Nicolás Alviar, abogado de Cotech-Taxis Libres y quien lideró el proceso que llevó a la orden de cese de operaciones de la plataforma en Colombia, asegura que la app tampoco cumple las condiciones para intermediar en el arrendamiento de vehículos.
La entrada de Uber de nuevo al mercado colombiano tomó por sorpresa a prácticamente todo el mundo: usuarios, reguladores y también a los taxistas. Este gremio, mediante una demanda de Cotech-Taxis Libres logró que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) fallara a su favor y decretara el cese de operaciones de la plataforma de transporte en diciembre pasado.
En la mañana de este jueves Uber anunció que volvía a operar en Colombia mediante nuevas categoría de servicios (que en algunos casos se parecen mucho a las que manejaba anteriormente) y modificando el modelo de relación entre usuarios, conductores y plataforma. Ahora, cada viaje será considerado como un contrato de arrendamiento entre usuario y conductor.
Sobre este contrato, la empresa explicó que “sirve para que tú como arrendatario asegures que deseas alquilar un carro con conductor por un periodo de tiempo, haciendo uso de la tecnología que como portal de contacto aportamos. Es una formalidad entre ambas partes. Todos los contratos se terminan cuando llegas al destino elegido. Si quieres volver a alquilar otro carro, se genera otro contrato y listo».
Nicolás Alviar es el abogado que representó a Cotech-Taxis Libres en el proceso contra Uber y para él el restablecimiento de los servicios de Uber es un “incumplimiento” del fallo en contra de la plataforma. “Conocimos el comunicado esta mañana muy temprano y desde esa hora lo estamos analizando. Lo que ocurre es que ellos se están metiendo en un campo en el que no deberían y es el tema de arrendamiento de vehículos», señaló Alviar en diálogo con El Espectador.
«Traduciendo el comunicado, lo que ellos están diciendo es ‘mire, yo ya no estoy intermediando en el servicio de transporte, sino que estoy intermediando en el servicio de arrendamiento de vehículos’. Hay muchas empresas que hacen este arrendamiento, como Localiza, por ejemplo», dice el abogado.
Para Alviar “esa actividad es ilegal de todas maneras porque, para mí, es la estrategia comercial y jurídica más ingenua, que nosotros no pensamos que lo fueran a hacer por lo ingenuo y uno se sorprende: es cambiarle el nombre a los servicios y funcionar así. Y argumentar que la sentencia decía ´deje de operar con estos servicios, Uber X, Uber Van, Uber en general´, pero ahora le cambio los nombres y no voy a ser el servicio de intermediación entre conductor y pasajero, sino el intermediario entre arrendador y arrendatario. Nosotros lo habíamos contemplado y decíamos que es la solución más ingenua y sencilla para evadir el fallo. Pero si lo hacen estarían cayendo en el error de montar una figura jurídica y comercial para abstenerse de cumplir el fallo”.
De acuerdo con Alviar, la aplicación de la figura de arrendamiento tampoco es posible en el caso de Uber, pues, según él “para arrendar vehículos hay una ley, que es la ley 300. Si uno quiere arrendar vehículos, toda la flota tiene que ser propia. Cuando uno va a esas empresas y dice ‘yo quiero arrendar un carro’, ese vehículo es propiedad de la empresa que lo está arrendando. Y esa misma ley dice que si uno quiere arrendar vehículos de terceros, ya no es una empresa de arrendamiento de vehículos, sino es una empresa de arrendamiento de transporte y tiene que constituirse así”.
¿Hay evasión del fallo?
Sí. Les expliqué a los directivos de Cotech-Taxis Libres que cuando se habla de fraude a resolución judicial, o sea de incumplir un fallo, el Código Penal dice “…el que por cualquier medio se abstenga de cumplir las obligaciones impuestas en una orden judicial”. Yo les decía que es traducirlo a lo que está pasando: Uber, al inventarse el cambio de nombre, se está inventando un medio para incumplir o para abstenerse de cumplir la orden de suspensión de servicios que le dio la Superintendencia el 20 de diciembre (2019). Ese comunicado es más contraproducente para ellos porque es la prueba reina de que ellos se inventaron un mecanismo para excusarse o abstenerse de cumplir la orden judicial como se lo ordenaron.
Ustedes denunciaron a los directivos precisamente por fraude a resolución judicial, ¿van a ampliar esa denuncia?
Nosotros radicamos la denuncia a mediados de enero. Eso ya se lo asignaron al fiscal de conocimiento. Ya fuimos y hablamos con el fiscal y nos dijo que le aportáramos las pruebas. Creo que ese comunicado es la prueba más idónea que vamos a aportar. Lo que sigue es, con este comunicado, ir a la Fiscalía, ampliar la denuncia y radicar este documento como prueba del incumplimiento de las órdenes judiciales. Eso lo haré hoy o mañana.
¿Han pensado en aliarse con empresas de arrendamiento de vehículos para demandar por libre competencia?
Se abre esa posibilidad. No lo hemos hecho. Pero, claro, esa posibilidad se abre.
Tomado de El Espectador
