Hay una guerra en el Catatumbo. Así lo describe la organización Human Rights Watch luego de hacer una investigación sobre lo que está ocurriendo en la zona. Luego de décadas de conflicto generalizado en todo el país, el Catatumbo es una de las zonas que sigue sufriendo hoy día por esta razón, y son los civiles quienes más están en riesgo ante esta situación.

El informe que presenta Human Rights Watch se llama “La guerra en el Catatumbo: abusos de grupos militares ilegales contra grupos de civiles colombianos y venezolanos en la zona”. El documento se realizó en abril de este año y cuenta con un compendio de entrevistas a distintas familias de esta zona, incluyendo víctimas directas del conflicto, y líderes sociales y comunitarios de la zona.

HRW reconoce al acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las Farc como una “oportunidad histórica para frenar los graves abusos y las atrocidades asociadas con décadas de conflicto armado”.

No obstante, hace hincapié en que desde firmado el acuerdo ha hecho falta por parte del Estado colombiano un “control pleno y efectivo” en las zonas que este grupo insurgente dejó desocupadas. Esto ha permitido que otros grupos armados no solo ocupen estas zonas que se dejaron vacías, sino que continúen la violencia y los abusos contra los civiles.

En la zona del Catatumbo hay un enfrentamiento descrito como “brutal” por Human Rights Watch desde 2018. Esta lucha es por el dominio del territorio, y la protagonizan las facciones del Eln y el Epl. Otro actor que se suma a este panorama es un nuevo grupo conformado por antiguos miembros de las Farc, lo que conocemos como una disidencia.

Afectaciones a los civiles
Dentro de las afectaciones que ha sufrido la población civil por causa de la guerra en el Catatumbo están los asesinatos, las desapariciones, la violencia sexual, el reclutamiento infantil y el desplazamiento forzados, todo esto a menudo ocasionados de manera directa por los grupos armados.

También, como una forma de afirmarse en los territorios y buscar coparlos y dominarlos, los grupos armados han utilizado minas antipersona y amenazas directas contra la población civil. Parte de estas amenazas van dirigidas hacia líderes sociales, comunitarios y defensores de Derechos Humanos, y algunos de ellos han sido incluso asesinados.

El tema del desplazamiento forzado muestra tanto una de las cifras más preocupantes de la realidad colombiana como uno de los indicadores más fidedignos de la situación en el Catatumbo: de acuerdo con cifras oficiales, por lo menos 40.000 personas han sido desplazadas de sus hogares en el Catatumbo desde 2017.

Aunque la principal causa para que se hayan dado estos desplazamientos fueron los enfrentamientos entre los miembros del Eln y el Epl, también se han registrado casos en los que la causa son los enfrentamientos entre dichos grupos y la Fuerza Pública. De esta manera, el Ejército Nacional y la Policía también son una de las causas para que la gente abandone sus hogares.

La dinámica del conflicto en el Catatumbo es tal que, según Human Rights Watch, parte de los desplazamientos suceden porque los grupos armados acusan a familias enteras de pertenecer o colaborar a una facción opuesta o con algún organismo de la Fuerza Pública. Esto hace que sean obligados a abandonar sus tierras ante amenazas que casi siempre son de muerte.

Otra arista de esta situación son aquellos pobladores o familias que son de manera directa obligados a colaborar con los grupos armados, y al rehusarse están obligados también a huir de los lugares en los que viven.

Hay por lo menos 8 casos en los que civiles fueron asesinados en el Catatumbo ya fuera por acusarlos de colaborar con otros grupos o con la Fuerza Pública o por negarse a colaborar con ellos.

Siguiendo con esto, otra situación que marca el panorama en el Catatumbo es el aumento de la tasa de homicidios desde 2015. Este fue el año en el que las Farc declararon un cese al fuego definitivo que terminaría con la firma del Acuerdo de Paz, y desde entonces la tasa de homicidios se ha duplicado. Mientras que en 2015 fueron asesinadas 112 personas en el Catatumbo, en 2018 se llegó a la preocupante cifra de 231 personas asesinadas.

