Managua, 11 septiembre.- El independiente Observatorio Ciudadano COVID-19 informó este viernes que 2.707 personas han fallecido en Nicaragua con síntomas de la COVID-19 o por neumonía, incluido ocho en la última semana.
El observatorio, una red de médicos y voluntarios de toda Nicaragua, también reportó 10.205 casos sospechosos de la enfermedad hasta el pasado 9 de septiembre, superior a los registros brindados por el Ministerio de Salud.
Hasta el martes pasado, las autoridades de Salud reportaban 4.818 casos confirmados, 1.091 activos, 3.583 recuperados y 144 fallecidos, para una tasa de letalidad del 3 %.
El Gobierno que preside el sandinista Daniel Ortega no ha precisado el número de pruebas que ha realizado y se ha limitado a informar del número de casos confirmados, las muertes y recuperados.
«SE DESCONOCE MAGNITUD DE LA PANDEMIA»
«A casi seis meses del reporte del primer caso de COVID-19 en Nicaragua, se desconoce la verdadera magnitud de la pandemia», anotó el observatorio.
«Nicaragua tiene derecho a conocer el verdadero comportamiento de la COVID-19, solo teniendo el conocimiento sabremos a qué nos enfrentamos y cómo prepararnos», señaló.
Ese observatorio dijo que «la ausencia de una respuesta responsable y adecuadamente guiada por las autoridades nacionales ha significado una serie de sacrificios de la ciudadanía, para su salud física, su salud mental y su vida», y que «hay personas que están próximas a cumplir seis meses de encierro en sus casas».
Asimismo, criticó que «la negación del Ministerio de Salud a realizar la prueba RT-PCR para el diagnóstico de COVID-19 ha causado que los hogares deban asumir como gasto propio (o de bolsillo) múltiples pruebas sugestivas de laboratorio».
«Esto ha significado una seria afectación para la economía familiar, que se suma a la crisis económica arrastrada desde 2018 en el país», reprochó.
«DESÓRDENES EN EL MERCADO FARMACÉUTICO»
Para el observatorio, «la incertidumbre causada por el desconocimiento de las mejores prácticas en el tratamiento de la enfermedad también ha provocado serios desórdenes en el mercado farmacéutico».
Por tanto, exigió al Ministerio de Salud cumplir «con su responsabilidad de regir la salud pública, que incluye informar a la población para que conozca sus riesgos y de esta manera sepa cómo protegerse».
El Ejecutivo ha sido criticado desde diversos sectores por promover eventos masivos y aglomeraciones a contracorriente de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), y por no haber suspendido las clases presenciales en medio de la pandemia y apenas establecer restricciones.
El presidente Ortega se ha declarado en contra de la campaña «Quédate en casa» porque, a su juicio, destruiría la economía local, que se ha contraído los dos últimos años y que es mayoritariamente informal.
EFE
