Bogotá, 21 mayo.- Los empresarios de Colombia le pidieron a la ONU, a la Organización de los Estados Americanos (OEA) y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que hagan una veeduría de lo que ocurre en el país con motivo de las protestas sociales.
Así lo expresó el Consejo Gremial Nacional en una carta a esos organismos en la que fijan su posición sobre la situación que vive el país desde el pasado 28 de abril, cuando se iniciaron las protestas contra el Gobierno colombiano.
«Hacemos un llamado a su organización para que sea veedora de lo que está sucediendo en nuestro país y podamos construir sinergias que permitan superar la coyuntura y garantizar la protección efectiva de los derechos de todos los colombianos», dice la misiva del Consejo Gremial conformado por los 29 sectores productivos más importantes de Colombia.
Aseguran que el Gobierno ha sido garante del derecho a la protesta social, pero «el desarrollo de varias de las manifestaciones se ha enmarcado en contextos de violencia, de daños a los bienes públicos y de bloqueos a las vías nacionales, restringiendo la libre locomoción de los ciudadanos».
Los gremios añaden que pese a que el Gobierno retiró del Congreso el proyecto de reforma fiscal, germen de las protestas, las manifestaciones han «continuado, y los actos de vandalismo e inseguridad han aumentado, generando un impacto demoledor en el proceso de reactivación económica».
Sostienen que con esta situación se afecta la creación de empleo, la sostenibilidad de las empresas y el libre acceso a servicios de salud, a la seguridad alimentaria, a los servicios públicos domiciliaria y a la libre locomoción.
Igualmente recalcan que hay regiones de Colombia que padecen desabastecimiento de alimentos, combustibles, medicamentos e insumos médicos.
«Creemos que los bloqueos en las vías no hacen parte del ejercicio legítimo de la protesta social pues no son acciones pacíficas (y) su ejercicio representa la vulneración de derechos fundamentales de terceros».
Finalmente, los empresarios confían en la capacidad que tiene el Estado para que, dentro del marco de la Constitución y la ley, «se cumpla con el mandato de restablecer el orden público».
EFE
