Ciudad de Panamá, 30 de enero de 2022 – La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), el principal gremio empresarial del país, criticó duramente este domingo que la «indolencia» de los funcionarios públicos «agota» la paciencia de la ciudadanía, ante una polémica sobre los gastos de alcaldes y representantes.
«La última bofetada en ese sentido la han dado los Gobiernos locales que, como parte de una estrategia absolutamente proselitista, utilizan fondos destinados a obras comunitarias, para pago de gastos administrativos», dijeron los empresarios, en un comunicado difundido hoy.
Una veintena de alcaldes y representantes panameños devengan salarios mensuales de entre 7.000 y más de 13.000 dólares, es decir, por encima del presidente de la República, los magistrados de la Corte Suprema y el alcalde de Madrid, según una investigación del diario panameño La Prensa difundida semanas atrás.
El emolumento está compuesto de cuatro segmentos: un salario mensual que en todos los casos es 2.000 dólares, más gastos de representación, que por lo general son 5.000 dólares, gastos de movilización, también general de 5.000 dólares, y dieta por reuniones, un monto que va entre 250 y 850 dólares.
Tras la oleada de denuncias sobre el desgreño administrativo en algunos municipios por ese y los otros conceptos que constituyen los emolumentos de esos funcionarios, la Contraloría General de Panamá ordenó suspender el pago de gastos de movilización a todos los alcaldes y representantes (ediles) del país.
Incluso, el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, dijo, ante la polémica, que quisiera que los alcaldes y ediles que tienen salarios, que superan al que cobra el primer mandatario del país, se los bajaran.
Así, los empresarios advirtieron que «la distribución de presupuestos con criterios políticos es inmoral, más aún tomando en cuenta que hay sectores productivos realizando ingentes esfuerzos para mantener los empleos y reactivar la economía».
Y señalaron que la Contraloría «tiene que cumplir en todo momento con su deber legal de auditar y fiscalizar el manejo que se les dé a todos los fondos estatales, no hacerlo oportuna e imparcialmente, la hace cómplice de estos despilfarros».
El gremio anunció que asignaron un «personal especializado para que dé seguimiento a la formulación y ejecución de los presupuestos gubernamentales; así como al uso de los fondos» e instaron a la ciudadanía a mantener «una actitud vigilante».
Según los empresarios, los panameños «han vivido dos años durante los cuales sus ingresos se han visto afectados producto de la covid-19 y las restricciones impuestas para frenarla», y «al mismo tiempo, han sido testigos del despilfarro de fondos por parte de un Gobierno que no solo evitó hacer lo que solidariamente le correspondía, que era reducir salarios altos, sino que continúa aumentando la ya exorbitante planilla».
EFE
