La falta de voluntad política del presidente colombiano, Iván Duque, que maneja un doble discurso, impide la consolidación del acuerdo paz firmado hoy hace tres años, afirma Julián Gallo, que ocupa uno de los cinco escaños en el Senado del partido resultante de la antigua guerrilla de las FARC.
«Uno de ellos (va dirigido) hacia la opinión pública y la comunidad internacional, donde expresa voluntad de implementación, y en el otro trata de reducir la implementación al tema de la reincorporación», dijo en una entrevista con Efe el senador, conocido todavía con el alias de su época de guerrillero, «Carlos Antonio Lozada».
Según Gallo, jefe de la bancada en el Senado del partido FARC, cuando Duque habla de la implementación del acuerdo de paz muestra «unas cifras que aparentemente son millonarias pero que puestas en la realidad comienzan a desinflarse».
El 24 de noviembre de 2016 el entonces presidente colombiano, Juan Manuel Santos, y el jefe de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverri, conocido en su época de guerrillero como «Timochenko», firmaron el acuerdo definitivo de paz, un documento de casi 300 páginas basado en seis puntos que contienen 578 medidas concretas.
La firma, en el Teatro Colón de Bogotá, estuvo precedida por una más solemne, el 26 de septiembre en Cartagena de Indias, pero ese primer texto fue rechazado por estrecho margen por lo colombianos en un plebiscito celebrado el 2 de octubre de ese mismo año, lo que obligó a Santos a reabrir la negociación con las FARC para hacer unas modificaciones al pacto.
POBRE BALANCE
Gallo aseguró que si se hace un balance del acuerdo «tenemos que concluir que es muy pobre lo que se ha logrado conseguir de implementación y esa pobreza refleja, de alguna manera, la falta de voluntad política del Estado colombiano (…) y obviamente de manera particular de este Gobierno de Iván Duque».
Agregó que eso se debe a que el Centro Democrático, partido al que pertenece Duque y que fue fundado por el expresidente Álvaro Uribe, opositor del acuerdo, «llegó al Gobierno (en las elecciones de 2018) con la bandera de hacer trizas la paz, de acabar ese acuerdo que nunca lo han compartido».
«Eso explica en buena medida que estos quince meses que llevan en el Gobierno en lugar de buscar la forma de desarrollar normativamente y en la práctica (…) se han dedicado desde la bancada del partido de Gobierno en el Congreso a radicar iniciativas dirigidas todas a entorpecerlo o a tratar de golpearlo en su esencia», sostuvo.
REFORMA AGRARIA, EN CEROS
La falta de acceso a la tierra por parte de los campesinos y la concentración en manos de terratenientes es uno de los mayores problemas del país y por eso fue el primer punto del acuerdo de paz.
«En el tema de la forma rural realmente no hay absolutamente ningún avance», sostiene el político, quien recalca que es esencial desarrollar un catastro para que «se sepa cuánta tierra tenemos en capacidad de poner a producir y en manos de quién está».
Añade que «desafortunadamente aquí en Colombia hay intereses muy poderosos que no quieren que esa información se conozca».
En cuanto a la reforma política, el partido FARC asegura que «está totalmente estancada» y no ha sido posible que avance porque «el Gobierno no tiene ningún interés tampoco en ese proyecto».
Más grave considera el estado de las garantías de seguridad porque ya «suman más de 800 líderes sociales asesinados (y) luego de la firma del acuerdo tenemos más de 169, tal vez 171 exguerrilleros asesinados al día de hoy. De esos tal vez 90 durante el actual Gobierno».
EL NARCOTRÁFICO NO ES PROBLEMA
Contrario a lo que afirma el Gobierno, que sostiene que el narcotráfico quiere que la paz de Colombia fracase para poder mantener su negocio, Gallo sostiene que este fenómeno, también incluido en el acuerdo, no es el responsable de la nueva ola de violencia.
«No, el problema no es el narcotráfico. El narcotráfico es el resultado de otro problema, el problema estructural de la tierra en Colombia, es decir la cadena del narcotráfico que tiene distintos eslabones, el primero de ellos las condiciones de pobreza y marginalidad en que viven los campesinos colombianos», asegura.
El senador del partido FARC sostiene que si se hace una reforma rural se crea un fondo de tierras y se dan esas tierras a los campesinos, estos dejarán de tener cultivos ilícitos.
«De manera que si el Gobierno colombiano estuviera interesado en acabar con el eslabón más frágil de la cadena que es ese de los cultivos, se empeñaría en implementar la reforma rural integral y de esa manera estaríamos quitándole esos campesinos que son la base inicial de esa cadena de narcotráfico a las grandes mafias», explica.
Gallo insiste en que con las reformas agraria y política se estaría «golpeando un fenómeno complementario al de la tierra y es la existencia de verdaderos cacicazgos políticos en las regiones que se retroalimentan con esas mafias del narcotráfico».
REGRESO A LAS ARMAS, SIN FUTURO
El pasado 29 de agosto el que fuera número dos de las FARC, Luciano Marín Arango, alias «Iván Márquez», y otros exlíderes de esa guerrilla anunciaron que retomaban las armas.
La FARC considera esa decisión un error porque el regreso a las armas es un «proceso que decididamente no tiene futuro».
Al ser preguntado sobre si los que se rearmaron pueden volver al partido, dice tajante que no.
«Nuevamente están en la ilegalidad, nosotros somos un partido legal (…) ese supuesto tendría que estar mediado por algún acuerdo entre ellos y el Estado colombiano, cosa que en este momento no veo como algo posible o cercano», concluye marcando distancia entre el pasado y el presente de la FARC.
EFE.
