La inteligencia militar y policial colombiana se han caracterizado por ser de las más avanzadas de la región con motivo del conflicto armado, siendo el Plan Colombia y las relaciones con Estados Unidos fundamentales para entender el avance tecnológico y la capacidad para hacer frente a los retos en esa materia. Pero, el uso de la inteligencia estatal ha sido cuestionada en los últimos años por problemas que ha tenido respecto a su uso, con procedimientos cuestionados en su legalidad, especialmente en tres casos: Uno, las denominadas “chuzadas” reportadas en 2009, en las cuales el DAS interceptaba llamadas de líderes de la oposición, magistrados, periodistas y funcionarios públicos. Dos, en el 2014, cuando se descubrió que una unidad de inteligencia militar hacia seguimiento a personajes de la vida pública desde sus chats y correos electrónicos, siendo los principales afectados los negociadores del proceso de Paz en La Habana. Tres, el caso actual, en el cual inteligencia del Ejército habría hecho seguimiento el año 2019 (entre febrero y diciembre) a 130 personas dentro de los que se encontraban periodistas (nacionales e internacionales, resaltando el New York Times -Nick Casey, encargado de la investigación sobre el posible regreso de los falsos positivos, la cual generó amplia polémica en mayo del año pasado- y del Wall Street Journal), políticos, abogados (especialmente del Colectivo José Alvear, algunos de los cuales son defensores de las víctimas de falsos positivos), defensores de derechos humanos y representantes de ONG’s.
Este último caso deja entrever muchas enseñanzas respecto a las fallas de la inteligencia y contrainteligencia militar en el país. Lo primero a señalar es que existe un cambio respecto al uso que se le ha dado a la inteligencia estatal, dado que en el año 2009 éstas se realizaron interceptando llamadas telefónicas y en 2014 el énfasis era saber información sobre el proceso de paz. En la actualidad se han construido 130 ‘perfiles’ seleccionados –tanto con información de fuentes abiertas y reservadas- y el enfoque era contar con toda la información posible sobre la persona -contactos, correos electrónicos, amigos, datos personales, ubicación, llamadas recibidas, entre otros-. Esto es importante porque ya no gira en torno a una corriente política per se, un grupo denominado, un proceso instituido o un determinado perfil correspondiente; se busca ‘perfilar’ personas en específico con diferentes características, contextos y funciones diversas. No hay un patrón fácilmente definible respecto a los perfiles más allá de que algunos plantean posiciones disímiles al gobierno.
El trabajo de inteligencia ha estado apoyado, incluido lo financiero, por gobiernos extranjeros; no obstante, es poco probable que éstos se encuentren involucrados dentro del mismo. Por el contrario, todo apunta a que sería un caso-escándalo de corrupción al interior del Ejército dado por los perfiles a los que se les hacía seguimiento, los cuales no está claro que estuvieran enmarcados en la misión institucional, así como la posibilidad de que se presentarán informes ocultando información o sustituyéndola para la apropiación efectiva de los recursos.
¿Quiénes se encuentran detrás de estos perfilamientos? La realidad es que no existe una respuesta a ello, todavía no se encuentran determinados. Los perfiles varían demasiado entre ellos y, a pesar de que la mayoría pertenece a personas críticas a la administración Duque y al Ejército, también se encuentran dentro de ellos personal de las Fuerzas Militares retirados y personajes como Jorge Mario Eastman, ex viceministro de Defensa y Secretario General de la Presidencia de Iván Duque.
Asimismo, de los 11 oficiales retirados en los últimos días de su cargo se puede ver como 5 se encuentran relacionados con este escándalo, dentro de los que están el jefe del Comando de Apoyo de Combate de Contrainteligencia Militar del Ejército, y el exjefe de inteligencia y contrainteligencia, y tres coroneles del Batallón de Ciberinteligencia. A ello se suma la salida del Comandante del Ejército a finales del año pasado por “razones personales”; no obstante, su nombramiento como delegado de Colombia ante la OTAN fue frenado por este nuevo suceso dentro de las Fuerzas.
Por el momento, se puede afirmar que el ejecutivo, por lo menos a nivel presidencial, no tenía presente las acciones que se llevaban a cabo por el Ejército. Del mismo modo, es necesario preguntarse quién se encuentra detrás de estos ‘perfilamientos’, señalando, además que hasta el momento los señalados pertenecen al sector militar, sin existir ningún tipo de autoridad civil aún dentro de las investigaciones.
