El Supremo de El Salvador ordena frenar «acoso» de policías contra escuela

San Salvador, 8 mar– La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador ordenó a las autoridades de la Policía de una localidad del centro del país el «cese inmediato» de las «injerencias injustificadas» a la libertad de estudiantes y empleados de una escuela, a la que supuestos agentes señalan de dar becas a «hijos de pandilleros», según la resolución dada a conocer este lunes.

Dicha orden fue dada en una resolución de hábeas corpus en la que el demandante, cuya identidad no fue revela, denunció que los estudiantes y personal de una escuela en la central localidad de Zaragoza «son acosados» por elementos de la Policía Nacional Civil (PNC).

De acuerdo con el fallo, los agentes han abordado en diferentes ocasiones, entre junio de 2017 y diciembre de 2019, a estas personas con los rostros cubiertos, armados y sin la indumentaria que permite identificarlos.

Esta persona y los testigos aseguraron a los jueces que al menos tres agentes de la PNC los «interrogaban» por ser empleados de la escuela, perteneciente a una fundación, y «les hacían revisiones exhaustivas» tras bajarlos de los vehículos de la institución.

«Los tiraban al suelo y les decían que eran pandilleros y que ellos eran quienes protegían a los pandilleros, e incluso a él lo habían encañonado (apuntado con arma de fuego)» y «los acosos eran cotidianos», según el relato expuesto en el fallo.

Los jueces concluyeron que «es posible inferir que las actuaciones que han sido denunciadas han sido realizadas por agentes policiales pues los testimonios son coherentes y concordantes».

Añadieron que los testimonios son «suficientemente detallados en cuanto al uso de armas de fuego y distintivos de la corporación policial tales como uniformes policiales y patrullas, e incluso la utilización de gorros navarone».

«Las actuaciones de los agentes de la PNC que se han acreditado tienen por objeto intimidar a dicho personal y alumnos bajo el argumento de que estos colaboran con grupos pandilleriles de la zona o pertenecen a ellos», señala la resolución.

La resolución fue notificada al director de la PNC, Mauricio Arriaza; al fiscal general, Raúl Melara, e Inspectoría General de Seguridad Pública «para que investiguen la posible comisión de delitos».