El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó la Declaración de Derechos de los Campesinos, una iniciativa que desde hace cinco años se debate para lograr protección legítima para un grupo poblacional tan vulnerable como esencial para el desarrollo económico de cualquier país. Se trata de un documento que, según la ONU, protegerá al 80 % de los habitantes del mundo que pasan hambre y a un grupo que, en Colombia, hasta ahora ni siquiera ha sido incluido en la información estadística oficial. Aunque todavía hace falta que el documento lo apruebe la Asamblea General y Colombia lo ratifique, se trata de un avance histórico en la protección de los campesinos y trabajadores rurales.
La explicación sobre la importancia de este hecho tiene que ver con los alcances del documento aprobado. Según los 28 artículos del texto, con este tratado los campesinos tendrían protección especial en varios escenarios que los afectan directamente. Por ejemplo, con esta Declaración ahora tendrían derecho a tener tierra para trabajar, sin importar su condición socioeconómica, lo mismo que el derecho a acceder a semillas para sembrar y distribuir los productos de sus cultivos, teniendo en cuenta que hoy compiten contra industrias con muchos más recursos y accesos al comercio. Según el tratado, los Estados que lo aprueben tendrían la obligación de amparar estos derechos sin excusa alguna.
El nombre completo del documento se encuentra en los archivos indexado como: “Declaración de derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales”. El proyecto fue aprobado con 33 votos a favor, tres en contra y 11 abstenciones. Países como Australia, Hungría y el Reino Unido estuvieron en contra y Croacia, Japón y Alemania, entre otros, se abstuvieron de votar. Para llegar a este momento, fue necesario que Vía Campesina, movimiento que aglomera a más de cien organizaciones del mundo, se pusiera a la tarea de pensar cómo proteger a la comunidad, pues la evidencia de actos en contra de sus derechos humanos es cada vez más elevada.
La Declaración, además, aborda temas fundamentales para los campesinos y la población rural como el derecho al desarrollo, a trabajar en zonas rurales, a ingresos y medios de vida dignos y a medios de producción. De igual forma, la Declaración abarca la protección a las mujeres que trabajan en zonas rurales, quienes tendrían derecho a la igualdad de condiciones económicas, sociales y educativas. “Se trata de una herramienta que permitirá que los campesinos en Colombia y el mundo defiendan sus derechos. Ahora tienen un instrumento aprobado por la comunidad internacional”, señaló Ramón Muñoz, director de la Red Internacional de Derechos Humanos, quien sigue de cerca estas discusiones en Ginebra.
“Los Estados eliminarán y prohibirán todas las formas de discriminación en relación con la tenencia de la tierra, incluidas las motivadas por un cambio de estado civil, por falta de capacidad jurídica o por falta de acceso a los recursos económicos. En particular, los Estados garantizarán la igualdad de derechos de tenencia de mujeres y hombres, incluido el derecho a heredar y a legar esos derechos”, dice uno de los artículos de la Declaración. En diálogo con El Espectador, Ana María Suárez Franco, defensora de derechos humanos en la organización FIAN International, explicó que esta iniciativa “reafirma que los campesinos son sujetos jurídicos y políticos”.
“Por tanto, sus derechos deben ser protegidos. Esto debería servir para que los campesinos tengan más fuerza en sus reclamos y para que el Gobierno colombiano empiece a trabajar en normas jurídicas en favor de ellos”. Para Suárez Franco, quien participó de la investigación que tuvieron en cuenta los autores de la Declaración, se trata de un proceso fundamental en el mundo y en Colombia, en donde la historia de su desarrollo, cultura y hasta su guerra ha estado atravesada por la tradición campesina, sin que haya existido un amparo por parte del Estado. Hasta este año, la Corte Suprema de Justicia le ordenó al DANE que tenga en cuenta en sus estadísticas a los campesinos y a los trabajadores rurales.
“La Declaración es especialmente importante en Colombia, porque uno de los orígenes del conflicto ha sido el tema de la protección de los campesinos y la distribución y acceso a la tierra. Ahora se reconoce el derecho de los campesinos a la tierra. Los campesinos son quienes producen la comida de una manera saludable y sostenible. Es decir, al proteger a los campesinos, protegemos a todos los colombianos”, insistió Suárez. Ramón Muñoz, por su parte, recalcó que “la Declaración tendrá de manera progresiva un impacto político, jurídico y social. El movimiento campesino debe apropiarse de la Declaración y exigir su implementación y reconocimiento”.
Lo que sigue ahora es que la Asamblea General de las Naciones Unidas apruebe la Declaración en la próxima sesión, que se realizará en Nueva York antes de que se acabe el año, y así, cada país definirá si lo adopta a su marco legal o no. En Colombia será una prioridad porque, aunque no hay una cifra de cuántos campesinos y trabajadores rurales viven en el país, se trata de uno de los puntos más cruciales para su desarrollo productivo y económico. La Declaración permitirá, en el mejor de los casos, crear las condiciones para un desarrollo sostenible, justo e incluyente.
Nota de Juliana Jaimes Vargas @julsjaimes. Tomado de Colombia2020 El Espectador.