La papeleta adicional propuesta por el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez para las elecciones regionales de octubre, con el fin de impulsa la prohibición del consumo de drogas, no tendría fuerza jurídica vinculante, pero sí podría tener efectos políticos electorales.

La iniciativa, lanzada este martes el jefe del Centro Democrático en medio de un plantón contra la decisión de la Corte Constitucional de dar vía libre al consumo de alcohol y drogas en la vía pública, ha sido el centro del debate de las últimas horas.

“Que esa papeleta reitere que los parques son para los niños y jóvenes, nunca para las drogas, nunca para el alcoholismo”, aseveró el expresidente en medio de aplausos de los asistentes al plantón que se realizó el martes en la tarde en la plaza de Bolívar, de Bogotá.

Agregó: «No se trata de prohibir el consumo solo en unos lugares, yo creo que el porte y consumo de drogas debe estar prohibido, salvo por prescripción médica».

Para incorporar una papeleta adicional en las elecciones del 27 de octubre es necesario contar con el visto bueno del Consejo Nacional Electoral y que el Gobierno la financie.

Sin embargo, si esta llega a las urnas y sin importar que los colombianos rechacen o avalen masivamente la iniciativa, este mecanismo tendría un carácter meramente pedagógico y quedaría a voluntad del Gobierno o del Congreso materializar el cambio que se proponga.

Esta prohibición del consumo de drogas que plantea Uribe iría en contra de lo dicho por la Corte Constitucional, que en el fallo que dio vía libre al consumo de drogas y alcohol en vía pública amparó el derecho al libre desarrollo de la personalidad.

En ese fallo el alto tribunal tumbó dos disposiciones del Código de Policía que contemplaban la prohibición. “La Corte estableció que las normas eran irrazonables en relación con la limitación al derecho al libre desarrollo de la personalidad. El simple consumo de bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas no implica necesariamente un riesgo o amenaza”, argumentó el alto tribunal.

El exprocurador Jaime Bernal Cuéllar aseguró que este tipo de prohibiciones, por lo general, no tienen efectos. Para él, la propuesta de Uribe podría considerarse más como “una manifestación pública de rechazo, pero es prácticamente imposible ejecutar una prohibición radical”.

Bernal explicó que las prohibiciones radicales se oponen a derechos que ya se han adquirido en una sociedad, como el libre desarrollo de la personalidad, que es el argumento de la Corte Constitucional.

Pero Uribe no es el único que ha propuesto esta papeleta. A comienzos de junio, cuando el alto tribunal tumbó estos dos artículos del Código de Policía, el senador por el Partido Conservador David Barguil planteó una iniciativa en este sentido.

«Hoy las familias colombianas compartimos una profunda preocupación frente a la decisión de la Corte Constitucional. Por eso le solicito a mi partido que le pida al Consejo Nacional Electoral que, de cara a las elecciones de octubre, haya una papeleta que pueda ser votada por todos los ciudadanos. Que millones de voces se levanten para exigirle al Estado la prohibición definitiva del consumo de alcohol y drogas en parques y espacios públicos. Vamos a defender la familia y a nuestros niños», dijo Barguil a comienzos del mes.

Las directivas conservadoras respaldaron al congresista y aseguraron que harían la solicitud al Consejo Nacional Electoral. Si embargo, hasta ahora no la han formalizado

¿Jugada electoral?
Para el politólogo, académico y profesor de la Universidad Externado, Jairo Libreros, lo que busca Uribe es hacer una jugada electoral.

«Una de las grandes preocupaciones que tiene el Centro Democrático y el uribismo es que la mala imagen del gobierno Duque afecte los resultados de las elecciones regionales de octubre, en las cuales aspiran a convertirse en la principal fuerza del país», explicó Libreros.

Por esta razón, “necesitan un gancho electoral que les permita no solamente renovar su imagen, sino una iniciativa que les permita mantenerse en el poder”.

Libreros reconoció que si bien la papeleta no tiene fuerza jurídica, puede arrastrar a una cantidad considerable de votantes para las regionales de octubre.

Según el politólogo, esta propuesta es populista y es similar al “ejercicio de manipulación electoral” que utilizaron para promover el ‘no’ en el plebiscito por la paz del 2016.

El antecedente de la séptima papeleta
La única vez que se ha incorporado una papeleta adicional a unas elecciones fue en 1990 cuando se les preguntó a los colombianos, por iniciativa de estudiantes de distintas universidades del país, si querían convocar a una constituyente.

Se le llamó coloquialmente la ‘septima papeleta’ y se le sumó a las de Senado, Cámara, asambleas, concejos, una para alcaldes y una para la consulta liberal.

La figura no tenía ningún respaldo jurídico, pero el deseo de cambio de los colombianos, expresado en las urnas en esa ocasión, llevó a que se hiciera una nueva carta fundamental.

El hoy procurador Fernando Carrillo, uno de los promotores de la séptima papeleta, recordó ese momento histórico en 2016: «Gracias a ese hecho político, reconocido por el gobierno del presidente Virgilio Barco, se procedió al conteo formal en el tarjetón electoral, el 27 de mayo, y, posteriormente, en el gobierno Gaviria, se convocó y eligió a los 70 constituyentes el 9 de diciembre de 1990».

Tomado de El Tiempo