Este contexto general es preocupante, teniendo relación principalmente con la profesionalización y la calidad de las Fuerzas Militares colombianas. Aún no se puede evaluar desde el sector civil cuál es el alcance de las “carpetas secretas”, pero si podemos hablar desde el impacto generado a la esfera militar, sin duda muy lesivo para la institución. Esto se debe a diversos factores: la obediencia militar, la violación de derechos humanos, la fundamentación de los valores democráticos, la administración de recursos, el ‘perfilamiento’ como un patrón, el cambio de perspectiva y la historia.
¿Cuál sería la causa principal de que se haya llevado este ‘perfilamiento’ aún en contra de los valores militares? La respuesta, hipotética va en la dirección de la doctrina y, específicamente, los rezagos doctrinales históricos. ¿Cómo se explica este fenómeno?
El Ejército Nacional colombiano en las últimas seis décadas ha tenido dos influencias fundamentales en la formación de su doctrina: La doctrina de seguridad nacional, creada de una manera criolla, pero con una importante influencia de Estados Unidos generada a partir de los entrenamientos y la orientación política del país; y la denominada Doctrina Lleras Camargo, la cual ha llevado a que los militares asuman la seguridad y la defensa como una tarea propia, sin ningún tipo de control efectivo por parte de las instituciones civiles. Ambas doctrinas han transmutado en la actualidad -especialmente a partir de la trasformación que ha significado la doctrina Damasco- y han buscado ser remplazadas; no obstante, su implementación sigue vigente en algunos sectores ortodoxos militares.
¿Por qué la doctrina es la principal explicación a este fenómeno? Lo primero que se debe señalar es que hay un patrón en cuanto a que el ejecutivo (hasta que no se demuestre lo contrario) no tenía conocimiento de los movimientos ejecutados por inteligencia. Tal y como ocurrió en el 2014, cuando el entonces presidente Juan Manuel Santos estallo en cólera ante la recopilación de información de los negociadores de la Habana. Por su parte, el presidente Duque ha alegado el desconocimiento de esta maniobra; lo cual, muestra el actuar del Ejército por fuera de la línea de mando establecida, siendo no solo grave por las instrucciones a manejar y la responsabilidad que se ve implicada, sino también por el desconocimiento de las instituciones democráticas en el país.
El hecho de que el Presidente no tenga el control sobre una de las unidades más importantes militares, como son la unidad de inteligencia y contrainteligencia, así como de herramientas de punta como la ciberinteligencia, lleva a pensar en la obediencia que tienen los militares en una operación como la desenmascarada. No se trata de cualquier unidad militar, sino de una de las más avanzadas, con mayor presupuesto, tecnología de punta y un alto manejo de información confidencial del Estado, lo cual es más que discutible. Asimismo, de estar implicada, como podría ser, una autoridad civil como última cabeza a la que llegaba la información, significaría una mancha y deshonra para el uniforme del Ejército Nacional, dado que ellos responden por línea de mando al ejecutivo, que desconocía estos hechos.
Pero, bajo el supuesto de que no se encontrara ninguna autoridad civil implicada, alertaría aún más el hecho de que los militares de forma autónoma definieran sus objetivos en la unidad de inteligencia y contrainteligencia. Los militares no pueden separarse de los órganos civiles para llevar actividades de este talante, y menos que recopilen información confidencial de las personas violando su privacidad -en este aspecto el Ejército cuando actúa de manera autónoma tiende a generar violaciones de derechos humanos y a justificar los medios por los fines; ejemplo de ello es que dentro de los perfilados se encuentren periodistas, cuya derecho a la libre expresión se puede ver coartado, así como su papel en un entorno democrático-. Este rezago en el orden de mando sería una herencia distorsionada de la Doctrina Lleras, la cual debería ser borrada y enfatizar el control jerárquico desde las autoridades civiles y democráticas, a las castrenses.
Por otra parte, se encuentra la preocupación por el cambio de perspectiva y el perfilamiento a personas específicas. Esta maniobra no se había ejecutado de una manera tal que permitiera recolectar todos los datos de las personas señaladas, así como el uso de la cibernética agregada en el Ejército para estas tareas. La pregunta es: ¿A qué se debe este cambio de perspectiva?
