En el gremio de las esmeraldas, que concentra sus actividades y poder en el occidente de Boyacá y el centro de Bogotá, se viene comentando con preocupación la solicitud que hizo ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) una asociación de esmeralderos que lidera un familiar de uno de los comerciantes más reconocidos de la codiciada gema en Colombia. Se trata de Edwin Molina, nieto de Gilberto Molina Moreno, asesinado en 1989 por su antiguo socio Gonzalo Rodríguez Gacha, el Mexicano, capo del cartel de Medellín. Molina Moreno fue también aliado de Víctor Carranza, el zar de las esmeraldas durante la denominada guerra verde en los años 80.
La solicitud fue formulada por la Asociación de Productores de Esmeraldas Colombianas (Aprecol), que preside Edwin Molina, y presentada en diciembre de 2018 ante la SIC. Con ella pretende que se le delegue la administración de la denominación de origen de las esmeraldas colombianas, conocidas en el mundo por su calidad e intenso color. Es decir, esa asociación le solicitó a la entidad gubernamental concentrar un poder enorme: otorgar las licencias que corroboren la procedencia de las esmeraldas que son extraídas de las minas ubicadas en los municipios boyacenses de Otanche, San Pablo de Borbur, Zulia, Pauna, Tununguá, Briceño, Quípama, Muzo, Maripí, Buenavista y Coper.
En Colombia existen 27 denominaciones de origen, las cuales la SIC otorgó a productos que tienen un indicativo especial que señala la procedencia geográfica de un producto cultural o alimenticio, cuyas características dependen del sitio en que se elaboran o producen. Por ejemplo, el bocadillo veleño, el queso Paipa, el sombrero aguadeño o los tejidos wayuus. En el mundo, hasta ahora, la única piedra preciosa que tiene denominación de origen es el ámbar de Chiapas, México. En el caso del café colombiano, la Federación Nacional de Cafeteros administra la denominación del grano que se cultiva en el país. Para las esmeraldas no hay esa denominación de origen. Al menos no todavía.
Lo que pretende Aprecol es administrar la denominación de origen, a través de la Federación Nacional de Esmeraldas de Colombia (Fedesmeraldas) que encabeza el abogado Óscar Baquero, firmante de la solicitud ante la SIC. Los miembros del gremio —que no comparten esta iniciativa, pero temen hablar ante medios de comunicación por el violento pasado que rodea esta actividad— dicen que la propuesta se tramitó en diciembre de 2018, pero que solo la conocieron el 21 de agosto de 2019, cuando un miembro de la cadena esmeraldífera se enteró de la solicitud mientras hacía un trámite en la Superindustria.
El Espectador conoció detalles de la solicitud que hoy todavía está en curso ante la SIC y mantiene en un álgido debate a los esmeralderos. El argumento principal de Aprecol para hacer la solicitud es que representa a más del 60 % de los productores de esmeraldas, porque 16 minas —que tienen título minero y todos los permisos de explotación— están afiliadas a su asociación. “Argumentan que están legitimados para hacer la solicitud de denominación de origen, ya que, en su asociación, convergen todos los productores de esmeraldas, relacionando cinco empresas productoras del gremio”, señala un documento de la SIC de 2019 sobre el trámite de Aprecol conocido por El Espectador.
Germán Suárez, presidente de la Confederación Nacional de Esmeraldas y opositor de la pretensión de Aprecol, cuenta que en el centro hubo revuelo cuando se conoció la petición. Además, apenas tenían dos días para presentar su oposición contra esta solicitud ante la SIC. Luego de reunir esfuerzos con algunos abogados, la Cooperativa Multiactiva Esmeraldas de Colombia logró, contra reloj, presentar formalmente su desacuerdo con la petición de Aprecol, la cual también agrupa tres asociaciones de exportadores, productores, comerciantes y comisionistas del mineral verde. Sin embargo, quienes se oponen a la denominación de origen señalan que en dos días no se podía realizar una oposición lo suficientemente sólida.
