Redacción Análisis urbano
La situación de inseguridad que padece Medellín no es un tema nuevo y en realidad tampoco es responsabilidad del actual gobierno local. Desde hace años, y de acuerdo a las investigaciones del Centro de Investigaciones Urbanas (CIU) de la corporación para la Paz y el Desarrollo Social, Corpades, la capital antioqueña viene siendo víctima de varios flagelos directamente relacionados con el conflicto armado que co-gobierna en la ciudad.
Si bien la situación no es entera responsabilidad del mandatario de turno, la continuación de algunas políticas aplicadas -como lo es la seguridad democrática- y la poca seriedad a la hora del reconocimiento de las problemáticas, han contribuido a perpetuar la guerra urbana en Medellín, y el peso de la toma de estas decisiones si recae sobre los alcaldes electos.
Aunque el conflicto armado en esta ciudad ha sufrido mutaciones, lo único que no varía es la cultura ilegal que adoptó Medellín y la connivencia y corrupción de una parte de la fuerza pública que abonó, y aún abona, el camino para sostener un sistema criminal. Como claro ejemplo está el caso del hoy condenado general Mwpicio Santoyo y el cuestionado e investigado general Mario Montoya, ambos por vínculos al paramilitarismo y al narcotráfico, además de enormes acciones en contravía de la protección de los derechos humanos.
Las condiciones anteriormente expuestas, dejaron un legado criminal que, en últimas, es el principal reto que deberá afrontar el próximo alcalde electo en Medellín. Aunque es cierto que algunos índices de violencia han disminuido en la ciudad, no por ello dejaron de ser importantes; es el caso de los homicidios en Medellín: cuantitativamente, bajaron su cantidad pero cualitativamente, cada vez son más escabrosos.
También se encuentra que otras cifras han tenido un aumento alarmante -como es el caos de las extorsiones- pero no han hallado eco en la denuncia pública; a pesar de tratarse de números realmente altos como el del desplazamiento forzado, especialmente el intrwpbano, que según la Unidad para la Atención y Reparación de las Víctimas, en el período 2010-2015, registró 48.561 casos de los 96.993 que desde 1990 han ocurrido en Medellín, más de la mitad durante la administración que garantizaba un hogar para la vida.
Medellín actual
Analisisurbano.com y el CIU de Corpades, en su función de observatorio del conflicto, vienen haciendo un seguimiento al panorama criminal de la ciudad por lo que se puede apuntar que el próximo alcalde de Medellín se va a encontrar con las siguientes problemáticas:
- Extorsiones
Este es el fenómeno criminal que más ha aumentado en la ciudad. Actualmente, casi todos los habitantes de Medellín están aportando la famosa “vacuna” y a veces el aporte se hace de manera inconsciente puesto que los grupos ilegales tienen cooptados, a modo de cartel mafioso, la distribución de productos que hacen parte de la canasta básica familiar como son los huevos y las arepas.
Lo delicado de este fenómeno es que se ha naturalizado en la cotidianidad. En la zona céntrica de Medellín, en casi todo punto de comercio la extorsión se paga de manera obligada so pena de muerte o de eliminación del local comercial; pero en los barrios, especialmente los periféricos, el pago de la vacuna se hizo paisaje y en muchos casos no se toma por un asunto ilegal sino como un aporte al trabajo de vigilancia que ejercen “los muchachos” del sector. A esto se suma el impuesto que debe pagar el transporte público para poder acceder a algunas zonas y el uso obligado de algunos lavacoches que deben hacer los buses que transitan por estos lugares.
Cientos de renglones se pueden escribir frente a este tema, pero lo único realmente importante se dice en dos: la extorsión está afectando todos los bolsillos de esta ciudad y en ella se cae incluso con el consumo de un huevo, producto que hace tres años fue “cartelizado” por criminales y hoy deja una ganancia que va desde 54 a 90 millones de pesos mensuales.
