La Paz, 22 de diciembre de 2021 – Una comisión mixta del Parlamento boliviano presentó este miércoles un informe detallado de una investigación sobre las causas del retraso judicial en casos de feminicidios y estableció la falta de personal, presupuesto y coordinación como algunas de las razones principales.
El trabajo de esta instancia integrada por legisladores del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) y las opositoras Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos presentó la sistematización de la información que durante más de un año emergió de encuentros departamentales y del seguimiento de procesos de feminicidio en el periodo 2013-2021.
El informe establece que entre 2013, año en el que entra en vigencia la ley 348 que garantiza a las mujeres una vida libre de violencia, y 2021 se han registrado al menos 997 feminicidios con registros anuales como los de 2017 y 2019 en los que estos crímenes fueron los más altos con 155 y 147, respectivamente.
ALGUNOS PUNTOS SOBRESALIENTES
El estudio revela que 50 juzgados a nivel nacional atienden casos de violencia y que una proyección establece que al menos este año, con los 107 reportados hasta el momento, debieran haberse creado unos 40 más para atender los procesos judiciales relacionados.
«Lamentablemente en un país donde un tercio de las causas procesales están relacionadas con la violencia de género, este número es insuficiente», aseguró durante su exposición la senadora de CC Andrea Barrientos.
«En los feminicidios, el 35 % de los casos (las víctimas) tenían hijos e hijas en común menores de 12 años», mencionó durante su informe la diputada Estefanía Morales, presidenta de la comisión.
También se estableció que 83 de 575 fiscales que hay en el país están especializados en temáticas de violencia y que son los que atienden casos de feminicidio.
Según la información que la comisión recopiló de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) se ha tenido un incremento de casos de violencia de género puesto que este año han sido 45.174 ante los 38.937 de 2020.
Otro elemento que se observó es el insuficiente personal en el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) que carece de infraestructura propia en varias de las nueve regiones del país y sin psicólogos forenses suficientes que además de la carga laboral de los investigadores son «el primer nudo de retardación».
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El informe detectó el «incumplimiento de continuidad» de los procesos o la suspensión de audiencias que pueden durar «semanas y meses» por errores de notificación, demora de resoluciones y extravíos de los cuadernos de investigación.
También se estableció que la Fiscalía y la FELCV tienen «diferencias» de datos sobre el número de feminicidios y que es necesario trabajar en una coordinación institucional.
«En ocho años solo existe un 20 % de casos con sentencia» de los 992 feminicidios en el periodo 2013-2021 y que únicamente 34 juzgados especializados en recibir los casos de violencia en primera instancia han recibido alrededor de 200.000 causas de género de distinta índole.
Entre algunas recomendaciones de la comisión están reducir la etapa preparatoria de la investigación de seis a tres meses, que los nueve departamentos cuenten con juzgados de instrucción, sentencia y tribunales de sentencia especializados en violencia.
Además se sugiere que la Policía evite los cambios constantes de investigadores y dote a sus funcionarios de formación académica especializada en violencia machista.
También que se realicen auditorías jurídicas continuas de los procesos por feminicidio y que entidades como el Ministerio de Justicia otorguen defensa gratuita a víctimas de violencia.
La presentación del informe fue parte de la última sesión del Parlamento boliviano que entra en receso por las fiestas de fin de año y que además designó a los integrantes de una comisión especial para atender casos urgentes que puedan presentarse durante la pausa que durará hasta el 7 de enero.
EFE
