Empeora situación de derechos humanos y minería en el Nordeste antioqueño

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Líderes y lideresas del Nordeste antioqueño, de la zona rural de los municipios de Remedios y Segovia, reunidos en el caserío Mina Nueva, de la vereda Panamá Nueve, hacen un llamado a las instituciones del Estado, organismos internacionales y de acompañamiento internacional ante la situación de crisis humanitaria que se presenta en la actualidad en materia de derechos humanos y minería en esa subregión.

El llamado lo hicieron extensivo a los grupos armados que hacen presencia en el territorio, para que respeten las vidas, integridad y libertad de los líderes sociales en virtud de su desempeño como trabajadores comunitarios y defensores de derechos humanos.

“La coyuntura actual está enmarcada en un contexto de pos acuerdo, ligado al acuerdo de paz firmado entre el gobierno nacional y la ex guerrilla de las Farc, lo que ayudó a disminuir el nivel de afectaciones del conflicto armado que tuvo inmersa, durante muchos años, a las comunidades rurales a nivel nacional y en particular a la población minero-campesina e indígena del Nordeste antioqueño. Los años de incertidumbre y miedo que vivimos, pensamos que ya habían acabado, sin embargo, tuvieron continuidad con nuevas dinámicas y actores armados, así que, no hemos podido evidenciar la tan anhelada paz”, expresan en un comunicado los líderes del Nordeste.

Aseguran que hoy, cuando no hay “presencia de la guerrilla de las Farc en el territorio, los grupos armados al margen de la ley, iniciaron una disputa por copar zonas donde antes no tenían presencia; los paramilitares han ido entrando paulatinamente imponiendo sus dinámicas de control social y reconfigurando la cotidianidad de las comunidades en términos de seguridad. Por otra parte, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), quienes ya tenían presencia en la zona, se han expandido, y han creado una serie de normas que la comunidad debe cumplir. También están las fuerzas armadas del Estado, que continúan con sus operativos en contra de la pequeña y mediana minería, en su lógica de ver al campesinado y minero como el enemigo interno. A su vez, el ejército en compañía de encapuchados permanece patrullando los caseríos de la zona y se han convertido en un actor que genera miedo”.

Ese “reordenamiento de actores armados”, dicen, trajo consigo no solo problemáticas sociales como el microtráfico, consumo de estupefacientes, robos, extorsiones, disputas comunitarias y hasta desunión entre la población, sino que también elevó de manera alarmante los asesinatos de habitantes de la zona, sin que ningún actor armado se atribuya los hechos. “Además, se han generado detenciones arbitrarias, violación a los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario, amenazas y persecución hacia los líderes y lideresas, quienes hacen una labor fundamental en aras de construir un Nordeste antioqueño en paz”, destacan en el escrito.

“Todos estos factores llevan a que se eleve el nivel de riesgo de las comunidades campesinas, líderes y lideresas sociales, miembros de las Juntas de Acción Comunal y defensores de derechos humanos, lo que dificulta poder llevar a cabo su labor. El panorama no es alentador, por eso es importante reconocer el quehacer de los líderes y lideresas, que a nivel nacional están siendo perseguidos, estigmatizados y asesinados”, añade el texto.

En los municipios de Remedios y Segovia los líderes y lideresas han sido primordiales, en las Juntas de Acción Comunal, han afianzado la autonomía en la toma de decisiones, ejecuciones de políticas comunitarias y normas de convivencia, tratando de ser neutrales y consecuentes con sus objetivos de trabajar en beneficio de la comunidad.

De la misma manera, las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos han contribuido en la construcción de un territorio donde mínimamente los actores externos a la comunidad respeten los derechos humanos, se generen condiciones para que la comunidad pueda llevar una cotidianidad tranquila y en paz. “En ese sentido, pensamos en alternativas de protección y autoprotección, y apelamos a mecanismos comunitarios, legales y pacíficos para exigir nuestros derechos, denunciamos y visibilizamos las dificultades que se afrontan día a día en la región, promovemos la necesidad de permanecer y resistir en el territorio, y lo más importante, seguimos construyendo de la mano de los campesinos, mineros e indígenas un Nordeste en paz. Todo ello hace parte de un acumulado histórico que nos da pautas para continuar con nuestra tarea”, señalan en el comunicado los líderes.

Piden que se tomen medidas y se analice la situación real “que se vive en nuestras veredas para generar un plan de acción que permita tomar decisiones sobre nuestro quehacer a futuro”.

Agregan que el conflicto armado que padece la comunidad del Nordeste antioqueño de los municipios de Segovia y Remedios, se concreta en graves hechos contra líderes y lideresas, así como contra pequeños y medianos mineros de las veredas, que afectan su vida, libertad e integridad. Y todo esto se debe, afirman, a que los grupos armados están minando su labor mediante amenazas, estigmatizaciones, judicializaciones, extorsiones y persecución directa, lo que genera un ambiente de zozobra e inseguridad en el territorio.

Por tanto, las comunidades, líderes y lideresas, en el marco del Encuentro de Líderes y lideresas “por la convivencia, la paz y la permanencia en el territorio” exigen:

– Al Gobierno nacional que reactive la mesa de diálogo con el ELN y entablen un cese al fuego bilateral que mitigue el conflicto armado en el territorio.

– Al Gobierno nacional que cumpla con la implementación del acuerdo de paz de la Habana que es necesario para consolidar el fin de un conflicto y avanzar en la construcción de paz.

– A la Gobernación de Antioquia y a las administraciones municipales de Remedios y Segovia que implementen las medidas colectivas de protección a organizaciones campesinas.

– A la Procuraduría General de la Nación para que verifique en su ejercicio de control que las entidades y funcionarios públicos competentes cumplan con sus labores en los temas de prevención y protección en los territorios.

– A la Unidad Nacional de Protección que agilice la puesta en marcha de las medidas de protección ante casos de riesgo inminente, además de dar pronta implementación a las medidas colectivas de protección diferenciadas de las organizaciones campesinas del territorio.

– A la Defensoría del Pueblo, al sistema de alertas tempranas un seguimiento más activo de las recomendaciones de la alerta temprana número 052-018 para los municipios de Segovia y Remedios.

– A las personerías municipales de Remedios y Segovia que cumplan con su labor como defensores de las comunidades y tengan presencia en la zona rural. Además de acompañar a los pequeños y medianos mineros cuando suceden los amparos administrativos velando por la defensa de los DDHH.

– A la comunidad internacional que siga acompañando activamente a las comunidades en sus territorios.

– Y a los actores armados que respeten los derechos humanos y cumplan con el derecho internacional humanitario en los territorios.

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