Un campesino herido por una mina antipersonal, un excombatiente de las Farc asesinado y cerca de 1.500 indígenas de siete comunidades confinados en sus territorios. En Dabeiba (Antioquia), el inicio de 2020 ha dejado a varios de sus habitantes la sensación de que la guerra está arreciando en el municipio antioqueño que ya lleva a cuestas un pasado de violencia. La motivación es ahora la misma del conflicto de hace 20 años, cuando las Farc y el bloque Élmer Cárdenas de las Autodefensas Unidas de Colombia dominaban la zona: controlar las rutas del narcotráfico que conectan a esta región con los departamentos de Córdoba y Chocó, por un corredor al que se conoce como el Cañón de la Llorona.
De acuerdo con la Unidad Investigativa del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), la situación actual de Dabeiba es la suma de factores económicos, de interconectividad y de disputas territoriales entre grupos armados ilegales. Se trata de un punto estratégico para las comunicaciones entre los departamentos de Chocó, Antioquia y Córdoba, y al mismo tiempo es clave en términos de recursos, pues, al igual que en los municipios vecinos de Mutatá y Frontino, hay una importante cantidad de minas de oro, una característica que, además de hacerlo atractivo para compañías mineras multinacionales, lo convierte en un territorio ideal para el control de grupos armados al margen de la ley.
Desde la desmovilización de las Auc y la dejación de armas de las Farc, el Clan del Golfo ha mantenido el dominio sobre el municipio, pero el escenario se ha vuelto más complejo con la llegada de grupos de disidencias de las Farc que vienen de dinámicas violentas en Chocó y paulatinamente se han trasladado hacia el occidente antioqueño. Y los cambios en esta dinámica han golpeado fuertemente a los pobladores de la zona.
El pasado 28 de enero, la Organización Indígena de Antioquia (OIA) denunció que las comunidades de los resguardos Amparradó Alto, Amparradó Medio y Coveñas eran blanco de hostigamientos debido al fuego cruzado entre grupos armados ilegales. “Esto agudizó la zozobra en las comunidades de Amparradó Alto, Amparradó Medio, Amoladora, Cañaveral, Antadó Guabina, Cañaveral Arenera y Genaturadó (Dabeiba), quienes hoy completan 10 días de confinamiento y desplazamiento forzado interno y fuera del territorio ancestral”, señaló entonces la OIA.
El fenómeno se extendió incluso al municipio vecino de Frontino, en donde las comunidades denunciaron desplazamiento en el casco urbano y confrontaciones entre el Eln y el Clan del Golfo. En una alerta temprana emitida el año pasado, la defensora del Pueblo ya había advertido que la presencia y el accionar de estos actores tenían en riesgo a cerca de 3.600 indígenas de la etnia embera eyábida. Y aunque la comunidad insiste en que el problema es creciente, su percepción sobre lo que sucede en el territorio difiere de la que han expresado públicamente las autoridades locales, que insisten en que no ha pasado nada.
El alcalde de Dabeiba, Leyton Urrego, le aseguró a El Espectador que las denuncias y los supuestos enfrentamientos en la zona, son solo rumores: “Esto lo llegan a confundir con cualquier casito aislado de delincuencia común, que es algo normal”, precisó.
El mandatario, que llegó al poder con el apoyo del partido Farc y bajo la premisa de apostar por la paz a través de la reconciliación entre los dabeibanos, no esconde su escepticismo ante las denuncias de los indígenas y sobre lo que acontece en las dinámicas de los grupos armados ilegales en su municipio. “No tenemos presencia del Eln desde hace años”, sostuvo, además de ratificar que no se van a pronunciar desde su administración hasta tener datos concretos.
El pasado fin de semana se realizó en Dabeiba un consejo de seguridad entre la Alcaldía y altos mandos del Ejército y de la Policía, donde concluyeron, según Urrego, que “no hay testigos ni versiones verídicas de que esto haya sucedido”. La próxima semana va a ir una comisión indígena a confirmar sus versiones, concluyó.
Jesús Álvarez, consejero de políticas de territorio de la OIA, atribuye este problema de orden público a la localización geográfica de los resguardos. “Nuestras comunidades están en la selva y el alcalde actúa desde un desconocimiento de la situación. Desde el casco urbano no se ve nada, están a dos o tres días de camino, y los indígenas están atemorizados porque no pueden ir por sus racimos de plátano o sus frutos en general. Lo que se vive es una manera de tenernos atados en nuestro propio territorio”, denunció.
Al consejero le preocupa que en esta zona de Antioquia haya un escenario de este tipo, porque, señala, hay confinamientos por disputas territoriales a pesar de afirmar que “esto es selva y acá no hay ni de casualidad cultivos de coca”.
“Hay temor a la hora de denunciar. La situación en el resguardo Cañaveral es crítica y sufrimos ahora y desde las minas antipersonales que fueron activadas el 18 de diciembre pasado, mediante las cuales uno de nosotros falleció y otro se pudo recuperar en su resguardo”, explicó Álvarez.
El líder insiste en que la gente de las comunidades no se puede mover a ningún lado y que desde el episodio de las minas antipersonales, los grupos armados les indicaron a los indígenas que “el que salga a dar información se muere”.
La OIA, a su vez, cree que las ayudas de nivel nacional, como el aumento de pie de fuerza y la llegada de tropas del Ejército, son insuficientes y transitorias para un problema que tiene orígenes más complejos. “Los militares pueden venir, duran 15 días y después de eso solo quedamos nosotros”.
Tomado de El Espectador
