El comienzo de año ha sido difícil para la comunidad bellanita debido al fuerte remezón que se produjo en el crimen urbano por la disputa de la minoría Pachelly enfrentada al Mesa y Niquía Camacol. En el artículo publicado el 23 de febrero, titulado: Balaceras, temor, asesinatos y patrullajes de gente armada: ¿se avecina una guerra en Niquía y el resto de Bello?, presentamos el panorama que vivía este municipio.

Posteriormente, a raíz de la respuesta institucional ante lo que venía sucediendo, se publicó un nuevo artículo que mostraba las contradicciones de la institucionalidad y desvelaba el verdadero entramado de la criminalidad ya que no son simples grupos, como se quiso mostrar. Comunicado de la Alcaldía de Bello niega y confirma que hay disputa entre grupos criminales: «En dicha reunión la fuerza pública aclaró que lo que se está presentado en el municipio, es una alteración en la seguridad, por medio de disputas de algunos grupos al margen de la ley que no debe generar miedo en la ciudadanía, ya que se viene presentando en diferentes municipios del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y algunas comunas de Medellín».

La problemática en el orden público es real, ha generado zozobra y miedo permanente, el Consejo de Seguridad, liderado por el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, y donde participaron los altos mandos de la Policía Nacional, el Ejército, además de la Fiscalía General de la Nación y la Alcaldía de Bello, puso en marcha un plan basado en la toma y el control policial y militar, el cual se refleja en la llegada de un comando especial de seguridad urbana compuesto por 280 uniformados, la implementación de planes de intervención con el decomiso de armas, identificación de presuntos delincuentes, identificación de vehículos y motocicletas que puedan estar accionando de manera ilegal; la elaboración de un cartel de los más buscados, para su identificación y posterior detención. Todo esto buscaría reducir el impacto negativo de la confrontación armada entre criminales y pareciera que lo estuvieran logrando en algunos sectores de las comunas 7 y 8 de Bello, sin embargo, no quiere decir que las actividades criminales como el constreñimiento al ciudadano, la vacuna (extorsión), el pagadiario y el tráfico de drogas, entre otras, no continúen. ¿Hasta cuándo la Policía y el Ejército podrán mantener a raya al crimen urbano en Bello?

Mientras la situación de incertidumbre se mantiene día y noche en las mencionadas comunas, en otras zonas de Bello, las más olvidadas, el crimen se la está gozando, literalmente, debido al poder territorial, militar y control ciudadano que tienen. Nadie los molesta, pareciera que más bien los ampararan. Las denuncias ciudadanas, las investigaciones periodísticas, la presencia esporádica de la institucionalidad con capturas, decomisos, para nada han servido. Al parecer no interesa desmantelar estructuras y bandas criminales. El caso concreto lo vive la vereda Granizal.

Este es un territorio olvidado por la institucionalidad. La vereda está compuesta por nueve sectores donde reinan bandas paramilitarizadas, pero que no son las que están asentadas en Bello. Allí hace presencia desde hace muchos años La Oficina de San Pablo —que tiene asiento en la zona nororiental de Medellín— que cogobierna imponiendo un régimen de terror, basado en la explotación de no menos de treinta mil personas que viven en la pobreza y una parte de ellas en la miseria.

Sectores como El Pinar, Oasis de Paz, Regalo de Dios o el Albergue , Altos de Oriente I y II, Ciudad Perdida, El Portal, El Mirador del Oriente, Manantiales, hacen parte de la vereda Granizal y donde la violencia y la criminalidad son lo cotidiano, además de la permanente violación a los derechos humanos. Aunque la gente trata de evidenciar lo que ocurre, las denuncias son escasas, el argumento es el mismo desde hace años: para qué denunciar si nada cambia.

Año 2019 y el panorama no ha cambiado en Granizal a pesar de que en el segundo semestre de 2016 la Agencia de Prensa Análisis Urbano mostró, a través de investigaciones periodísticas, análisis y denuncias sobre cómo era la situación de la vereda; un lugar difícil de ubicar en el mapa del municipio y que muchos ni siquiera saben que está en límites con Medellín, más concretamente con el barrio Santo Domingo Savio, es una zona rural que limita con lo urbano.

Ver recientes publicaciones en diferentes medios de comunicación donde se vuelve a hablar de la misma problemática, vacunas a diestra y siniestra, donde los famosos «muchachos» —miembros de la banda— están cobrando los servicios públicos como si fueran EPM, demuestran que a la institucionalidad no le ha importado esta numerosa comunidad compuesta por hombres, mujeres, niños, jóvenes, adultos mayores, buena parte de ellos  víctima de desplazamiento forzado de muchos rincones de la geografía colombiana.

Los habitantes de la vereda viven en medio del terror cotidiano: el garrote, las amenazas, el constreñimiento, las vacunas, las desapariciones y el homicidio para  ejercer el control. «Los delincuentes nos mantienen sometidos bajo el argumento de que nos están cuidando para que nadie nos pueda robar. ¡Qué burla es eso! Ellos nos roban todo el tiempo, esos tipos nos sacan dinero por todo, no les importa nuestra pobreza».

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Si a esta fecha en la que se escribe este artículo la institucionalidad no ha solucionado lo que vive granizal, no deja asomo de duda de que existe el contubernio criminal entre lo ilegal y sectores de la legalidad. No es normal que no se hayan ejecutado acciones contundentes para desmantelar el crimen que cogobierna en esa zona. ¿Por qué nadie de la institucionalidad quiere actuar, algo o alguien se los impide?

Esperamos que las acciones que se realizan en Bello sean contundentes y también irradien a este lugar olvidado. Ojalá el gobernador de Antioquia pida un informe detallado sobre lo que está sucediendo. Por lo pronto queremos recordarle a la Policía Nacional de Colombia, a la Fiscalía General de la Nación y a la IV Brigada del Ejército Nacional, que en el artículo escrito el 22 de agosto de 2016, titulado: En Granizal los paracos vacunan todo, mostrabmos cómo le sacan la plata a la gente de la vereda por todo: adquirir un lote, construir vivienda, remodelar, sacar escombros, comercio, y eso incluye el agua, la comunidad debe cancelar a estos criminales parasitarios entre $4.000 y $5.000 semanales.

Finalmente, no nos queda duda de que en la vereda Granizal se ha configurado un cogobierno criminal, control territorial, político y social, aparato militar, cobro de vacunas que emulan los impuestos que cobra el Estado. Tampoco dudamos que este año electoral nuevamente regresarán los politiqueros de turno a engañar a la comunidad. No pierde vigencia lo que han dicho testigos que enmudecen ante la presencia criminal, solo hablan soterradamente: «La vereda Granizal solo es visible cuando los políticos, mejor dicho, los politiqueros de turno, vienen por votos; o cuando la represión oficial hace su aparición, eso sí, poca o nada inversión social de ninguna administración municipal, departamental o nacional. Como quien dice, estamos solos y abandonados del Estado, pero parece que nos dejaron a los paracos para recordarnos quien manda acá».

Apunte Urbano

Lo que pasa en la vereda Granizal y en otras zonas del municipio de Bello no es responsabilidad exclusiva del alcalde de turno, en este caso de César Suárez Mira; la responsabilidad mayoritaria la tienen quienes están llamados a ejercer y mantener la autoridad del Estado en los territorios: la Policía, el Ejército, la Fiscalía. Sería bueno saber, entonces, quiénes capturan, quienes judicializan y quién muestra esos resultados.