En el Banco Agrario de Carabobo, largas filas de desplazados auguran jugoso botín

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El 6 de junio del este año, AnalisisUrbano.com denunció el cartel de los tramitadores que, a costa del sufrimiento de las víctimas del desplazamiento forzado, obtenían grandes dividendos económicos con la complicidad de un funcionario de la Alcaldía de Medellín y otro de la unidad Atención y Reparación Integral a las Víctimas del Departamento de la Prosperidad Social, quienes, a través de la venta de información privilegiada a algunos tramitadores, hicieron de los derechos de los desplazados un negocio altamente lucrativo y perverso a la vez.

En esa ocasión, AnalisisUrbano.com denunció, no sólo la estructura criminal que se venía configurando hacía varios años en estas entidades, sino también la gravísima situación de los desplazados que tienen que hacer largas filas desde tempranas horas en el Banco Agrario, ubicado en la carrera Carabobo entre calles Colombia y Boyacá, para poder acceder a las ayudas económicas.

Hoy denunciamos que, aprovechándose de la situación de las víctimas, presuntamente, algunos vigilantes del citado banco, en complicidad con venteros de minutos de teléfonos móviles del sector y algunos tramitadores, cobran 10 mil pesos a cada persona que tenga la posibilidad de pagarlos para saltar la fila y tener entrada privilegiada al banco.

Analisisurbano pudo establecer la forma de operar de este nuevo ajuste del cartel. Al parecer, el tramitador sería el encargado de recoger el dato de las personas que pagarían los 10 mil pesos y se acercaría al vendedor de minutos, alias “Oscar”, quien pide una fotocopia de la cédula de la víctima, distinta a la que deben entregar en el banco. “Oscar” trazaría una seña sobre la fotocopia y la víctima se acercaría con este nuevo documento hacía el lugar donde se ubicaría el vigilante involucrado en el negocio. El vigilante reconocería la señal y la dejaría pasar directamente.

Las víctimas que diariamente se acercan a reclamar la ayuda humanitaria son aproximadamente 900 pero no todas logran entrar. El promedio de ingreso de las víctimas que posiblemente pagarían para entrar es de 150, lo que equivale a un millón 500 mil pesos diarios, aproximadamente 39 millones de pesos mensuales.

AnalisisUrbano.com celebra que se esté haciendo justicia en el caso del cartel de los tramitadores de los derechos de las víctimas del conflicto social y armado de esta ciudad, pero a la vez alerta para que se actúe frente a esta reiterada denuncia, a fin de evitar que algunas personas sigan jugando con el dolor y las necesidades de estas personas.

Esta situación no es reciente y no compete sólo a los organismos oficiales o a la fuerza pública. El Banco Agrario ubicado en la carrera Carabobo, a cargo de Robinson Henao, también debería tomar posición frente a esta denuncia e iniciar una investigación al interior de la entidad, pues las denuncias ya recae sobre su personal, desde funcionarios hasta vigilantes. Ya no se vive en los tiempos del “todo sucedió a mis espaldas” y un elefante de este tamaño no puede pasar desapercibido en la oficina del gerente.

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