San Salvador, 14 septiembre.– La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador está cerca de resolver un recurso de casación que busca anular la orden judicial de reabrir el proceso penal por la masacre de seis padres jesuitas y dos mujeres en 1989, dijo a la prensa este lunes el magistrado Leonardo Ramírez Murcia.
«El caso está, digamos, próximo a ser resuelto», indicó el juez de la Sala de lo Penal, quien manifestó que «una serie de incidentes» retrasó el proceso.
Esto en referencia a dos recursos de recusación contra él y la magistrada Doris Luz Rivas, mismos que debió resolver el pleno de la Corte Suprema.
El Supremo decidió separar a Rivas del proceso, por lo que un magistrado suplente ocupará su lugar, y mantener a Ramírez Murcia.
«Eso ha llevado un poco de tiempo» y «están elaborándose los argumentos por cada uno de los magistrados que integran la Sala de lo Penal y espero que próximamente podamos estar juntando las posiciones», añadió el juez de lo Penal.
Señaló que «tenemos que hacerlo lo más luego posible», pero que «la Sala ha sido integrada recientemente» y el magistrado suplente debe conocer el fondo del caso.
Ramírez se abstuvo de dar detalles sobre los argumentos presentados por la defensa de los militares vinculados con la autoría intelectual del crimen.
La reciente condena de 133 años contra el exviceministro de Seguridad Inocente Montano en España por el asesinato de los cincos religiosos originarios de ese país ha reavivado las discusiones en El Salvador de la urgencia de reactivar el proceso local.
Una corte de paz salvadoreña, a raíz de la anulación de una ley de amnistía de 1993 y a petición de la Universidad Centroamericana (UCA), ordenó reabrir el proceso, pero los recursos presentados por la defensa han retrasado el comienzo de las diligencias de la Fiscalía.
El fiscal general de El Salvador, Raúl Melara, pedirá a la Audiencia Nacional española una copia certificada del fallo contra Montano para «obtener más información» aportada por los testigos.
En el juicio que enfrentó en España Montano, y cuya resolución fue dada el pasado viernes, testificaron Lucía Cerna y el teniente retirado Yusshy Mendoza, entre otros.
Cerna es la única testigo ocular del asesinato, quien tuvo que salir de El Salvador tras los asesinatos, y Mendoza fue condenado en este país a 30 años de prisión en un juicio que para la Justicia española fue simulado.
La madrugada del 16 de noviembre de 1989, en medio de la mayor ofensiva guerrillera registrada durante la guerra civil salvadoreña (1980-1992), un comando de soldados de elite mató a los religiosos en el campus de la Universidad Centroamericana.
Los jesuitas asesinados fueron los españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López y Juan Ramón Moreno. También murieron junto a ellos los salvadoreños Joaquín López (sacerdote), la empleada doméstica de la universidad Julia Elba y su hija Celina Mariceth Ramos.
EFE
