Washington, 5 de febrero de 2024.- El Senado estadounidense divulgó un férreo proyecto de ley bipartidista de control fronterizo, considerado ya por algunos políticos y grupos proinmigrantes como un regreso a la fallida política migratoria del expresidente Donald Trump (2017-2021).
La iniciativa, dada a conocer la noche del domingo, aseguraría recursos para Ucrania e Israel, que es un tema no relacionado con inmigración, y permitiría además al presidente de la nación, Joe Biden, cerrar efectivamente la frontera cuando los cruces sean elevados.
Sin embargo, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, se ha opuesto ya a la propuesta y advertido que estará «muerta» cuando llegue a esa cámara.
La propuesta asigna 20.300 millones de dólares para atender la crisis migratoria e incluye la autorización para que el gobierno expulse a los extranjeros cuando el número de aquellos que cruzan la frontera supere los umbrales diarios establecidos.
El plan fue elaborado por los senadores James Lankford, Chris Murphy y Kyrsen Sinema, republicano, demócrata e independiente, respectivamente.
La asignación de recursos para lidiar con la crisis migratoria es parte de un programa de 118.280 millones de dólares que incluye 60.060 millones de dólares en asistencia a Ucrania, y 14.100 millones de dólares en ayuda a Israel.
Se necesita el apoyo de 60 senadores en un voto de procedimiento fijado para el miércoles.
Claves de la propuesta
El plan pone fin a la práctica conocida como «detención y liberación», bajo la cual los migrantes indocumentados que llegan a la frontera y se presentan a las autoridades pidiendo asilo, son dejados en libertad a la espera de una audiencia ante un juez de inmigración.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) estará autorizado a suspender los ingresos de migrantes en la frontera cuando la cifra diaria de detenciones supere el promedio de 4.000 en una semana.
Pero si la cifra supera el promedio diario de 5.000 ingresos durante una semana o el umbral de 8.500 en un día el DHS deberá aplicar la expulsión de migrantes.
Este permiso para que el gobierno federal expulse a los migrantes estará limitado a 270 días durante el primer año de vigencia del plan, 225 días en el segundo año, y 180 días en el tercero.
Una vez que el promedio de ingresos ilegales disminuya en un 75 %, el DHS tendrá un plazo de dos semanas para suspender el uso de esa autorización de emergencia.
El plan asigna 650 millones de dólares para la construcción o el mejoramiento de barreras físicas en la frontera, incrementa sustancialmente la capacidad para alojar migrantes detenidos y asigna 4.000 millones de dólares para la contratación de más personal dedicado al procesamiento de los pedidos de asilo.
Asimismo hace más estrictos los criterios para la aprobación del asilo para migrantes que alegan que huyen de persecución y amenazas por razones de raza, religión afiliación política o porque sean miembros de un grupo discriminado.
En el marco de la propuesta los migrantes deberán demostrar durante la entrevista inicial que tienen una posibilidad razonable de que se les conceda el asilo. Los críticos del plan sostienen que esto podría hacer más difícil que los solicitantes pasen el examen.
Los migrantes que tengan antecedentes criminales, que se hayan radicado en otro país o que tengan la posibilidad de sentirse seguros si se hubiesen asentado en otra parte de su país de origen, no podrán solicitar asilo en Estados Unidos.
El plan hace expedito el trámite de los pedidos de asilo, que ahora dura años, y lo constriñe a seis meses.
En el caso de los migrantes que sean detenidos después de haber cruzado la frontera por sitios que no sean los puertos de ingreso, serán procesados de manera expedita dentro de 10 a 15 días, y los que soliciten asilo quedarán detenidos a la espera de una audiencia inicial.
En el caso de los migrantes que sean aprobados en la audiencia inicial se les otorgará temporalmente un permiso de trabajo y quedarán dentro de un programa de supervisión hasta que se resuelva su pedido de asilo en un período de 90 días.
El plan limita la autoridad del Gobierno en el otorgamiento de amparos migratorios temporales humanitarios (parole en inglés). El presidente Biden ha usado esta autoridad para beneficio de ucranianos, afganos, cubanos, venezolanos y haitianos.
Por otra parte asigna unos 1.400 millones de dólares para albergues y otros programas en ciudades y estados que han recibido migrantes en gran número, y autoriza 50.000 visas para inmigración relacionada con el empleo y la familia en cada uno de los próximos cinco años.
EFE
