Lima, 12 de mayo de 2022 – El jefe del gabinete de Perú, Aníbal Torres, reiteró este jueves que el toque de queda impuesto el pasado 5 de abril en Lima y Callao respondió a informes secretos de inteligencia y de la Policía que anticipaban actos vandálicos en las protestas antigubernamentales de esos días.
Torres respondió a un pliego interpelatorio en el pleno del Congreso sobre la represión policial a las manifestaciones sociales de inicios de abril en varias ciudades peruanas y sobre el toque de queda impuesto en la capital, que no evitó una multitudinaria movilización en Lima contra el Gobierno de Pedro Castillo.
El primer ministro explicó que el Consejo de Ministros tomó conocimiento de que la situación de las protestas sociales, que dejaron 6 fallecidos entre el 1 y 6 de abril, «se agravaría» en Lima y Callao, a raíz de un informe reservado de la Policía Nacional y un documento de inteligencia sobre «actos vandálicos que se realizarían el 5 de abril».
Torres insistió en que la oficina de planeamiento institucional de la Policía sugirió disponer el toque de queda, pero que «dicha documentación ha sido clasificada como reservada», respecto a los temas referidos a la represión de la criminalidad, razón por la cual no podía dar más detalles públicamente.
Igualmente, indicó que el documento de inteligencia tiene carácter de secreto.
Sin embargo, la legisladora del Partido Morado Flor Pablo pidió conocer la documentación y sugirió a la presidenta del Parlamento, María del Carmen Alva, pasar a sesión secreta, lo cual se produjo al final de la exposición del jefe del gabinete.
LAS VÍCTIMAS DE LAS PROTESTAS
Respecto a los fallecidos en las protestas sociales, el funcionario dijo que el adolescente que murió ahogado en un río de la región Junín, donde estallaron las movilizaciones de abril, lo hizo lejos de la zona donde se generó el enfrentamiento de los manifestantes con la Policía.
Añadió que, ese día, la Policía dispersaba a los manifestantes que ingresaron a una pista de aterrizaje, cercana al río Yacu, pero que la multitud se disipó horas antes de que los agentes fueran informados sobre la caída del adolescente al río.
«En ningún momento se ha caído al río cuando trataban de huir de la Policía», afirmó Torres.
Sin embargo, el primer ministro sí reconoció que las muertes de un joven de 18 años en Huánuco y de otro hombre en Ica son investigadas por la Policía Nacional y la Fiscalía debido a que corresponden a disparos con armas de fuego.
Recordó que el Ejecutivo aprobó dar un apoyo económico de 40.000 soles (unos 10.500 dólares) a los familiares de los fallecidos en estas protestas.
Respecto a las decenas de detenidos reportados en las manifestaciones, dijo que se registraron 27 detenidos en Huánuco, 4 de ellos menores de edad, por los presuntos delitos de extorsión, violencia, resistencia a la autoridad y disturbios.
En Lima, hubo 13 detenidos, entre ellos dos menores, por los presuntos delitos de disturbios y robo, de los cuales tres han sido sentenciados por delitos contra el patrimonio.
Asimismo, en la sureña región de Ica hubo cinco detenidos, dos de los cuales están en prisión preventiva por delitos de tráfico de drogas, robo agravado y contra los medios de transporte.
Torres también explicó a los legisladores que no fue necesario emitir una norma que derogue el toque de queda, como anunció el mandatario el 5 de abril, porque la medida excepcional finalizaba al final de ese mismo día.
Tras la sesión secreta en la que los legisladores han pedido conocer los informes reservados, el pleno pasará al debate de la interpelación de Torres, donde se podrá anticipar si alguna bancada apoya su eventual censura, que significará una nueva recomposición del gabinete de ministros peruano.
EFE
