El Senado brasileño renueva el mandato del Fiscal en medio de un conflicto de poderes

FECHA:

Brasilia, 24 ago – El Senado brasileño renovó este martes por dos años el mandato del fiscal general, Augusto Aras, en medio de un serio conflicto de poderes que enfrenta al Gobierno de Jair Bolsonaro con la Corte Suprema y el Parlamento.

La continuidad de Aras, que asumió el cargo en 2019 propuesto por Bolsonaro, fue promovida por el propio jefe de Estado, a pesar de que es objeto de diversas investigaciones que tienen a la Fiscalía General como responsable y son coordinadas por la Corte Suprema.

Aras fue primero interrogado por la Comisión de Constitución y Justicia del Senado y la renovación de su mandato fue luego aprobada por el pleno de esa cámara legislativa, con 55 votos a favor, 10 en contra y una abstención.

Durante su comparecencia ante la comisión, Aras rechazó que esté «alineado» con Bolsonaro, como sostiene la oposición, y señaló que Brasil vive un momento de polarización «acentuada y gravísima», a lo que atribuyó el denso clima político que vive el país.

Sin embargo, argumentó que su función al frente de la Fiscalía no es «comportarse como comentarista político» y que en las acusaciones que han sido presentadas contra Bolsonaro el Ministerio Público debe «analizar los hechos y no a las personas».

Aras llegó a ser denunciado formalmente ante la Corte Suprema por una supuesta «omisión» frente a acusaciones presentadas contra Bolsonaro ante la Fiscalía General, que es responsable por tramitar procesos o investigaciones en torno a jefe de Estado en ejercicio.

«El presidente acusa de fraude, sin pruebas, al sistema electoral brasileño; intimida al Congreso con tanques en las calles; estimula aglomeraciones y contraría medidas sanitarias de combate a la covid; amenaza a la Corte Suprema», decía la demanda, que acusaba a Aras de «desidia» y de «permanecer inerte» antes esos hechos.

Sin embargo, esa acción, intentada por los senadores Fabiano Contarato, del partido ecologista Rede, y Alessandro Vieira, del centrista Ciudadanía, fue rechazada por el magistrado Alexandre de Moraes, de la Corte Suprema, por falta de «indicios suficientes».

De Moraes es responsable de investigaciones contra Bolsonaro que tramitan en el Supremo, frente a lo que el líder de la ultraderecha ha respondido con un polémico e inédito pedido al Senado para que evalúe su destitución como magistrado del tribunal.

Ese pedido se enmarcó en un creciente conflicto institucional desatado por grupos de ultraderecha que desde hace más de un año exigen una «intervención militar» para «cerrar» tanto el Parlamento como el Supremo, pero manteniendo a Bolsonaro en el poder.

Esos grupos, alentados por el gobernante, han convocado para el próximo 7 de septiembre, en ocasión del día de la Independencia de Brasil, manifestaciones en todo el país contra el Parlamento, la Corte Suprema y la Justicia electoral.

Esta última se sumó a los objetivos del bolsonarismo tras una fuerte campaña de descrédito que el gobernante mantuvo contra el sistema de voto electrónico que Brasil usa desde 1996, sobre el cual sostiene que propicia fraudes, pese a que admite no tener una sola prueba que pueda demostrarlo.

EFE

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