Los pagos financiaron armas y crímenes en Urabá, según la Fiscalía
Urabá, Antioquia. 24 de Julio de 2025. –Una juez penal especializada de Antioquia condenó a siete empresarios bananeros a 11 años y tres meses de prisión por financiar el paramilitarismo en Urabá. La Fiscalía demostró que entre 1995 y 2004, estos directivos entregaron 1.700.000 dólares al bloque Arlex Hurtado de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) a cambio de protección para cultivos, instalaciones y empleados.
Los condenados son Charles Dennis Keiser, John Paul Olivo, José Luis Valverde Ramírez, Fuad Alberto Giacoman Hasbún, Reinaldo Elías Escobar de la Hoz, Víctor Julio Buitrago Sandoval y Álvaro Acevedo González, vinculados a las empresas Banadex y Banacol. Además de la pena de cárcel, este fallo impone una multa equivalente a 7.950 salarios mínimos de la época y una inhabilidad de 135 meses para ejercer funciones públicas.
Según la investigación, los empresarios pactaron con alias Pedro Ponte, comandante del bloque paramilitar, un pago de tres centavos de dólar por cada caja de banano exportada. Durante nueve años realizaron al menos cien pagos, legalizados a través de cooperativas de vigilancia conocidas como Convivir.
Estas cooperativas, reconocidas por la Superintendencia de Vigilancia, servían como fachada para transferir fondos que fortalecían a las AUC. El dinero provenía de Chiquita Brands Internacional Inc., canalizado por su filial en Colombia Banadex, y por la empresa Banacol.
Los recursos financiaron la compra de 3.000 fusiles AK-47, cinco millones de cartuchos y facilitaron desplazamientos forzados, asesinatos, desapariciones y torturas. La protección brindada también cubría instalaciones y personal de las empresas involucradas.
El juzgado absolvió a Javier Ochoa Velásquez, Jorge Alberto Cadavid Marín y Víctor Manuel Henríquez Velásquez por falta de pruebas. Una vez la fiscal del caso reciba la notificación oficial del fallo, decidirá si interpone recurso legal.
Este caso se considera un hito judicial en la lucha contra la financiación del paramilitarismo por parte del sector privado. La sentencia expone la responsabilidad empresarial en la violencia del conflicto armado colombiano.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.