Los habitantes de la región de Cordillera no sienten que se haya firmado una paz. Historias de asesinatos con sevicia, grupos armados, coca y oro no dan buenos presagios, y menos aun cuando el abandono estatal es evidente.
Cordillera está compuesta por los municipios Cumbitara, Policarpa, Leyva y Rosario. Como en muchas otras regiones de Colombia, es una zona asediada por la violencia y los grupos criminales que la propician. Las economías ilegales y el poder armado de los grupos que la controlan dictan que en la zona haya amenazas, cobro de extorsiones, asesinatos, desplazamientos y desapariciones.
Jesús Ramos, miembro de la Junta de Acción Comunal del El Ejido, del municipio de Policarpa, dice que “la paz no la han encontrado”. Que “los grupos (armados) siguen siendo los mismos, y que antes han llegado “más grupos”. También dice que los jefes de las facciones han cambiado con el tiempo, pero que su poder se mantiene.
Son 10 los grupos que en el momento delinquen en esta zona de Nariño, de acuerdo con las autoridades. Los principales son las Autodefensas Gaitanistas de Colombia -comandadas por alias Cucaracho y alias El Muelas-, el Frente Estiven González de las disidencias de las Farc y miembros del ELN. Entre estas facciones hay guerra territorial y por el control de las economías ilícitas del narcotráfico y la minería ilegal.
No obstante, reportes de la Defensoría del Pueblo han dejado ver que en ocasiones han surgido unas “alianzas de no agresión” entre distintos grupos. Las alianzas incluirían pactos para frenar la guerra entre ellos con el fin de no arriesgar las ganancias de sus negocios, que desarrollan de manera paralela al margen de la Ley.
Parte de estas condiciones que asolan a Cordillera, dicen las comunidades, responde a un abandono estatal. Con esto coincide Camilo Romero, quien como gobernador de Nariño opina que “da dolor patrio que el valor del territorio, tanto estratégico como geográfico, lo tenga la criminalidad y no el Estado. Esta es la respuesta a un abandono institucional”.
Mucha coca y pocas alternativas
Claudia Cabrera, alcaldesa del municipio de Policarpa, dijo que “sabemos que el combustible para que entren estos grupos es el cultivo de hoja de coca”. La alcaldesa habla con tal naturalidad porque sabe que las montañas de la región de Coordillera, de acuerdo a cálculos, están cubiertas en un 80 por ciento por hoja de coca.
Esta situación se desató, según los habitantes de la región, por los incumplimientos que hubo al plan de sustitución de cultivos ilícitos que se estableció en el Acuerdo de Paz. De acuerdo con los testimonios de los mismos campesinos, no están dadas las condiciones para que puedan sostener a sus familias con productos que no sean la coca.
No obstante, manifiestan que la sustitución es lo óptimo, con ayuda del gobierno y voluntaria. Aquí consideran que esta sustitución debe ser concertada entre gobierno y campesino y no con glifosato, al que acusan de haber producido cáncer en algunos habitantes de la región, además de haber acabado con otros cultivos lícitos que tenían como los de papaya, coco o plátano.
Los habitantes de Cordillera piden al Estado presencia urgente con soluciones de infraestructura, salud y educación, no solo con una estrategia de militarización que poco ha servido para frenar la violencia.
Fuente para la realización del articulo: Informe especial del periodista William Parra para CMI la Noticia.
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