El ruido de los fusiles regresó a Cáceres. También el miedo y la impotencia. En ese municipio del Bajo Cauca antioqueño nadie sabe a ciencia cierta de dónde provienen las amenazas de muerte. Ni las balas. Ni quiénes son los que se enfrentan. Tampoco el motivo. Aunque todos sospechan algo o de alguien.
El Ejército Nacional asegura que en zona rural hay presencia del frente Compañero Tomás del Eln, cuyo cabecilla es alias Manuel.
También, que el Clan del Golfo tiene allí al frente Virgilio Peralta Arenas, liderado por alias Ratón. Las autoridades prefieren llamarlos Clan del Golfo, aunque ellos se autodenominan Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC.
Asimismo, en el lugar se movilizan los Caparrapos, antiguos Chepes, un grupo inexplicablemente minimizado por las autoridades, pero con gran presencia en el Bajo Cauca, extrañamente el comandante de Los Caparrapos después del asesinato de Pilatos o Caín es Ratón eso quiere decir que hay dos alias Ratón o que se quiere seguir negando la existencia de esta estructura paramafiosa haciéndola pasar como frente Virgilio Peralta Arenas de Las AGC, ¿Qué responde la inteligencia estatal?
El sonido de los combates se escucha en los ranchos. Los enfrentamientos arrecian en el monte. Eso, sumado al rumor de una orden de desalojo originó un éxodo masivo. De las 64 veredas que tiene Cáceres, de Alto Tamaná, Buenos Aires, Santa Cruz, El Tigre y Ponciano alto y bajo salieron desplazadas 350 familias en la tercera semana de enero de 2018 con rumbo al casco urbano. La casi certeza de recibir un tiro de muerte los hizo huir.
Pero ahí no paró todo. Más familias llegaron al casco urbano, unas 200.
El Gobierno Nacional, a través de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), hizo presencia en Cáceres. Y con el Ejército Nacional y la Gobernación de Antioquia aseguraron a los afectados que podían regresar, que todo estaba controlado.
La Unidad para las Víctimas aseguró el pasado 6 de marzo que 1.056 personas retornaron a sus veredas de origen. Solo habrían quedado 513 personas.
“En el comité extraordinario se evaluó la situación y como la vereda Anará ya tiene un plan retorno (en implementación) se fortalecerá este plan y las medidas destinadas a la no repetición, como ratificar las condiciones de seguridad”, dijo entonces Jorge Mario Alzate Maldonado, director de la Unidad para la Reparación a las Víctimas en Antioquia.
También el coronel Mauricio Sierra Niño, comandante del Departamento de Policía Antioquia y representantes de la Secretaría de Gobierno de Antioquia, aseguraron a los lugareños que había garantías suficientes para el retorno a sus veredas.
Pero la realidad es otra. Los combates no pararon. Los Caparrapos y las AGC se enfrentaron de nuevo. Otra vez se presentó un desplazamiento masivo, el cuarto en lo que va de 2018. Se afirma que el número de personas desplazadas en Cáceres según la Defensoría del Pueblo sería de 1.572 para otros es de 2.350 aproximadamente. El problema es que ahora nadie quiere regresar. Las promesas no bastan. Que las autoridades oculten la información no sirve de nada. Inclusive muchos de los desplazados piden una reubicación.
“Los soldados del Batallón de Operaciones Terrestres, de la Séptima División del Ejército, que ahora están patrullando, no se van a quedar ahí toda la vida. Cuando se vayan, esa gente regresará”, advirtió un líder indígena albergado en la sede de la Asociación de Indígenas del Cauca. Añadió que mientras el Gobierno no haga presencia institucional, los ilegales se pasearán por esas tierras, puesto que son aptas para el cultivo de hoja de coca, se prestan sus selvas para montar cocinas para la elaborar la pasta y son corredores estratégicos que conectan con el Nordeste, Norte, Urabá y Costa Atlántica.
La Alcaldía de Cáceres y la Gobernación de Antioquia siguen prestando ayuda humanitaria a las víctimas. Pero ellas piden más apoyo. Y el dinero se está acabando. Es lo que aseguran los propios funcionarios, que el presupuesto se acabó. Igualmente, la Unidad de Víctimas ya agotó el recurso. Se avecina una crisis de grandes proporciones.
Análisis Urbano conoció que la Unidad de Víctimas solo ha entregado a la fecha ayuda humanitaria en dinero al primer desplazamiento masivo, igualmente se requieren mercados, kit de cocina, aseo y habitat, hasta el momento no ha cumplido efectivamente con estos requerimientos por la falta de un operador logístico, eso está impidiendo que las pocas ayudas sean distribuidas y utilizadas efectivamente, muchas llegan en forma de dinero, cada persona recibe el dinero, pero las ollas comunitarias están vacías. Y como ya advertimos, el dinero se está agotando, además queda la sensación de que la UARIV (Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas ) se está lavando las manos en tan compleja situación humanitaria.
Sin embargo, Análisis Urbano ha conocido que para la próxima semana la UARIV , haga el pago de la ayuda humanitaria a los tres desplazamientos masivos restantes y con esto buscar que la Alcaldía y Gobernación inciten al regreso a las veredas, lo cual no deja de preocupar debido a que el orden publico está alterado notablemente.
