Johannesburgo, 28 abril.- El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, compareció hoy por primera vez ante la comisión que investiga la corrupción ocurrida presuntamente bajo el mando de su predecesor, Jacob Zuma, y admitió que el partido gobernante «debió haber hecho más» para evitar los abusos.
«Reconocemos que la organización pudo y debió haber hecho más para prevenir los abusos de poder y la apropiación indebida de recursos», dijo este miércoles Ramaphosa ante el juez Raymond Zondo, número dos del Poder Judicial sudafricano y presidente de la comisión de investigación sobre el escándalo de corrupción conocido en Sudáfrica como la «Captura del Estado».
El presidente, que tanto hoy como mañana, jueves, comparece como actual líder del Congreso Nacional Africano (CNA) –partido en el poder en Sudáfrica desde la llegada de la democracia en 1994 y movimiento en el que militó Nelson Mandela–, declaró durante seis horas en la sede de la Comisión, ubicada en Johannesburgo.
En una intervención inicial, antes de las preguntas del equipo legal de Zondo, Ramaphosa incidió en que acudía ante la comisión «no para poner excusas o para defender lo indefendible», sino por la «responsabilidad» que todos los miembros del partido tienen, según él, de cooperar en la investigación.
«El grado en el que la corrupción contribuyó a prácticas de clientelismo, política de facciones y manipulación de los procesos organizacionales dentro del CNA está registrado. El reconocimiento de esos hechos no significa que el CNA sea, en sí, corrupto o el único afectado por la corrupción», puntualizó.
La mayor parte de la sesión de preguntas se centró en ámbitos como los procesos para designar cargos, desde funcionarios comunes hasta los directivos al mando de las asoladas empresas públicas del país.
El presidente también remarcó los pasos tomados desde que él asumió el liderazgo del partido para forzar la salida de la formación de todos aquellos acusados de corrupción o delitos graves.
Ramaphosa volverá a comparecer este jueves y de nuevo –pero ya para responder en calidad de líder del Gobierno y no de su partido– el 13 y 14 de mayo.
La denominada Comisión de Investigación de la Captura del Estado busca aclarar si durante el gobierno del expresidente Jacob Zuma (2009-2018) el sistema público sudafricano funcionó como un engranaje para beneficiar de forma fraudulenta al poder y a empresarios afines, que incluso influían en la entrada y salida de ministros en función de sus intereses.
La comisión no tiene potestad para procesar judicialmente, pero sí puede hacer recomendaciones a otros entes y sus averiguaciones pueden ser usadas como pruebas ante los tribunales en el futuro.
Ramaphosa, que fue vicepresidente del Gobierno durante los cuatro últimos años de Zuma, ascendió al poder en febrero de 2018, después de que el propio CNA obligase a su predecesor a dimitir en medio de numerosos escándalos, con la lucha contra la extendida corrupción como una de sus principales banderas.
Por su parte, Zuma, que ya tiene además otras investigaciones de corrupción abiertas, se ha negado repetidamente a comparecer ante la comisión y alega que sufre una «persecución» por parte del poder judicial.
Dado que el Tribunal Constitucional determinó que las citaciones del juez Zondo a declarar son de obligado cumplimiento, se estudia un castigo contra el exmandatario por «desacato», que podría implicar hasta dos años de cárcel.
