Antioquia, Colombia, 10 febrero de 2022.- La Fundación Sumapaz acaba de emitir una alerta temprana por el inminente riesgo de líderes, lideresas y las comunidades de los municipios del Nordeste de Antioquia.
En su misiva advierte al Gobierno colombiano sobre los riesgos, el avance de grupos armados que buscan en los corredores estratégicos consolidarse territorialmente. De igual manera, ubican los intereses económicos de estructuras armadas que están detrás de la explotación de minerales preciosos como el oro.
Los vacíos de institucionalidad han permitido el avance y la presencia de grupos paramilitares, grupos guerrilleros y de disidencias de Farc que tienen un interés en controlar esta subregión.
En la alerta, critican la falta de compromisos y de voluntad del gobierno de Iván Duque para brindar las garantías de seguridad y de no repetición de la violencia. Hechos como las agresiones a defensores de derechos humanos, desplazamientos forzados, despojo de tierras, masacres, homicidios selectivos, enfrentamientos armados con interposición de civiles, accidentes de minas antipersonales, pueden presentarse por la omisión estatal.
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La Fundación Sumapaz explica que el incumplimiento a los acuerdos de paz, al Programa Nacional de Sustitución Voluntaria de Uso Ilícito PNIS y los proyectos de desarrollo prometidos a las comunidades de esta subregión ha impulsado la resiembra de cultivos de uso ilícito.
La alerta ubica el escenario de riesgos a las veredas y los corregimientos de Anori, Amalfi, Cisneros, Santo Domingo, San Roque, Vegachi, Yali y Yolombó.
Pese a la riqueza por la abundancia de recursos naturales, los altos índices de pobreza y marginalidad entre la población son un factor proclive a la vulneración de derechos humanos.
En cuento a la presencia de grupos armados, se identifica que la presencia de la Fuerza Pública está representada por la Brigada IV y la XIV del Ejército Nacional y en cada municipio la Policía tiene estaciones. Sin embargo, estas autoridades no logran tener el control de la zona, lo que sí hacen los grupos paramilitares denominados Autodefensas Gaitanistas de Colombia AGC, la Oficina del Valle de Aburrá, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional ELN y las disidencias del frente 36 de las Farc.
Sumapaz identifica que la población en riesgo son las personas defensoras de Derechos Humanos, líderes y lideresas sociales, jóvenes, integrantes de Juntas de Acción Comunal, las organizaciones sociales mineras, personas en proceso de reincorporación e integrantes del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial, mujeres, jóvenes, niños y niñas.
Organizaciones como la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño– CAHUCOPANA, la Mesa Minera de Remedios y Segovi, la Asociación Campesina del Río Cimitarra ACVC, Asociación Campesina del Norte de Antioquia ASCNA, Consejo Mayor del Porce, Comité de Integración Agrominero del Nordeste Antioqueño – Ciana, Resguardos Indígenas Emberá y Sinú, líderes/as de población LGTBI, Guardia Campesina, Mesas de Victimas, Organizaciones Sociales PDET y PNIS, deben ser protegidas.
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En la alerta, se denuncian 60 situaciones de violencia armada ocurridas durante el 2021 en las que ha sido expuesta la población. Entre ellas, 25 homicidios intencionales en persona protegida, 3 masacres, 2 ataques a la infraestructura militar, 9 casos de amenazas individuales y colectivas, 2 casos de explosión de artefactos explosivos, 3 combates con interposición de la población civil y dos casos de impacto humanitario por erradicación forzada.
Durante el transcurso del año 2022, se ha presentado una masacre en el municipio de Santo Domingo, combates en Remedios, Amenazas en los municipios de Remedios, Segovia y San Roque, y una incursión armada en la vereda Carrizal.
Se menciona que el pasado lunes 7 de febrero de 2022, en la vereda Tinitacita del municipio de Amalfi del Nordeste antioqueño, se presentó una incursión de un grupo de varios hombres armados que dispararon indiscriminadamente contra varias personas que se encontraban en ese sitio.
Una de las preocupaciones son los 847 homicidios que se han presentado entre el 2016-2021, estos homicidios vienen en incremento, solo el 2021 hubo 217 casos. El Nordeste tiene una tasa promedio de 114 casos por cada cien mil habitantes, la segunda más alta del departamento.
En cuanto al desplazamiento forzado, en el año 2021 en el Nordeste de Antioquia ocurrieron 316 desplazamientos que afectaron a 488 personas. Los municipios con mayores problemáticas fueron Segovia con 33 desplazamientos que impactaron a 128 personas, le siguen Amalfi, Remedios y Anorí.
El completo informe contempla la preocupación por el fenómeno de la disposición en estos municipios. No son las cifras más altas del departamento, pero es un fenómeno que, según Medicina Legal, se reportaron 14 casos durante el 2021, en 6 casos vinculadas hombres y en 8 casos fueron mujeres. En 4 de estos casos la victima apareció viva, en 1 caso la victima aparece muerto y 9 casos en los que aún no se conoce el paradero de la víctima.
Con la alerta temprana emitida por la Fundación Sumapaz, se genera un precedente en cuanto a la seguridad de las comunidades y los defensores de derechos humanos en clave de constancia histórica.
En cuanto a la responsabilidad del Estado, es claro que el Gobierno del Presidente Iván y la Gobernación de Antioquia, siguen abandonando las responsabilidades de establecer la paz estable y duradera y las garantías de seguridad de las comunidades.
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En la alerta de la Fundación Sumapaz se deja constancia de la deuda histórica del Estado colombiano con la construcción de la paz. Es un escenario completamente desalentador, principalmente para los líderes sociales y la comunidad que tendrá que soportar nuevamente la prolongación de la violencia en sus territorios.