“No podemos dar un concepto de seguridad”: General Sepúlveda
El general Alberto Sepúlveda, comandante de la Séptima División del Ejército, habría asegurado en una intervención en el Comité de Justicia Transicional, celebrado el 1 de marzo en Cáceres, con presencia de la Secretaría de Gobierno de Antioquia, que “no podemos dar un concepto de seguridad. No podemos ser irresponsables con la comunidad”.
Se refería a la situación de orden público en la zona rural de ese municipio y el llamado a las familias a retornar. Decirles que se regresen tranquilas sería irresponsable, añadió el general, de quien Análisis Urbano cree que es muy honesto y sincero, aunque su frase muy lapidaria, a pesar de contar con 1.030 hombres en la zona.
Pero lo dicho por el general ya lo ratificó la Defensoría del Pueblo, que ha sido enfática en afirmar que no hay garantías de retorno y mucho menos de seguridad.
Retorno forzado
A pesar de la falta de garantías, la alcaldía que encabeza Rafael Enrique Sánchez Yabur, actual secretario de Gobierno, (reemplaza temporalmente al titular José Mercedes Berrío, capturado por presuntos nexos con paramilitares), subió en varios buses a decenas de familias y las regresó a las veredas Anará, Tacuyorca, Astillero y San Francisco.
“Los embarcaron como ganado y los despacharon para las veredas”, dijo un testigo de la situación. “Eso podría estar infringiendo la Ley, porque no hay seguridad, dignidad y voluntariedad”, agregó.
La Ley 1448 de 2011, Ley de Víctimas, en su artículo 9, señala que el Estado reconoce que todo individuo tiene derecho a que las violaciones no se vuelvan a repetir, con independencia de quién sea el responsable de los delitos. Y que las medidas de atención, asistencia y reparación adoptadas por el Estado, tendrán la finalidad de contribuir a que las víctimas sobrelleven su sufrimiento y, en la medida de lo posible, al restablecimiento de los derechos que les han sido vulnerados. Nada de esto se cumple en Cáceres.
Además, la mencionada ley asegura que el Estado ofrecerá especiales garantías y medidas de protección a los grupos expuestos a mayor riesgo de las violaciones, como mujeres, jóvenes, niños y niñas, adultos mayores y campesinos, entre otros, y nada de esto se cumple en el momento. “Llevarlos a la fuerza y contra su voluntad es una clara violación a sus derechos. Los están embarcando hacia su muerte”, añadió el testigo.
Sin embargo, las familias, nueve en total, regresaron al casco urbano de Cáceres. De contera, pocos se atrevieron a salir a votar el domingo pasado. El miedo a lo que sucede y a cruzar fronteras invisibles no los animó a ejercer el libre derecho a elegir.
Con las calles concurridas por personas y llenas de silencio, la gente no habla de lo que ocurre porque literalmente el miedo los arropa. El comandante de Policía local, que es un Intendente, y un oficial de grado mayor, solo atinaron a decir que las elecciones se cumplieron en total calma el domingo pasado. Además, agregaron que la gente estaba bajando masivamente de las veredas a votar y pusieron por ejemplo la llegada al parecer de cuatro buses atestados de personas. Los enviados de Análisis Urbano nunca los vieron. Algo pasa con la Policía en Cáceres. No actúa y cuando lo hace, sus actuaciones son deficientes.
Análisis Urbano considera que es hora de que el Gobierno Nacional tome las riendas de la situación. Las tropas que comanda el general Sepúlveda no pueden quedarse allí toda la vida, esperando que aparezcan combatientes ilegales que seguramente están mezclados con la población a la que tienen sometida, aguardando a que el Ejército se vaya. No tienen a quién enfrentar.
La Gobernación, por su parte, cumple su papel de distribuir recursos y ayudas. De escuchar y proponer salidas. Pero como es sabido, no tienen una fuerza coercitiva armada con la que puedan enfrentar a un enemigo bien armado y con músculo económico y poder territorial.
Para Análisis Urbano, la estrategia de seguridad está mal diseñada.
Creemos, como el general Sepúlveda, que no se puede dar un concepto de seguridad en Cáceres. Y lo peor, es que el tiempo avanza y la situación empeora.
Reiteramos, se avecina una crisis humanitaria de grandes proporciones en Cáceres, que es apenas uno de los seis municipios del Bajo Cauca, una subregión bastante azotada por los grupos armados al margen de la ley, allí hacen presencia estructuras del crimen urbano-rural provenientes del Valle de Aburrá, Urabá y otras surgidas en el Bajo Cauca bajo el amparo de Bloques paramilitares y mafiosos que se desmovilizaron parcialmente, sin olvidar que el crimen trasnacional con rostro mexicano llegó para quedarse.
Apuntes Urbanos
- Es urgente que el Defensor del Pueblo y el Procurador General de la Nación realicen una visita al Bajo Cauca, para que se apersonen de esta grave situación violatoria de los Derechos Humanos de miles de colombianos, en palabras de habitantes de Cáceres, «Ya urge que bajen al territorio del Bajo Cauca, esta subregión también es Colombia».
- Grave sería que ante una situación de orden publico tan dura, funcionarios de la alcaldía de Cáceres estén estigmatizando los líderes sociales, acusándolos de revoltosos.