En zozobra se encuentra la comunidad de exguerrilleros que se encuentra adelantando su proceso de reincorporación por el aumento de asesinatos en contra de esa población. Según el partido Farc, en Antioquia han sido asesinados 19 excombatientes, 11 de ellos en el municipio de Ituango, Norte de Antioquia.
Para ellos, lo que está ocurriendo es un claro mensaje de intimidación para que se desplacen del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación Román Ruiz.
Este pronunciamiento se hizo a través de comunicado minutos después de conocerse el homicidio de Manuel Antonio González Buelvas, con seudónimo Yair Cartagena, atacado a tiros este viernes 13 de diciembre a las 3 de la tarde.
Manduco, como también era conocido, padre de una niña de 10 meses, residía en el ETCR Román Ruíz de Santa Lucia y fue asesinado cuando se desplazaba por vía destapada hacia la vereda del ETCR en el lugar conocido como Resplandores, cerca al Río Ituango a unos 15 minutos de la cabecera municipal de Ituango.
El cuerpo, que permanecía inerme sobre la vía, fue trasladado por exguerrilleros del ETCR, pues ninguna autoridad atendió el llamado para hacer el levantamiento.
Manuel Antonio González Vuelvas, era hijo de quien en las pasadas elecciones fue candidato por el partido Farc a la Asamblea departamental de Antioquia y quien fuera además comandante del extinto Frente 18: Manuel Antonio González Benítez (Elmer Arrieta).
El grupo Farc solicitó al presidente Iván Duque que implemente el Acuerdo Final de Paz, específicamente lo contemplado en el punto 3 en materia de seguridad para comunidades y exguerrilleros en proceso de reincorporación.
A la Fiscalía General de la Nación, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Unidad Nacional de Protección, entre otras instituciones, que, en el marco de sus competencias, generen garantías para la defensa de la vida de quienes se acogieron al acuerdo de paz.
A la Gobernación de Antioquia, así como a la Alcaldía de Ituango, acompañar de manera decidida la construcción de paz territorial y la consolidación del proceso de reincorporación.
Y a la fuerza pública (Ejército y Policía), que cumplan con su misión de proteger la vida, libertad e integridad de todos ciudadanos, lo que implica reconocer la existencia de una estrategia violenta y sistemática en contra de los exguerrilleros y líderes sociales.
A su vez, pidieron a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), que en el cumplimiento de su mandato, presten toda su gestión para que las actuaciones del Estado Colombiano se apeguen a las Normas internas y externas a las que se ha comprometido respetar y que se inicien las investigaciones a que haya lugar por el desconocimiento de las mismas.
A las Embajadas y delegados/as defensores de derechos humanos, para que en tiempo breve coadyuven a convocar una reunión de urgencia donde se adopten y promuevan las medidas necesarias para enfrentar situaciones actuales de riesgo en la que requieren una respuesta inmediata por parte del Estado, particularmente para los exguerrilleros en proceso de reincorporación del municipio de Ituango.
Y al pueblo colombiano a seguir acompañando firmemente a quienes le siguen apostando a la paz, y a quienes siguen exigiendo la implementación plena del acuerdo de paz.