La Cooperativa argumentó que la solicitud presentada por Aprecol “genera confusión, ya que la denominación de origen hará creer al comprador que las esmeraldas producidas en Colombia que no tengan este sello son falsas. Lo que conllevará a la monopolización de la piedra y a la mala reputación de quienes sigan comercializando sin contar con la autorización de uso de la denominación de origen”. También señaló que Aprecol desconoció a los barequeros (personas que subsisten en la minería) al presentar dicha solicitud, teniendo en cuenta que existen unos mil y otros miembros de la cadena de las esmeraldas y empresarios que no se han querido agremiar.
“No es posible que alrededor de 7.000 guaqueros que se han formalizado también le pidan permiso a Aprecol para ponerle el sello de esmeraldas de Colombia a unas esmeraldas que ellos ya están exportando de manera legal y legítima. Ellos presentaron la solicitud diciendo que representaban al mayor grupo de esmeralderos, cuando ellos no representan a la mayoría (…) El año pasado alrededor de 280 guaqueros hicieron sus exportaciones sin pedirle permiso a nadie más que a la Agencia Nacional de Minería, que es nuestra autoridad minera. En cuanto a los temores que hay por denunciar yo no los tengo, porque estas defensas a la comunidad no las puedo hacer escondido ” explicó Suárez.Edwin Molina tiene otra versión.
En entrevista con este diario señaló que entre 2017 y 2019 socializó la solicitud de la denominación de origen en trece oportunidades a través de eventos públicos y medios de comunicación regionales. Además aseguró que el proyecto sigue siendo socializado y que 16 de los títulos mineros para esmeralda que hoy se explotan hacen parte de Aprecol. No obstante, según la Agencia Nacional de Minería, en Colombia existen 390 títulos para extraer la piedra, de los cuales 68 están autorizados para extraer el mineral y no 27 como lo manifestó Aprecol ante la SIC.
Otro de las motivaciones que según Molina llevaron a Aprecol a presentar esta solicitud es que se formalice el trabajo de las personas del gremio esmeraldero y que se haga una minería con los mejores estándares ambientales, técnicos y operativos para evitar lavado de activos. “En dado caso que se nos otorgue la administración de origen, que es una simple concesión, la gente va a poder remitirse a la SIC en dado caso de que nosotros actuáramos de mala fe y nos acarreará multas. Nosotros tendremos que hacer un trabajo muy juicioso. Tampoco podría salir a decir que todo el mundo podrá acceder a la denominación de origen, porque la Superindustria también nos sanciona”, dice Edwin Molina.
El presidente de Aprecol también niega que él sea la persona en Colombia que esté poniendo la cara por las grandes empresas que extraen esmeralda, como la Minería Texas Colombia, encabezada por Charles Burgess, la firma estadounidense que desde 2009 compró una de las minas más grandes de Muzo, que eran propiedad de Víctor Carranza. “No sería sensato desconocer que ellos son un actor más importante de la industria, además cuentan con más de 1.400 trabajadores. Además, una propuesta de esta naturaleza sin el apoyo de los mineros de Muzo no tendría representativad en la parte ya formalizada de la industria”, dice Molina.
Este diario conoció que en marzo pasado se presentaron cinco tutelas en contra de la solicitud de Aprecol ante la SIC. Sin embargo, la jueza civil de Chiquinquirá las rechazo bajo el argumento de que los miembros del gremio que presentaron estas acciones ante su estrado no lograron demostrar que el proceso ante la Superindustria les estuviera violando algún derecho, como el del debido proceso o la libre competencia. “En dado caso que la solicitud salga a favor nuestro, las personas que estén inconformes con la decisión podrán interponer un recurso de reposición en donde expliquen a fondo sus preocupaciones ante la SIC. Aquí se está actuando dentro del marco legal”, señaló Edwin Molina.