Para responder se tiene que afirmar es que se puede rastrear un patrón en las “chuzadas” y recolección de información de manera ilegal por el Ejército y las instituciones de seguridad en general. Este patrón se lleva bajo los términos ideológicos de la institución -generados a partir de la doctrina de seguridad nacional-, la cual se ha orientado de forma histórica a seguir los dictámenes de la ‘derecha’ y perseguir todo lo que pudiera considerarse de ‘izquierda’, en la idea de un enemigo interno. Pese a que es evidente que el sector castrense ha tenido un cambio paradigmático al respecto, buscando orientarse a la seguridad con indiferencia de los tintes políticos que ésta represente.
Sin embargo, tal y como ocurrió con las ejecuciones extrajudiciales (mal denominadas “falsos positivos”), existen sectores dentro de la institución que son reacios al cambio y siguen siendo orientados por principios castrenses de décadas anteriores. Estos sectores suelen mancillar la imagen de la institución y manchar el uniforme, siendo un ejemplo de ello el presente caso, teniendo en cuenta el grado de conocimiento que tenían los oficiales de dicha operación, según lo establezcan las investigaciones.
En ese orden de ideas, también hay que contar con el impacto del proceso de paz en el cambio de imagen militar. El enemigo interno principal de la mentalidad militar -las FARC- había desaparecido como grupo armado, lo cual implicaba tener una nueva perspectiva en cuanto a sus funciones. Se debe esperar por parte del sector militar un mayor profesionalismo y neutralidad en este nuevo periodo de paso de las armas a la democracia, antes que un intento de buscar ese enemigo dentro del debate político -como pareciera demostrarse en los perfiles de periodistas, políticos y directores de ONG’s-.
Este tipo de operaciones atenta claramente contra los valores democráticos en varios sentidos: El no acatamiento de la línea de mando y el irrespeto de las autoridades civiles -con el Presidente a la cabeza como comandante de la Fuerza Pública-, la violación de la privacidad de algunos ciudadanos -dentro de ellos políticos de la oposición-, el seguimiento a la prensa -especialmente aquella que ha sido crítica respecto a los militares-, el incumplimiento de valores y principios castrenses, así como la infracción de la misión consagrada de forma constitucional. El Presidente y su Ministro de Defensa deberían profundizar en acciones inmediatas, junto con los órganos de control, para establecer una hoja de ruta a seguir respecto a este hecho. Ninguna sociedad democrática puede permitirse que atenten en contra de su sistema político, y menos instituciones destinadas a su protección.
De igual manera, este no solo representa un acto de violación de derechos, de rompimiento de la integridad militar, un peligro para la democracia y las instituciones establecidas -con su respectiva línea de mando-; sino también un acto de corrupción por el uso indebido de recursos para el ‘perfilamiento’ de personas que no se encuentran dentro de los objetivos militares o que pudieran ser consideradas como una amenaza para la seguridad nacional. Se hace necesario que la sociedad y la autoridad civil tengan un mayor control a las acciones de la institución castrense, teniendo en cuenta que es necesario que éstos conozcan cualquier tipo de operación de importancia como la que se estaba efectuando.
No obstante, las anteriores críticas no implican desconocer el proceso que ha llevado el Ejército y la profesionalización de sus unidades. Por el contrario, la doctrina ha sido uno de los puntos focales desde el año 2011 en la reorganización del entorno castrense, teniendo avances significativos que llevan a que las Fuerzas Militares cuenten con un gran prestigio social. Pero, es necesario que las autoridades civiles presten atención a este tipo de situaciones dado que afectan las estructuras institucionales del país, así como cuestiona las capacidades del ejecutivo.
El Ejército tiene que continuar con su proceso de transformación en torno al siglo XXI, dejando de lado las doctrinas que ejecutaba hace algunas décadas, y poniendo en consideración su modernización como proceso fundamental. La doctrina tiene que dejar de justificar acciones militares que se encuentran por fuera de la ley, que van en contra de las instituciones democráticas y que vulneran la imagen del sector castrense. Esto sin tener en cuenta los escándalos desatados el año pasado por el llamado “retorno de los falsos positivos”, así como actos de corrupción y de violencia; los cuales debilitaron la imagen del militar colombiano. Los militares son fieles a su institución, llevan con orgullo el uniforme y se han ganado un espacio en el entorno colombiano; sin embargo, para continuar de esa manera es necesario que honren a su patria y respeten a sus instituciones civiles y su sociedad; dejando de manera enfática cualquier comportamiento que no se encuentre de acuerdo a ellas, eliminando la ortodoxia -la institución militar, al igual que las otras, es dinámica- y restableciendo el honor militar.
Tomado de Revista Sur
