La que acaba de culminar fue la edición número 33 de la Semana por la Paz, que este año quedó enlutada en medio de los hechos de violencia que se han registrado durante los últimos días en Colombia. Antes de que Javier Ordoñez muriera a manos de la Policía en Bogotá el pasado miércoles en la madrugada, y ese mismo día en la noche al menos ocho personas más también murieran por balas de la Policía en medio de las manifestaciones, el país ya venía de una seguidilla de masacres en varias regiones. Solo el primer día de la semana, el lunes 7 de septiembre, ocurrieron tres masacres (dos en Bolívar y una en Antioquia) y al día siguiente otra en Nariño. En lo que va de 2020, se han registrado 55 masacres en todo el país, con un saldo fatal de 218 víctimas.
Sin embargo, los promotores de la Semana por la Paz salieron adelante con esa iniciativa que se celebra desde 1987 para reafirmar, como en ese primero año, la necesidad de buscarle una vía negociada al conflicto armado. Una posibilidad que hoy parece lejana. Hablamos con monseñor Darío Monsalve, quien lleva más de tres décadas en esa búsqueda y quien ha sido actor principal, por ejemplo, en el proceso con las Autodefensas Gaitanistas, grupo heredero del paramilitarismo. Hizo un llamado a la autoridad para que detenga los abusos a la ciudadanía y recobre la legitimidad que ha perdido.
Esta conmemoración de la Semana por la Paz pasó desapercibida en medio de los hechos de violencia que se han registrado en el país en los últimos días…
Sí, el contexto ha absorbido todo este entusiasmo y espíritu que estaba construyéndose en torno a una paz social y a una construcción de solución política al conflicto violento. Lo que se estaba haciendo era buscar después de tantas décadas una salida política al conflicto armado. Pero hay un desaliento institucional y un desaliento social que hay que saber manejar porque no se puede confundir con un tema meramente partidista. El Estado y la sociedad, junto con la economía, son los constitutivos fundamentales de una nación y ahora sentimos un gran vacío de lo estatal, el Estado se ha desdibujado; y la sociedad está fragmentada, entonces vamos caminando hacia el abismo.
¿Dónde puede verse ese desaliento institucional del que habla?
Es evidente porque el Gobierno no ha mantenido una hermenéutica de continuidad, elemental. Y en materia de paz no se puede estar cambiando pactos. Si se hacen pactos incluso ya de carácter constitucional y después con fuerza de partidos se deshacen y el Gobierno toma una posición contraria, pues eso es muy delicado, trae consecuencias muy fuertes en un país como el nuestro y con un proceso que apenas estaba naciendo. Creo que se necesita fundamentalmente una voluntad de paz, que no sea engañosa, sino clara y firme.
Esta semana también se desbordó el accionar de la Policía en Bogotá. ¿Cuál es su lectura sobre esos hechos?
Ese tema nos pone al frente la relación entre autoridad y poder, que van juntos. Toda autoridad exige completarse con un poder, sin lo cual la autoridad corre el riesgo de permanecer inútil o ineficaz en las sociedades; pero complementariamente, todo poder que no sea la expresión de una autoridad es inicuo. En cuanto autoridad, el poder se eleva hasta el orden moral y jurídico; recíprocamente, en cuanto poder, la autoridad desciende hasta el orden físico. Entonces aquí se está haciendo una ruptura entre la autoridad, que es lo que legitima realmente, y el poder, que tiene que estar al servicio de la autoridad. El poder no puede generar orden cuando es un poder abusivo. El problema es que el poder no tenga autoridad, y eso es lo que se está manifestando.
En este contexto de posacuerdo, de implementación de lo pactado en La Habana, ¿cuál debería ser el papel de un cuerpo como la Policía? Se ha hablado de que esa institución pase al Ministerio del Interior…
Hay que ubicar ese rol en el servicio público. Y ese servicio público es allí una relación de cuidado de la vida, de la honra, de los bienes y sobretodo, cuidado de la dignidad del ser humano. No está hecha la Policía para reprimir, ni para engolosinarse en el ejercicio de un poder, máxime que la Policía no debería tener siquiera esas armas letales. La Policía debería apuntar mucho más a la fuerza de la razón, de la palabra, de la exhortación directa y también de desarmar al que está armado, pero una vez que una persona está desarmada, reducida para que no tenga manifestaciones dañinas para otros, pues ya no estamos en poder de usar armas. El uso de las armas ahí es absolutamente inicuo porque hay una desproporción, una desigualdad, una opresión y es pisotear la dignidad y menospreciar la vida de las personas. Una persona grita, clama por clemencia, una persona que está sintiendo el dolor y lo expresa, “no más, no más”, “no puedo respirar”, decía George Floyd. Y esos policías tratando de imitar a los norteamericanos, hasta en eso, en esas formas tiránicas de usar el poder, no escuchan ni a la víctima, ni a los testigos que están grabando. Esto nos tiene que llevar a una reflexión muy seria, hasta dónde dejamos incrustar un espíritu violento en la conciencia nacional y en las instituciones.
Sobre las manifestaciones en respuesta a lo que ocurrió con Javier Ordoñez, un sector de la opinión pública ha rechazado el uso de la violencia y la destrucción de bienes públicos. ¿Qué les dice a ellos?
