Lima, 15 febrero.- El profundo rechazo de la ciudadanía peruana hacia su clase política ha encontrado su explicación más paradigmática en el «Vacunagate», un escándalo de vacunaciones secretas y «de cortesía» que benefició a una elite del poder mientras la población sufre el cruel embate de la covid-19.
Los peruanos asisten nuevamente indignados a una crisis política y social mientras una serie de revelaciones señalan que algunos de sus representantes (aún no se sabe cuántos en total ni quiénes exactamente) fueron vacunados fuera de control y criterio aparente con dosis de la farmacéutica china Sinopharm.
Estas vacunaciones fueron secretas, supuestamente aplicadas por tratos de favor o presiones políticas por autoridades del organismo que dirigía los estudios clínicos en el país y administradas a personas con poder para influir en las decisiones sobre la misma.
Todo lo que rodea este escándalo aporta argumentos para la profunda crisis de confianza entre el pueblo peruano y sus líderes políticos y desnuda los vicios de una relación en crisis: nepotismo, mentiras, falta de transparencia, aprovechamiento privado del poder público y posibles actos de corrupción en el contexto de una población que sufre y muere a causa de la pandemia y unos políticos que parecen apostar por el sálvese quien pueda.
REVELACIONES DEMOLEDORAS
En un país donde la desconfianza en la política ya es extraordinaria, las revelaciones no dejan de ser demoledoras.
Sinopharm, que inició en septiembre en Perú un estudio clínico de su vacuna, envió al país un excedente de unas 3.200 dosis, la mayor parte de las cuales iban destinadas al personal relacionado con las investigaciones.
De ese cupo, sobraban vacunas para unas 600 personas que aparentemente son las que fueron a parar en secreto y como «cortesía» a varios políticos.
Ese grupo de vacunas nunca fueron parte del experimento de control y se administraron supuestamente bajo el criterio del director del estudio clínico, Germán Málaga.
El expresidente Martín Vizcarra (2018-2020) y su mujer, Maribel Díaz, recibieron sus dosis de ese cupo después de que, según el exgobernante, Málaga se las ofreciera. A pesar de las justificaciones dadas por el exmandatario, sus dosis no formaban parte del estudio, desarrollado por la Universidad Cayetano Heredia y por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Tampoco lo fue la vacuna que recibió la exministra de Relaciones Exteriores Elisabeth Astete, que aún no aclara quién se la ofreció, ni las que recibieron funcionarios del Ministerio de Salud.
Hay muchas más vacunas de las que se desconoce el destino.
La Embajada china en Perú envió un comunicado indicando que el ensayo se hizo «cumpliendo trámites requeridos» por las autoridades peruanas, que lo llevaron a cabo dos universidades peruanas y que ellos no poseen datos sobre las personas inoculadas.
Enfáticamente, la embajada rechazó la existencia de «vacunas de cortesía».
EXTREMA GRAVEDAD
«La situación es de una extrema gravedad. Esto se produce a pocas semanas de las elecciones generales (11 de abril). No sólo debilita la situación de un gobierno ya débil, sino que además deja ver que la política es un espacio donde no se ponen por delante los intereses de los ciudadanos. Todo lo contrario, es un espacio de juegos poco transparentes y poco claros», indicó a Efe Adriana Urrutia, presidenta de la Asociación Civil Transparencia.
Las faltas a la ética y la transparencia ante lo sucedido son según Urrutia y la mayoría de los peruanos muy evidentes.
«Esto vulnera tres deberes básicos de la función pública, y creo que la ruptura de esto es de hecho sancionable, pues rompe el código ético que deben seguir las acciones de todo funcionario: la probidad, que debe ser actuar buscando el bien común; la veracidad, que es decir siempre la verdad; y la transparencia, que es hacerlo ante la ciudadanía. Y aquí se han vulnerado los tres principios», añadió Urrutia.
En el lado positivo, la analista política destacó que tanto el Ejecutivo de Francisco Sagasti como las autoridades de la Fiscalía han reaccionado con prontitud para tratar de esclarecer qué pasó y quiénes se han beneficiado de estas vacunas.
Sagasti pidió de hecho sacar de su gobierno a todos los funcionarios que hubieran sido inoculados, mientras la fiscalía anunció una investigación legal contra Vizcarra.
La presión social también ha llevado a un creciente número de políticos (ministros, diputados, altos funcionarios) a presentar declaraciones juradas en las que afirman no haber sido vacunados.
AUSENCIAS
Sin embargo, para varios analistas y periodistas, más que la lista de personas que afirman no haber sido vacunadas, destaca la lista de figuras políticas que han mantenido un atípico silencio sobre si fueron también beneficiarios de una vacuna o no.
Y muchos de ellos son candidatos en las elecciones de abril, como el propio Vizcarra.
«Respecto a cuán lejos llega el escándalo creo que hay que esperar a que se culminen las investigaciones. Solo con evidencia podremos ver la magnitud y el alcance de los hechos. Cada vez aparecen más cosas y más responsabilidades, pero solo se sabrá cuando se concluya la investigación», indicó Urrutia.
En cualquier caso, la analista sí señaló que al menos desde el punto de vista electoral es previsible que al expresidente Vizcarra «las mentiras le van a pesar» y su resultado electoral, ya que busca un escaño en el Congreso, «sufrirá la percepción» que la gente tiene ahora de él.
Más allá del alcance y repercusiones políticas, la mayor preocupación para todos es salvaguardar el proceso de vacunación que arrancó en el país hace apenas una semana y que el escándalo no siembre dudas sobre el mismo.
«Hay que diferenciar entre los tomadores de decisiones, que pudieron recibir vacunas irregulares, y el grupo médico que hizo el esfuerzo humano para que la vacuna sea una solución», añadió la analista.
