Asunción, 30 de septiembre de 2021.- Grupos de indígenas y efectivos policiales mantuvieron un nuevo enfrentamiento este jueves en las inmediaciones del Congreso de Paraguay, en el centro de Asunción, en el marco de las protestas contra un proyecto de ley que endurece las penas de cárcel a los ocupantes de tierras ajenas.
Agentes de la Policía Nacional hicieron uso de balines de goma mientras eran repelidos con piedras y flechas por los indígenas, algunos de los cuales llevaban aros de plumas en la cabeza, según las imágenes televisivas.
También se vieron policías retirados por sus compañeros tras el impacto de objetos, y a dos indígenas con heridas supuestamente como consecuencia de los balines.
De acuerdo con algunas fuentes, el rebrote de violencia fue provocado por la detención de uno de los líderes indígenas que desde hace días acampan en los alrededores de la Plaza de Armas, en el espacio comprendido entre el Congreso y el viejo Cabildo.
Sin embargo, la Policía Nacional no confirmó el dato y tampoco ofreció un reporte de heridos.
Se trata del segundo incidente tras el del miércoles, que se saldó con unos siete policías heridos en los enfrentamientos y la quema de varios vehículos.
La Policía Nacional dispersó a los manifestantes después de que estos, según la versión oficial, intentaron derribar la valla de protección instalada en una de las fachadas del Congreso.
El presidente del país, Mario Abdo Benítez, visitó esta mañana a los policías heridos, ingresados en el Hospital de Policía Rigoberto Caballero, acompañado del Comandante de la Policía Nacional, el comisario general Luis Ignacio Arias.
Al jefe de Estado corresponde ahora promulgar o vetar el proyecto de ley aprobado el miércoles por los Diputados en la sesión que siguió a los incidentes, y que la semana pasada fue sancionado por la Cámara Alta.
El proyecto, que eleva a seis años de cárcel las invasiones y a diez años de cárcel en caso de daños de bienes, cuenta también con el repudio de las principales organizaciones campesinas, que lo interpretan como un medio para criminalizar la lucha por el derecho a la tierra.
Los legisladores que aprobaron el miércoles el proyecto, con mayoría del gobernante Partido Colorado, argumentaron que el endurecimiento de la ley resguarda el derecho a la propiedad privada y desalienta las ocupaciones.
EFE