Un gran problema sobre esto es que las autoridades han sido lentas y poco diligentes en la resolución de los homicidios en el Catatumbo, y esto hace que el flagelo se pueda repetir en el futuro sin consecuencias.

La Fiscalía General de la Nación tiene 770 casos abiertos por homicidios en esta región desde 2017, pero solo ha logrado resolver en justicia 61 de ellos. También, solo dos miembros de grupos armados han sido condenados desde 2017 por homicidios.

Esto significa que muchos crímenes cometidos en el Catatumbo están quedando en la impunidad.

Parte de este problema es la escasez de personal de la Fiscalía en la zona para procesar e investigar delitos. Y si a esto le sumamos los problemas de seguridad en la zona para estos funcionarios, tenemos que la justicia va a medias en esta región.

Human Rights Watch también describe que el Catatumbo “es una de las regiones más peligrosas de Colombia para quienes se atreven a alzar la voz en nombre de sus comunidades”. Esto se sustenta en la constante persecución contra líderes sociales y defensores de Derechos Humanos, y los atentados contra ellos. Desde 2017, dice Human Rights Watch, 9 líderes y defensores han sido asesinados por ejercer sus labores en esta zona.

La organización de Derechos Humanos denuncia el secuestro y la desaparición de por lo menos 17 personas desde 2017 en el Catatumbo.

Los grupos armados utilizan estos métodos para, como mencionamos antes, obligar a una persona a que cumpla sus exigencias o para que deje de cumplir las exigencias de otro.

Un ejemplo de esta situación es el caso de un secuestro para que la persona dejara de investigar la muerte de un familiar, quien se presume había sido asesinado por el grupo secuestrador. Las víctimas fueron retenidas a veces por horas y a veces por días enteros.

De acuerdo con la Unidad de Víctimas, también hubo violencia sexual en el Catatumbo en los últimos años. La institución reporta que por lo menos 37 personas fueron víctimas de “delitos contra la integridad sexual” vinculados con el conflicto armado. Dentro de estos delitos está la violación.

Otro flagelo que describe Human Rights Watch es el del reclutamiento forzoso a menores de edad. Aunque no hay una cifra consolidada de cuántos menores pudieron ser víctimas de esto en los últimos años, se habla de reclutamientos a menores desde los 12 años.

En ocasiones los menores eran forzados a unirse a los grupos armados por amenazas de muerte contra sus familias o por promesas de dinero. Este flagelo del reclutamiento forzado lo sufrieron menores colombianos y también menores venezolanos.

La organización detalla que las cifras que presenta pueden no ser definitivas por factores como el miedo a denunciar o el estar obligados a no hacerlo. Dentro de las violencias que sufre la población civil en el Catatumbo está el no poder hablar de sus situaciones por miedo a las represalias que puedan tomar contra ellos.

La situación de Venezuela hace que muchos venezolanos también sean receptores de la violencia en el Catatumbo. Al ser una zona fronteriza con Venezuela, este lugar recibe de manera constante muchos migrantes venezolanos que también surgen por la violencia originada en Colombia.

Se calcula que por lo menos 25.000 venezolanos viven en la actualidad en el Catatumbo, y al estar desesperados o indocumentados su riesgo de padecer la violencia puede ser mayor.

Una de las conclusiones de Human Rights Watch sobre la situación en el Catatumbo es que la respuesta de las autoridades colombianas al escenario “no cumple con las obligaciones internacionales de proteger y reivindicar los derechos de los civiles que son víctimas del conflicto entre grupos armados”.

De la misma manera está la denuncia de que las autoridades no están respondiendo a las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo.

Aquí menciona que Colombia hace parte de distintos tratados de Derechos Humanos que establecen que se deben proteger con sumo cuidado los Derechos Humanos de la población relacionados con la vida y la seguridad. Según la organización, Colombia no está cumpliendo esto en el Catatumbo.

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