El colectivo de abogados José Alvear Restrepo -Cajar-, indicó en su sitio web que junto con el Centro Europeo para los Derechos Humanos y Constitucionales -ECCHR- (por sus siglas en inglés), presentó el pasado 25 de abril una comunicación oficial a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, CPI, para que investigue los crímenes contra defensoras y defensores de Derechos Humanos en Colombia, los que constituyen crímenes de lesa humanidad.
Para ello contó con insumos aportados por el Cajar, la Corporación Jurídica Yira Castro -CJYC-, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz -CIJP- y el Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos -GIDH-.
En la comunicación elevada a la Fiscalía del CPI se documentan casos de los últimos cuatro periodos de gobierno: los dos de Álvaro Uribe y los dos de Juan Manuel Santos, en los que se han identificado patrones en los asesinatos, amenazas, atentados y campañas de estigmatización contra defensoras y defensores, lo que permite concluir el carácter sistemático y generalizado de estos ataques, una condición para que sean reconocidos como crímenes de lesa humanidad y, por consiguiente, sean investigados por este tribunal internacional.
Asimismo, se advierte en la documentación la impunidad generalizada en la que se mantienen estos casos donde no existen condenas en firme, y donde las investigaciones no apuntan a los determinadores de los hechos.
“Mientras que en los ocho años del gobierno Uribe la característica de los ataques fue la persecución y estigmatización contra defensores que precedió a amenazas, atentados y asesinatos, en el de Santos se resaltan los crímenes del Esmad en particular por el uso de armas letales en protestas sociales. La característica común es la inoperancia de la justicia en la cual la Fiscalía General de la Nación juega un papel crucial y se hace corresponsable cuando no investiga patrones ni a quienes se benefician de estos crímenes”, añade el escrito digital.
El documento señala que de admitirse el caso, la Corte entraría a juzgar a todos los funcionarios responsables -por acción y omisión- en estos crímenes hasta las más altas instancias, empezando por el expresidente Uribe Vélez.
“Los casos incluidos en la comunicación y que ejemplifican el carácter de crimen de lesa humanidad son el de Soraya Gutiérrez Argüello, abogada defensora de derechos humanos e integrante del Cajar, víctima de atentado, amenazada, torturada psicológicamente durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez por el extinto organismo de inteligencia DAS; Mario Castro Bueno, defensor de derechos humanos del Meta detenido, desaparecido y asesinado por paramilitares en 2002; Orlando Valencia y Manuel Ruiz, líderes de la comunidad de Jiguamiandó y Curvaradó asesinados en 2005 y 2012 respectivamente por paramilitares actuando en alianza con integrantes de la fuerza pública”, dice en uno de sus apartes el reporte entregado a la CPI por el abogado Luis Guillermo Pérez, integrante del colectivo José Alvear Restrepo.
Asimismo se documenta el caso de Ana Teresa Yarce, defensora de derechos humanos de la Comuna 13 de la ciudad de Medellín integrante de la Asociación de Mujeres de las Independencias, detenida arbitrariamente y asesinada por paramilitares actuando en alianza con agentes de la policía; el de Luis Miguel Gómez Porto líder comunitario, defensor de derechos humanos de los Montes de María, en Sucre, judicializado sin fundamento y asesinado en 2007; el de Miguel Ángel González Gutiérrez, integrante de la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño, Cahucopana, en Puerto Nuevo, asesinado en 2008 por integrantes del Batallón Calibío cerca a Puerto Nuevo Ité y presentado como integrante de la guerrilla muerto en combate; Alejandro Casamachín Hernández, líder indígena de la Provincia del Norte en el Cauca, víctima de un atentado por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD, en 2015; David Ravelo Crespo, defensor de derechos humanos en Barrancabermeja, acusado por un crimen que no cometió y judicializado sin fundamento, desde el 2007 lucha por demostrar su inocencia; y Adán Alberto Pacheco, sindicalista y activista social en Barranquilla, asesinado en el 2005 por paramilitares.
610 defensores asesinados entre 2002 y 2007
En la petición se hace referencia a los intereses detrás de los crímenes contra defensoras y defensores, los cuales coinciden con los que se oponen a la implementación de los acuerdos de paz de la Habana en temas cruciales como redistribución de la tierra, sustitución de cultivos de uso ilícito y control de recursos locales cooptados por poderes corruptos a nivel local que quedan al descubierto con el trabajo de líderes sociales y comunitarios.
Además, se expone que entre el 1 de noviembre de 2002 hasta noviembre de 2017, cuando se concluyó la investigación para la comunicación a la CPI, con base en cifras del Programa Somos Defensores se habían asesinado a 610 defensores, y más de 4.300 habían sido víctimas de ataques. Y en los últimos años, estos ataques se han incrementado en más de 100%.
Finalmente, se resalta que el Cajar y el ECCHR realizaron una gira de incidencia en las ciudades de Berlín, Bruselas, La Haya y Londres donde dieron a conocer el sentido de la misma a organizaciones de abogados, juristas, miembros del parlamento europeo y de los estados miembros del Consejo de la Unión Europea, de la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores en Inglaterra para insistir en la necesidad de la solidaridad internacional ante la grave situación de amenaza que viven las defensoras y los defensores de Derechos Humanos en Colombia.