Lima, 3 de marzo de 2025.- El expresidente peruano Pedro Castillo se unirá este martes a la lista de exmandatarios del país andino que se sientan en el banquillo de los acusados, en su caso para responder por el presunto autogolpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, suceso por el que el Ministerio Público pide 34 años de prisión.
Este martes a partir de las 9.00 (14.00 hora GMT), la Sala Penal Especial de la Corte Suprema instalará la audiencia del juicio oral contra Castillo, acusado de cometer los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.
La sesión se adelantará en la sala de audiencias de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales de la Policía Nacional (Dinoes), contigua al penal de Barbadillo, donde el expresidente cumple prisión preventiva desde el 7 de diciembre de 2022.
Se tiene previsto que en esta primera audiencia, que durará cuatro horas, se instale el juicio, y según el tiempo disponible, se podrían iniciar los alegatos de apertura por parte de la Fiscalía.
Las audiencias serán virtuales y presenciales, y se realizarán los martes, jueves y viernes.
Además de Castillo, hay otros seis procesados más por este caso; Betssy Chávez, quien era la presidenta del Consejo de Ministros en el momento del presunto autogolpe, Willy Huerta Olivas, quien era ministro del Interior, y Aníbal Torres Vásquez, ex primer ministro y quien ocupaba el cargo de asesor.
Los otros tres acusados son tres exoficiales de la Policía Nacional, Manuel Lozada, Justo Venero y Eder Infanzón, quienes también están señalados de ser coautores del delito de rebelión.
A Castillo lo destituyó el Congreso poco después de que el 7 de diciembre de 2022 diera un mensaje televisado en el que anunció su intención de cerrar el Congreso, intervenir la Judicatura y convocar a una asamblea constituyente.
En respuesta, se le destituyó por «permanente incapacidad moral» y luego fue detenido por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), por lo que desde entonces permanece en prisión mientras se procesa por el presunto delito de rebelión y también afronta otros casos de presunta corrupción.
Desde que ingresó en el penal de Barbadillo, la defensa de Castillo ha presentado numerosas solicitudes y demandas de amparo para anular la medida de prisión preventiva, pero todas han sido rechazadas por la Justicia, que ha reiterado que persiste el peligro de fuga del acusado.
El expresidente, que ganó las elecciones presidenciales de 2021, ha defendido en las audiencias que su destitución y arresto fueron ilegales y que su mensaje no fue de un golpe de Estado puesto que no hubo un levantamiento armado.
También ha señalado que después de su pronunciamiento, se dirigió a la Embajada de México para que su familia estuviera a salvo, pero no para fugarse.
EFE