo que sería importante comenzar a superar esto de la misma manera que se tendría que hacer en Medellín: definir con transparencia, información a la ciudadanía, apoyada en investigación histórica, cómo fue el origen de aquellos bienes y lo que se va a hacer con ellas.
Está muy de moda que los narcotraficantes prefieran pagar su condena en Estados Unidos y no en Colombia; dicen que incluso la justicia americana les deja parte de sus fortunas y luego de pagar sus condenas muchos se quedan viviendo allí. ¿Cómo ve usted este fenómeno, qué tan sano es para Colombia que esto esté sucediendo?
 

Esto ha venido creciendo con el incremento de la extradición. Después de las grandes peleas con la extradición, con todas las guerras que esto implicó a finales de los años 80; desde la reinstalación de la extradición por ahí en el 97 – después de haber sido prohibida por la Constitución de 1991 – se han creado distintas maneras de negociar. Son juegos extremadamente estratégicos y de dinero donde unos narcotraficantes deciden negociar con la justicia norteamericana y otros no. Ahí toca ver por qué uno sí y otro no.

Mucho tiene que ver con el manejo de este asunto desde los EE.UU. Ellos tienen, como es lógico, sus propios objetivos y particularmente hacen una persecución a quienes importan droga a los EE.UU. No pueden intervenir, y así lo define además, si no estoy mal, el tratado de extradición con Colombia, en temas de homicidios y masacres que no involucren ciudadanos estadounidenses; esencialmente, el delito que ellos persiguen es importar cocaína y el resto queda por fuera, y entonces también por fuera de la negociación que ellos adelanten con narcotraficantes colombianos que exploren una sumisión.

El modelo gringo puede ser conveniente para determinados capos, ya que negocian, delatan, entregan bienes, pero siguen por el momento considerando que en Colombia logran mantener bienes, para más tarde regresar a ellos. Esto puede, sin embargo, cambiar, ahora que la justicia colombiana es cada vez más agresiva. Por otro lado, a algunos narcos les puede quedar muy difícil devolverse de los EE.UU. porque sus viejos socios, a quienes han delatado, no estarán muy contentos.

Con los recortes en el sector público en EE.UU., puede ser que el costo de mantener a miles de capos colombianos en el sistema penitenciario o en programas de protección de testigos, comienza a ser un problema. Pero bueno, yo tengo entendido que de algún modo esa pelea contra el narcotráfico se financia también con las incautaciones, entonces llegar a un acuerdo con un narco que genera, para decir algo, 12 0 20 o 200 millones de dólares al aparato judicial de los EE.UU., siempre ayuda en algo. Yo diría que el problema de fondo, sin embargo, es que la administración de la justicia en Colombia y su sistema penitenciario, y en concreto su sistema de alta seguridad, todavía no es suficientemente robusta para lograr confrontar el poder de los capos, y que la extradición y el apoyo de los EE.UU., con las imperfecciones que tiene, ha sido fundamental para lograr avanzar en el combate contra los redes criminales del narcotráfico.

Sector nororiental de Medellín - copia

Aunque Medellín recientemente fue designada como la ciudad más competitiva del planeta, en un concurso organizado por el City Bank, el Urban Land Institute de Washington y The Wall Street Journal, sus niveles de inequidad son los más altos de Colombia y de la región.

¿Qué es lo más complejo de una publicación como la que usted acaba de hacer sobre Medellín, donde reseña toda la historia del conflicto en la ciudad?
 
Inicialmente, mi intento, que surgió de una solicitud del mismo alcalde Alonso Salazar y también de Sergio Fajardo, fue hacer una síntesis de todo lo que había pasado desde la muerte de Escobar, o sea en las últimas dos décadas desde 1993. Se trataba de intentar, no solamente, reconstruir los hechos violentos en relación conlas acciones de las milicias, las bandas, la guerrilla, los paramilitares y los narcotraficantes en la ciudad, sino también lograr dimensionar lo que ha hecho la ciudad de Medellín, tanto desde la sociedad civil como desde el Estado, para confrontar la crisis.
A mí me interesaba, de hecho, no solamente la época de las reformas de Fajardo y Salazar, sino también los esfuerzos desde la sociedad civil en contra de la violencia, al comienzo de los noventa, un periodo muy importante para la ciudad. Además, en aquella época yo viví en la ciudad y trabajé durante tres semestres con la Universidad Nacional. Allí fui testigo de una cantidad de cosas, incluso la bajado de su techo de un Escobar muerto, pero también de las primeras versiones del Festival de Poesía, y de los simposios de la Consejería Presidencial para Medellín. 
 
