La crisis ya había sido advertida desde hace por lo menos cuatro meses. En dos alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo a finales de 2018 quedó consignado el riesgo que corría la población civil de los municipios de Tierralta, Montelíbano y Puerto Libertador (Córdoba), por la presencia de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y el enfrentamiento con estructuras armadas compuestas por disidencias de las Farc, que se autodenominaron Nuevo frente 18 -Román Ruiz- Cacique Coyará de las Farc. Por eso el desplazamiento masivo que desde hace una semana se registra en las veredas Santa Rosa, La Flecha, Rogero, Río Sucio, Santa Bárbara y Soledad, del corregimiento Juan José -zona rural de Puerto Libertador- y que obligó a más de 500 familias -alrededor de 1.700 personas- a huir de sus viviendas, era para muchos una tragedia anunciada.
El escenario comenzó a configurarse como consecuencia de la dejación de armas de las Farc que históricamente tuvo control territorial a través de los frentes 5, 18 y 58 en los municipios de Tierralta, Montelíbano y Puerto Libertador.
El nuevo ciclo de enfrentamientos entre las AGC y las disidencia de las Farc se estaría dando en la disputa por los corredores de movilidad entre las cuencas de los ríos Esmeralda y Tigre, en Tierralta, y San Jorge en Puerto Libertador. De acuerdo con la Defensoría, es claro que para los excombatientes de las Farc “la recuperación de sus antiguos territorios de movilidad tiene un especial interés en el actual proceso de reconfiguración y fortalecimiento, lo cual le imprime una lógica de territorialidad excluyente que afecta los derechos de la población asentada allí”.
En el caso puntual de las AGC, su accionar ha representado una afectación más directa contra la población civil por los ejercicios de control territorial. De hecho, en comunidades indígenas como la embera-katío del Alto Sinú hay denuncias de que permanecen en los resguardos. “La convivencia forzada con miembros de las AGC en sus casas de habitación expone a las familias indígenas a las operaciones de registro y control que lleva a cabo la Fuerza Pública en el territorio, a ser sindicados de pertenencia a dichas estructuras armadas y conllevando retenciones de indígenas sin orden judicial”, asegura la Defensoría.
El ya complejo mapa de actores armados en la región lo completan los denominados Caparrapos, un grupo disidente de las Autodefensas Gaitanistas que tiene su mayor punto de concentración en Antioquia y que ha comenzado a extender su poder a otros departamentos cercanos. Con un componente adicional: según fuentes en terreno, los Caparrapos estarían incluso uniendo fuerzas con los grupos de disidencia de las Farc para sacar del territorio a las Autodefensas Gaitanistas.
Y aunque la recomposición de fuerzas se viene cocinando desde finales de 2018, los combates se recrudecieron solo desde enero de este año, a tal punto que todos los días se registran enfrentamientos en la zona.
“Antes de diciembre de 2018 los Caparrapos estaban concentrados solo sobre La Caucana, es decir, la parte de Antioquia que limita con San José de Uré. Solo había presencia de ellos ahí. Y en la otra zona del sur de Córdoba, lo que era Montelíbano, Puerto Libertador y lo que es Tierralta solo había presencia de los Gaitanistas. Solo estaban ellos en ese territorio”, explica Arnobis Zapata, coordinador de la Asociación de Campesinos del sur de Córdoba.
La ofensiva de los Caparrapos tuvo resultados y en medio de los combates y el pulso por el poder lograron quitarles terreno a los Gaitanistas en San José de Uré, con la perspectiva de lograr conquistar otras zonas del sur del departamento que son protegidas a sangre y fuego por las AGC: “La disputa de ellos por el control del territorio inicia en el Bajo Cauca y se han ido corriendo y ya llegan a Puerto Libertador, quedándose las AGC con los corregimientos y municipios de las partes bajas y en las partes altas de las veredas hacen presencia lo que es disidencias de las Farc y los Caparrapos. Los Gaitanistas no quieren perder la zona rural e intentan recuperarla. Ahí es donde se generan los combates”.
Las comunidades, entretanto, reclaman una presencia estatal más allá de lo militar. Aunque también tenían expectativa porque desde diciembre del año pasado se anunció la activación de la Fuerza de Tarea Aquiles con el propósito de combatir la criminalidad en el Bajo Cauca, aunque en la práctica no hay presencia contundente de la Fuerza Pública en las zonas más críticas de la región: “El Gobierno está haciéndose el ciego frente a esa situación y permite que se den los combates”, aseguran los pobladores.
