San Salvador, 25 de noviembre de 2021.- El Salvador sigue sin tener políticas «reales» para abordar la violencia contra la mujer en todas sus modalidades, entre ellas el feminicidio cuya alza de casos reportada a septiembre pasado es reflejo de lo anterior, dijo a Efe Silvia Juárez, experta en derechos humanos.
El Salvador cerró el tercer trimestre de 2021 con un aumento del 31,25 % en los casos, en comparación con el mismo lapso de 2020, según las cifras arrojadas por la Policía, Fiscalía y Medicina Legal consultadas por Efe.
De acuerdo con los datos, centralizados en el sitio seguridad.gob.sv, entre enero y septiembre de 2021 se perpetraron 63 feminicidios, 15 más que en el mismo lapso del 2020, cuando se registraron 48.
«La alza tiene que ver mucho con que no se implementan políticas reales que eviten estos casos y que se favorezca, incluso, la impunidad de los hechos que se comenten de violencia contra las mujeres», comentó en una declaración telefónica la coordinadora del programa de Derecho a una Vida Libre de Violencia de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa).
El feminicidio es parte de la violencia contra la mujer, fenómeno que, de acuerdo con la experta en derechos humanos, se debe entender como «toda acción o conducta que por propósito o por resultado afecte cualquier ejercicio de derechos de una mujer».
«En general, cada vez que se le impide a una mujer ejercer un derecho estamos ejerciendo violencia contra ellas», subrayó.
En América Latina, las tasas más elevadas de feminicidio se registraron en Honduras (4,7 por cada 100.000 mujeres), República Dominicana (2,4 por cada 100.000 mujeres) y El Salvador (2,1 por cada 100.000 mujeres), según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
DISCURSO QUE MINIMIZA LA PROBLEMÁTICA
Actualmente, apuntó Juárez, existe en El Salvador un «debilitamiento de los servicios públicos de atención a la violencia contra la mujer» y «un discurso que suele minimizar o relativizar la experiencia de las mujeres».
Lo anterior «pone en evidencia que el problema de la violencia contra las mujeres no es una prioridad en el país a todos los niveles», indicó.
También existe una «significativa desproporcionalidad entre lo presupuestado por el Estado para un problema de grandes dimensiones y lo que finalmente se ejecuta del presupuesto para atenderlo».
En el Parlamento, enfatizó, «no se ha avanzado en la revisión de normativas y decisiones de alto nivel para una inversión pública que favorezca la igualdad o que favorezcan la erradicación de la violencia contra las mujeres».
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aseguró recientemente que El Salvador «continúa siendo el país con mayor número de asesinatos de mujeres en la región» y ve con preocupación la «elevada prevalencia» de la violencia contra las mujeres, especialmente la sexual, y en particular, su afectación en niñas y adolescentes.
La violencia contra mujeres y niñas es una violación grave de los derechos humanos. El derecho de las mujeres a vivir sin violencia está recogido en acuerdos internacionales. En el ámbito mundial, solo el 40 % de las mujeres busca ayuda tras sufrir violencia, lo que obliga a las instituciones a promover políticas de prevención y ayuda.
EFE