El tema es la relación entre el estímulo y la respuesta. El que tiene que inducir la respuesta positiva, ¿quién es, el ciudadano o la autoridad? Aquí hay una inducción dañina al ciudadano. Yo, como obispo de la iglesia y como ciudadano, digo que solo una manifestación sin violencia alguna puede realmente ser una protesta contra todas las violencias. Yo no puedo protestar contra la violencia haciendo uso de la violencia, pero tengo que exigir primero al Estado que se ‘desviolentice’, que se desarme de esa violencia mental, emocional, ideológica, autoritaria. Sentimos que es un Estado armado, prepotente, a veces cínicos en la forma de hacer las cosas, con un cinismo ofensivo, que provoca a la reacción en una y en otra forma. Y eso es lo que creo que el país tiene que mirar. Alguno dirá que mis palabras son duras, pero creo que en eso hay que ser sinceros y desde la doctrina de la fe es muy claro que la autoridad tiene también esa dimensión ética e, incluso, espiritual. La dimensión profunda es la que hay que formar. ¿Qué formación está recibiendo nuestra Fuerza Pública? ¿La están infestando con esa mentalidad tóxica de revanchas, de mirar siempre la represión como el camino más inmediato?
Me pregunto si esa inducción al ciudadano con la provocación a la violencia es espontánea, instintiva, o es una inducción también calculada para generar un estado de cosas y tomar otras medidas. Hay que ser muy transparentes y eso es lo que el país está pidiendo. Por eso se ha perdido la confianza en la autoridad y en la institucionalidad.
Antes de lo que se ha vivido estos días con la Policía, veníamos de una seguidilla de masacres y recrudecimiento en varias regiones del país. Usted conoce las dinámicas en el Pacífico, ¿Por qué considera que se han intensificado las masacres en los últimos meses?
Me cuesta terriblemente hablar de eso, que lo estamos viviendo acá muy de cerca. No solo en Cali, sino aquí en el Cauca, yo estuve la semana antepasada en El Tambo, y uno siente toda esta tragedia de las masacres continuas, este enceguecimiento que seguimos perpetuando, el poder de la fuerza sobre la razón, sobre la dignidad, sobre el derecho. Es el poder convertido en cobardía, porque una horda de armados que llegan ante unos indefensos a fusilarlos, a unos muchachos, niños, indígenas, campesinos, estudiantes universitarios, ¿eso cómo se llama? Eso es la cobardía armada. Y este país tiene mucha cobardía armada. Que el armado se enfrente con el armado. Pero el indefenso, aún si era armado y la autoridad lo somete, ya no es un armado. Ya es un ciudadano y lo cubren los derechos ciudadanos. Hay que protegerle la vida. El peor problema aquí es que se ha conocido que hay órdenes institucionales a veces dentro de los ejércitos donde dicen no me traigan presos… ya sabemos lo demás. Entonces, ¿hasta dónde ha escalado eso? ¿Cuál es la fuente más alta de dónde viene ese tipo de cosas?
El proceso con el Eln está roto en este momento. ¿Ve viable que pueda reactivarse?
Todos los procesos son viables y necesarios. En este momento incluso con la pandemia es apremiante, lo ha dicho el Papa y ha hecho el llamado la ONU, y hacemos el llamado desde todos los puntos para que haya un cese al fuego; pero claro, hay sorderas que no se pueden vencer con llamados. Es que son las cosas elementales del momento histórico. Si un gobierno no vive el momento histórico, sino que se enfrasca en sus anacrónicas visiones del orden público y de la realidad nacional, en donde dicen que no hay conflicto armado cuando les conviene, pero cuando conviene ir a bombardear ahí sí hay conflicto armado. Lo que se pide en este momento es que por lo menos haya un cese del fuego generalizado en todas esas organizaciones y que el Gobierno sea el primero en convocar, facilitar, ese cese
¿Y con las Autodefensas Gaitanistas, con quienes hubo contactos en el gobierno anterior gestionados por usted?
A pesar de que el gobierno actual me acusa en la nunciatura colombiana, a través de su comisionado de paz, de que yo tengo contacto ilegal con la subversión o con grupos ilegales, yo desde finales de julio de 2018, antes de que Duque asumiera la presidencia, no he vuelto a tener ningún contacto con ninguna organización armada, porque uno respeta el marco legal. Pero es grave que a mí me hagan esa acusación, eso indica que en el país lo que hay es una mirada completamente distorsionada de la realidad. Es triste que en el país haya eso, cuando debería haber un estímulo para que generemos esos acercamientos. El primer problema es que se perdió la interlocución con todos los actores, no sé el doctor Ceballos o el Gobierno qué contactos tiene, pero no hay interlocución y eso es muy grave para las poblaciones en los territorios. No hay interlocución con el actor armado y como son tantos los actores armados, la gente urge un acuerdo humanitario territorial. Yo le he dicho a la comunidad internacional que nos ayude, que identifiquen todo este mapa de actores armados que están en el país por fuera de la ley y también al Gobierno y a la fuerza pública e interlocute la comunidad internacional con ellos a ver si de pronto ellos aceptan que interlocutemos entre los colombianos mismos, porque hay que hablar para poder acordar que nos vamos a sentar a buscar un consenso elemental y ponerle un cauce a través de la palabra a los conflictos y no, como escogemos siempre, seguir el camino de la sangre.
Tomado de El Espectador