Sucede que desde 2008, Medellín confrontó una recalentura, y los homicidios se triplicaron, de unos 700 en 2008 a 2.100 en 2010, contra todos los pronósticos, incluso los míos, y cuyo factor central era la persistencia de las redes criminales en la ciudad. Decidí, entonces, ser aun un poco más ambicioso y mejor empezar donde empezó esta tragedia, es decir con la creación y implantación de los redes criminales del trafico de cocaína en la ciudad y el país en los setenta del siglo pasado, y remontar a partir de ahí, repasando incluso todo el rollo de los clanes de la época de Escobar. Contar esta historia en un solo recorrido, e intentar poner algún orden al material fue  enorme: más que 90 mil homicidios en 35 años es una cosa bárbara. No hay otra ciudad que haya experimentado cosa igual.
Cómo organizar la cantidad de material e intentar introducir una narrativa, una periodización, para que no quedara solamente como una consecución de muertos, de bombas, de masacres… ¿Cómo mostrar la ciudad en la mitad de todo aquello? Creo que fue un desafío muy interesante, y gracias a todos los que me ayudaron con ideas, consejos, información, amistad, paciencia y amor,  algo se logró.  Espero que mi libro permita contextualizar mejor a muchos investigadores que quieran trabajar un determinado aspecto de lo que ha pasado. Ojala también, que permita tal vez, a algunas víctimas, encontrar una  narrativa que les permita entender mejor lo que pasó.
 
¿Cómo ve la sociedad colombiana a futuro: la ve igualmente ligada al narcotráfico o fuera de él?
 
La tragedia de Medellín y de algún modo de Colombia es que es uno de los países que por contingencia, para decirlo así, participa en el tráfico de cocaína, que es de lejos el más negocio lucrativo de su género.  Hay otros como Holanda, España o el sur de los EE.UU., que son plataformas en el tráfico de cocaína (y de otras drogas también). La heroína, por ejemplo, ya no está tan de modo como hace un par de décadas. Pero es evidente que el consumo de cocaína no se ha acabado y no se va a acabar en los próximos 30 años.
Se podría disminuir, y con ello el tráfico, cuando surja otra droga que sea más barata e igual de interesante para los consumidores. Como confrontar, como país y como democracia, el tráfico de la cocaína y sus consecuencias, ha sido el tema central de la crisis de violencia colombiana de los últimos 35 años. Queda claro que esto no ha sido, jamás, una guerra civil, ni una violencia política, sino una violencia criminal, y una guerra que ha destruido el tejido social, político y económico de la sociedad.
Ahora bien, también es un tema que la sociedad colombiana ha comenzado a confrontar con seriedad, desde el gobierno Barco, a finales de los años 80, o sea desde hace 25 años. En el libro queda muy claro que esto ha sido avanzar dos pasos y retroceder uno, dar dos pasos adelante y tres pasos atrás, dar tres adelante, y uno atrás, etc. Pero es indudable que en estos 25 años sí hay un proceso de construcción, de instituciones más equitativas, mucho más orientadas a los ciudadanos, más penetrada en los barrios, de mayor proximidad al ciudadano.
Hay mejores y más oportunidades para los jóvenes en particular – no obstante todo lo que puede faltar -. Yo creo que la tentación para involucrarse en ofertas ilegales ha disminuido entre los jóvenes, en los barrios populares, si se compara con lo que sucedía hace 20 años. En Medellín, sobre todo en las ultimas alcaldías en particular, se han hecho enormes avances en este tema, aunque no quiero decir que todo está funcionando a la perfección -en ningún país está funcionando a la perfección-.
En este sentido yo soy optimista pero no lo soy en cuanto al narcotráfico. El tráfico de cocaína no se va a terminar, ni con la prohibición, ni con la legitimación. En Holanda tenemos un país más o menos permisivo frente al consumo de algunos tipos de droga pero eso no quiere decir que se solucionó el tema y que desapareció la criminalidad, que sigue operando detrás de los coffee shops y por fuera de ellos.
Es importante seguir pensando estos temas, y como gestionarlos a nivel local, a nivel nacional, a nivel de la región, e internacionalmente. No hay  que tener la ilusión como para pensar que existe “una solución”, o que hay arreglos fáciles o rápidos. Colombia es el primer país en saberlo. Es por esto que la sociedad colombiana se ha comprometido con un proceso de fortalecimiento y de modernización institucional que es complejo, que es lento, que conoce fracasos, pero que me parece es el único camino que hasta ahora ha generado resultados concretos, como es la lenta pero progresiva reducción de los homicidios en el país. 
 
 

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