- Las Convivir
Aunque muchos insisten en desconocer su existencia o, como el brigadier general José Ángel Mendoza, en solicitar que no se les reconozca con ese nombre, este grupo de origen paramilitar tiene el control territorial del centro de Medellín y dejan claro que la tranquilidad de este sector hace parte de su monopolio, pese a ser el mismo lugar en donde se encuentra el comando de la Policía Metropolitano del Valle de Aburrá (Meval). Esto lo demostraron a mediados de 2014, cuando una guerra desatada en su interior –por reacomodamiento de mandos y disputa de territorios- dejó como saldo el estallido de tres granadas en el centro, cuatro muertos y más de 30 heridos.
Las Convivir no sólo tienen el control de la zona, también son los encargados de la recolección de las extorsiones y de asegurarse del cumplimiento en el pago de la misma.
Durante la investigación sobre el reacomodamiento del poder ilegal en el centro de Medellín, realizada por Analisisurbano.com y el CIU de Corpades, se dejó claro que esta no era posible sin el aval de un sector de la fuerza pública, y en uno de los informes se cita que de la “nomina paralela” de los criminales presuntamente harían parte un coronel de la Meval; un sargento de la Unidad de Extinción de Dominio, de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín); un subintendente del Grupo Contra Armados Ilegales, también de la Sijín, y un capitán perteneciente Grupo Antisecuestro y Antiextorsion (GAULA).
En resumen, esto quiere decir que el próximo mandatario de Medellín debe tener como política obligatoria la depuración y purga de la fuerza pública, al menos la local.
- Paga diarios y cobros ilegales
Para pocos es un secreto que esta práctica es dominada por los grupos armados ilegales y es un modelo de cobro criminal en el que se somete a la gente, se le controla mediante préstamos de dinero y pagos a diario con intereses altos, y en dado caso de no cumplirse con el mismo, las personas aterrorizadas, ultrajadas, amenazadas y en algunos casos condenadas a muerte.
Las autoridades locales saben de esta práctica que lleva años operando pero hasta el momento nadie, ni de la administración ni de la fuerza pública, se ha tomado este asunto en serio este asunto que ya ha dejado un listado largo de victimas que han sido asesinadas cruelmente con el fin de mandar un mensaje de terror al resto de deudores.
- Cooptación de participación política y de PP en las comunidades
Aunque algunos analistas de conflicto armado en Medellín, y la institucionalidad se empeñen en negar que esto sucede en los territorios, aún hoy existen denuncias por parte de miembros de la comunidad sobre la cooptación que los criminales han hecho de los dineros que invierte Presupuesto Participativo (PP) en las comunas. Las denuncias concretas han venido de comunas como la 8 –Villa hermosa-, la 9 –Buenos Aires-, la 3 –Manrrique-, y la 1 –Popular-.
De acuerdo a las versiones recogidas, los delincuentes controlan la participación política a través de algunos líderes –no todos- que cínicamente se ponen a su servicio a fin de controlar las votaciones o las decisiones frente a proyectos priorizados por las comunidades que reciben considerables inversiones económicas.
Así mismo, se maneja una especie de testaferrato de proyectos en el sentido de que ciudadanos inexpertos en el tema o el liderazgo social, asumen la responsabilidad de contractual frente a proyecto pero la inversión es manejada por los ilegales.
Este es un tema delicado puesto que PP ha sido importante para el desarrollo social y político de las comunidades pero su funcionamiento, en ciertos casos, ha servido para fortalecer y legitimar a los criminales, y entre otras cosas, a través de esta práctica, unos cuantos señores de la muerte han logrado que se les considere una suerte de Robin Hood en algunas territorios. Tal como sucedió con Pablo Escobar, con la diferencia de que ahora buena parte de los dineros que fortalecen este sistema criminal son de origen estatal.