Una de las preocupaciones que tienen los opositores de la solicitud de Aprecol es que la asociación es cercana al partido de gobierno del Centro Democrático. El actual superintendente, Andrés Barreto, fue miembro del equipo que trabajaba con Iván Duque mientras fue senador entre 2014 y 2018. El mismo Molina señala que apoyaron las campañas de varios candidatos del partido uribista en el departamento, pero que también lo hicieron con otros partidos en el pasado. A su vez, señaló que Aprecol también apoyó a Duque durante la campaña pasada y que lo acompañó durante un evento en Muzo, donde también expuso el tema de la denominación de origen.
Sobre el pasado de Edwin Molina se sabe que estudió Administración de Empresas en la Universidad de Miami y fue gerente de Coexminas S.A., una empresa cuyos principales clientes son las grandes cadenas de joyería del mundo, como Cartier y Bulgari. Su nombre salió a relucir en 2016 en medio del escándalo de los Panama Papers. A través de la firma de abogados Mossack Fonseca, Molina tenía sociedades en Panamá, la isla de Anguila y Reino Unido. Según Univisión, las firmas panameñas eran Tres Milagros Foundation, Inmolca Foundation, Casa Mogonza Foundation e Ingaga Foundation. Luego del escándalo, Molina y los herederos de Carranza disolvieron las empresas “off shore”.
Del lado de Edwin Molina destaca el esmeraldero Hernando Sánchez, quien sufrió un atentado en la zona T en el norte de Bogotá en 2012. Un sicario le disparó nueve veces, provocándole la pérdida de un ojo y un riñón. En ese momento, Horacio Triana, uno de los duros del gremio, fue señalado de ser el autor intelectual del ataque. Este fue extraditado en enero de 2019 a Estados Unidos y es acusado por delitos de narcotráfico. Sánchez fue uno de los hombres cercanos a Víctor Carranza y señalado de ser testaferro de Julio Lozano Pirateque, uno de los narcotraficantes más importantes de Bogotá, quien tuvo nexos con el Chapo Guzmán y el Loco Barrera.
Esta tensión, que viene dividiendo al gremio, también resquebrajó las relaciones de las familias esmeralderas. Tres fuentes del gremio le contaron a este diario que Hernando Sánchez y su hermano Germán están enfrentados por esta solicitud. También Edwin Molina encara una profunda división en su familia. En cuanto a la familia de Víctor Carranza, las fuentes señalan que su hijo Hollman (afiliado a Aprecol y cabeza del clan) está apartado de la discusión se dedica a sus negocios de ganadería en el Meta. Otro que se encuentra retirado del debate es Cristóbal Ramos Sacristán, hombre de Carranza que sufrió un atentado en 2014 en el sector de Colina Campestre, en Bogotá.
Algunos miembros del gremio señalan que si llega a concretarse esta solicitud en la SIC se continuará fisurando la tensa calma que vive el gremio desde que Triana y Pedro Nel Rincón, alias “Pedro Orejas”, fueron extraditados. “Este trámite no generará una nueva ola de violencia. El peligro estará cuando la gente que está por fuera vuelva, las nuevas generaciones aprendieron que la violencia no conduce a nada”, señaló un esmeraldero que vivió de cerca la guerra verde. Sin embargo, en mayo pasado, este diario reportó que un miembro de este gremio es requerido por las autoridades por hacer parte de una red de narcotráfico de la cual también haría parte Edwin Congo, exjugador del Real Madrid.
El último movimiento del proceso en la SIC fue el pasado 4 de julio, cuando la entidad le pidió a Aprecol que aclarara algunos puntos de su solicitud. Por ejemplo, que detalle qué empresas o personas (extractores, productores, comerciantes y talladores, entre otros) serían los beneficiarios de la denominación de origen, que estén afiliados a la asociación y tengan sus papeles en regla. Además le solicitó, en pocas palabras, que sustente a fondo por qué la esmeralda del occidente de Boyacá es única y debe tener denominación de origen. En este momento, Aprecol está respondiendo a esta extensa solicitud y tiene plazo para entregar su respuesta el próximo 2 de octubre.
Tomado de El Espectador