Mineras, en el centro
Además de esta disputa violenta por controlar el territorio, hay otras preocupaciones. “La guerra no es por la coca, porque aquí se arrancó”, asegura de manera categórica Andrés Chica, líder social y defensor de derechos humanos del sur de Córdoba. Según explica, en los municipios de Puerto Libertador, Montelíbano y San José de Uré hay 2.600 familias comprometidas con el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), que a pesar de las dificultades ha logrado que los campesinos erradiquen voluntariamente sus cultivos de coca.
Así lo certifica la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) -encargada del monitoreo del PNIS- que para dichos municipios estableció en diciembre de 2018 porcentajes muy altos de cumplimiento: Montelíbano (100 %), Puerto Libertador (98 %) y San José de Uré (89 %).
Pero aún sin la producción de coca, la zona es geográficamente estratégica. En los últimos años esa región ha tenido un cambio radical de paradigma: de una economía agraria y campesina, la región ha pasado a convertirse en un polo de desarrollo minero-energético, basado en la explotación de carbón, níquel y oro, y recientemente en la exploración de cobre. De hecho, en las últimas mediciones, el níquel, que solo se produce en esta zona del país, ha sido protagonista por encima de otros minerales.
Esa transición, explica una fuente de la Defensoría en la zona, ha traído en sí misma “bastantes distorsiones en las formas de vida de la gente”. Y, además, ha atraído el interés de los grupos armados ilegales de la región ante las grandes rentas lícitas que traen los megaproyectos mineros.
Una de las concesiones mineras más grandes de la zona, y a la que más se refieren los pobladores, está justamente en el municipio de Puerto Libertador. Se trata del proyecto San Matías, que está en etapa de exploración sobre el depósito de cobre y oro El Alacrán, con una extensión de 20.000 hectáreas, operado por Minerales de Córdoba, filial de la empresa canadiense Cordoba Minerals.
Según denuncia Chica, en el corregimiento San Juan -donde está El Alacrán- pobladores han salido desplazados al ser hostigados y amenazados por actores armados ilegales luego de que se opusieran a actividades de exploración minera. “Cuando algún campesino se les alborota con la exploración, al rato, al día siguiente, llegan los actores armados (ilegales) y confrontan a la persona con dos objetivos: o permiten que se continúe la exploración o se tienen que ir del territorio”.
Situación que reafirma Israel Aguilar, indígena zenú del corregimiento San Juan, quien por 17 años fue el gobernador mayor del resguardo zenú del Alto San Jorge y es un reconocido líder social en el sur de Córdoba. Según dijo, esa es una denuncia que ha escuchado ya entre las comunidades.
“Lo que pasa es que la gente tiene miedo de hablar. Más se demora una persona, una organización o un líder en presentar la denuncia, cuando ya los actores armados saben quién es el que está tratando de denunciar”, afirma.
Sobre estos señalamientos, la gerencia de Minerales de Córdoba afirmó que sus actividades en el territorio están siempre cobijadas por estándares internacionales y se realizan en compañía del Ejército. “Nosotros no tenemos nada que ver con los grupos armados que estén en la zona, no tenemos interlocución con ellos. Nosotros no tenemos intención de desplazar a nadie, sino de llegar a un acuerdo con las comunidades. Vamos a construir una mina allá y ellos tendrán que salir de la zona, pero todo a través de un acuerdo, y nosotros los vamos a compensar por ello”.
Es cierto que por el momento no hay certeza de la eventual relación que pueda existir entre los desplazamientos masivos registrados en varias veredas del municipio de Puerto Libertador y la actividad minera en la zona. Sin embargo, una fuente de la Defensoría señaló: “En estos proyectos de minería a cielo abierto o grandes explotaciones es muy costosa la reubicación de la población y se afectan los cronogramas de explotación, por lo cual es mucho más fácil entrar a trabajar a un territorio que esté despoblado”. Por lo pronto, es claro que en Córdoba, como en otras zonas del país, el desplazamiento forzado por el conflicto armado no es una tragedia del pasado.
Tomado de El EspectadorColombia 2020