- Corrupción al interior de la Fuerza Pública
El próximo mandatario de Medellín debe entender que las políticas guerreritas y el aumento de pie de fuerza o de cámaras y demás sistemas de vigilancia van a tener un efecto igual a cero si la corrupción al interior de la fuerza pública y de la fiscalía no se elimina.
Al día de hoy se demostró que algunos miembros tanto de la Policía como del Ejército facilitaron la expansión del paramilitarismo en Medellín y el área metropolitana. Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, lo ha hecho público en sus audiencias, e inclusive hay sentencias de la sala de Justicia y Paz de la Fiscalía que ordenan la investigación no sólo de uniformados sino también de un ex presidente y otros miembros de su gabinete por haber facilitado la construcción y posicionamiento del proyecto paramilitar y mafioso en la ciudad.
Así mismo, hay generales acusados, según sentencia, por narcotráfico y su cercanía a la empresa criminal que denominan Oficina de Envigado, además, otros oficiales son investigados por los mismos motivos.
En conclusión, mientras no se tome en serio la depuración al interior de la fuerza pública, cualquier inversión en materia de seguridad es plata perdida.
- Los grupos armados ilegales
Estas estructuras criminales son el resultado o el legado del fallido proceso de desmovilización paramilitar. Si bien es cierto que en Medellín han existido este tipo de grupos desde antes de la irrupción de los paramilitares en la capital antioqueña, nunca tuvieron la hegemonía y el actuar violento y criminal que lograron durante y después de los mismo.
Independientemente del origen de los mismos, que es necesario analizar y estudiar para comprender, lo único concreto es que aún están y aún continúan dominando y delinquiendo en los territorios. El próximo mandatario debe entender que esta problemática no puede seguir ignorándose ni tampoco recibir soluciones a medias que hacen las veces de paliativos.
La coyuntura que ofrece el pacto del fusil, en lugar de negarse y ocultarse, debe ser tomada con seriedad y aprovechada por la institucionalidad para lograr el sometimiento de las estructuras criminales. Antes de que el pacto llegue a su fin, pues desde hace meses viene mostrando serias fisuras, pues es sabido que la violencia aumenta al doble luego de que un acuerdo entre ilegales se rompe, los candidatos a la Alcaldía deben hacer propuestas serias que permitan salidas reales de la confrontación armada en Medellín
Esto debe apuntar a unos diálogos o unas negociaciones en el que los criminales se sienten con la institucionalidad, la sociedad civil y la comunidad internacional para acordar la resolución del conflicto, que se saque a los civiles del mismo y se llegue a un sometimiento a la justicia con dignidad pero sin impunidad. Y aunque el gobierno reúse aceptar propuestas, debe plantearse la construcción de un nuevo tipo de cárceles que le apunte a la resocialización y la formación y preparación educacional de los sujetos porque ningún proceso de desmovilización será exitoso si repetimos las formulas ya aplicadas, o si se tiene como centro de sometimiento los actuales penales que no son otra cosa que escuelas del crimen en donde aún imperan –y operan- los cacicazgos de los delincuentes.
- La desaparición Forzada
Si en los diálogos que se llevan a cabo en La Habana se logró llegar a un acuerdo para la búsqueda de 2.760 desaparecidos asociados con las Farc, que no son sólo víctimas civiles de la guerra sino también guerrilleros muertos en combate y enterrados como NN, es imperativo empezar a plantearse lo mismo en Medellín.
De acuerdo al Registro Único Víctimas, Medellín registra 5.022 víctimas de desaparición forzada, de las más de 45.000 que se registran en todo el país. Estamos hablando de una cantidad suficiente de personas para llenar la mitad de la tribuna sur del Estadio Atanasio Girardot. Personas que nunca regresaron a sus hogares y que aún se esperan, o al menos se esperan noticias que permitan ubicar sus restos.
La desaparición forzada no es un asunto que se quedó en el pasado, por el contrario, inversamente proporcional a la reducción de homicidios, este fenómeno crece año tras año y el próximo alcalde debe tomárselo como una prioridad. Especialmente ahora que inició el “Plan Cementerio”, que, como informa la revista Semana, es un proyecto en el que Medicina Legal plantea “escarbar en todos los cementerios del territorio nacional en busca de los cuerpos que habrían sido enterrados por los actores del conflicto, lograr su plena identificación y entregárselos a sus familiares en tiempo casi récord”.
La voluntad de búsqueda de los desaparecidos de Medellín no debe limitarse sólo a La Escombrera pues esa es tan sólo la punta del iceberg de esta realidad.
- Casas de tortura
Las torturas, que la mayoría de las veces terminan en decapitaciones, desmembramientos, asfixia mecánica, muerte por arma blanca, contundente o de fuego, son una realidad en Colombia. Ahora bien, también existen sitios especializados para cometerlas. Lugares destinados a la aplicación de los instrumentos de tortura y terror como método para lograr el control social, territorial y militar, especialmente por el mensaje que envía.
No obstante, la Administración de Medellín ha tenido una posición ambigua frente al tema y se ha negado a leer el mensaje de terror que estas casas envían a la ciudad y a la comunidad en general. Estrategia política errónea para afrontar un problema que ya no se puede ocultar y cuya información, afortunadamente, se está saliendo del panorama de lo local.
A inicios de octubre, Medicina Legal reveló que 24 cuerpos desmembrados han sido encontrados en lo que va del 2015 en Medellín, lo cual es un promedio de entre dos y tres personas al mes. Y esto es sólo el reporte de quienes han aparecido porque se desconoce la cifra de desaparecidos sometidos a esta tortura. Un hecho es que este método de terror no se aplica en la calle y necesita de espacios acondicionados para su realización, por lo tanto, y ara dejarlo claro, no es un rumor la existencia de las casas de tortura en la ciudad.
Una administración poco seria frente a este problema tiene un fracaso garantizado para la resolución del mismo. Y este es un lujo que aunque el alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria, le ha consentido a Luis Fernando Suarez, su vicealcalde de Gobernabilidad y Seguridad, el próximo mandatario no se lo puedo permitir. La problemática ya desborda en la barbarie y si no se controla a tiempo, empezando por reconocerla, tendrá unas dimensiones que impactarán en lo social, en lo político y en lo económico de la ciudad. Este mensaje de terror no se ha tomado en serio, pero hay muchas personas inocentes que están siendo víctimas de este flagelo, de esta práctica que sólo consolidad el poder armado e ilegal que cogobierna Medellín.
Medellín futura
Lo anterior fue tan sólo un pequeño panorama que impera en Medellín, un contexto y unas condiciones que no pueden ser ignoradas por los candidatos a la Alcaldía. Así mismo, es una situación que debe ser analizada y estudiada para no seguir repitiendo errores. Hay un candidato que propone volver a la política de seguridad democrática y lo grave del asunto, y que es lo que la ciudadanía electora debe recordar, es que esta política ha sido en buena parte la causante de los ocho puntos críticos que se expusieron como puntos críticos en cuanto a inseguridad en Medellín.
La política de seguridad democrática prácticamente se inauguró con la Operación Orión y aún hoy, 13 años después, lloramos y lamentamos las consecuencias. El tiempo ha demostrado que la solución guerrerista no es garante de la resolución de un problema, por el contrario parece aumentar sus proporciones.
Analisisurbano.com plantea situaciones críticas que afectan la seguridad y la sensación de ausencia de la misma en Medellín, ahora está en manos de los candidatos pensar, y sobretodo aplicar si son electos, propuestas rigurosamente estudiadas.
Se deben plantear soluciones nuevas y efectivas para lograr la resolución del conflicto armado y todo lo que esto desencadena en la ciudad, si el próximo mandatario no le apunto a resolver esto, la Medellín futura simplemente será cuatro años más de lo mismo.
