Sin cumplir con los debidos requisitos, y aparentemente saltándose varios controles, se pagaron, bajo la figura de anticipo, 11.048 millones de pesos supuestamente para financiar obras de construcción del Parque de Deportes a Motor Central Park, que se construye en el municipio de Bello.
Pocos funcionarios de Indeportes Antioquia, de la Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia (VIVA) y de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia se dieron cuenta del pago de esa cuantiosa suma de dinero, destinada a uno de los proyectos impulsados por el anterior gobernador de Antioquia, Luis Pérez (2016-2019), y en la que se invertirán por lo menos 300 mil millones de pesos.
En diversos documentos de la Gobernación de Antioquia se plantea que ese nuevo escenario público “busca atender el déficit de espacio público y especialmente una necesidad sentida de la comunidad, como es un espacio apto para la práctica de deportes a motor”.
Las tres entidades públicas de carácter departamental tienen relación con la costosa obra de infraestructura deportiva: Indeportes Antioquia es la dueña del proyecto; VIVA ejecuta el contrato; y el Colegio Mayor hace la interventoría.
Quienes conocen de temas administrativos, financieros y legales, a los cuales tuve la oportunidad de consultar para que me explicaran la posible irregularidad en este caso, les ha llamado la atención el pago de un anticipo sobre adiciones al contrato, máxime de manera retroactiva, por cuanto jurídicamente no es permitido.
Luego de los procesos licitatorios, VIVA seleccionó a la firma Ingeniería y Construcciones SAS (INGECON) para que adelantara labores en las dos primeras fases, por un valor total de 65.454 millones de pesos. Deficiencias en la planeación del proyecto, que ha generado múltiples ampliaciones de plazo y adiciones presupuestales para obras extras, así como las restricciones que ha impuesto la contención del virus COVID-19, afectaron el ritmo de las obras y se espera que concluyan el 31 de diciembre de este año, con un año de atraso.
Pero más allá de las demoras en la entrega del complejo deportivo, lo que preocupa a quienes conocen este proyecto es el tema de un segundo anticipo pagado por Indeportes Antioquia a VIVA, tramitado con celeridad y saltándose diversos controles financieros, lo que podría configurar una irregularidad administrativa.
Para tener mayor contexto de lo ocurrido, arranquemos por el principio. El 29 de mayo de 2019, Indeportes Antioquia y VIVA suscribieron el convenio interadministrativo Nº 265, por 89.999 millones de pesos, con el objeto de construir el Parque de Deportes a Motor de Antioquia, en una explanada de 370.910 metros cuadrados del parque Tulio Ospina, en el municipio de Bello, norte del área metropolitana.
Como en todo contrato de infraestructura, a la firma seleccionada para la ejecución de las obras se le da un anticipo que es pactado entre las partes y que, normalmente, ronda la tercera parte del costo total inicial. Su finalidad es apalancar el inicio de las tareas encomendadas sin ningún tropiezo. En el caso del convenio interadministrativo Nº 265, por ese rubro se pagaron 31.499 millones de pesos, correspondientes al 35% del valor contractual.
Hasta ahí todo bien. Pero con el paso de los meses a ese convenio se le hicieron tres adiciones presupuestales -29 de septiembre, 7 de noviembre y 19 de diciembre- por un valor total del 33.329 millones de pesos. En cada caso se argumentaron imprevistos en las ejecuciones de las obras que justificaban esos recursos adicionales. Se pasó entonces de 89.999 millones a 123.328 millones de pesos.
La posible irregularidad en la que incurrieron directivos de Indeportes Antioquia, VIVA y el Colegio Mayor es haber tramitado, autorizado y cancelado un segundo anticipo, también por el 35%, pero esta vez sobre el valor total de tres adiciones presupuestales. Es decir, algunos funcionarios patinaron con celeridad una cuenta de cobro por 11.630 millones de pesos y que, luego de impuestos, quedó en 11.048 millones de pesos. La orden de pago fue expedida el pasado 4 de junio.
Si bien se esgrimieron razones técnicas en cada adición presupuestal, especialistas en administración pública a los que les expuse este caso no entienden con qué fundamentos solicitó VIVA los recursos apelando al concepto de anticipo, máxime cuando lo hicieron de manera retroactiva y después de varios meses de la firma de las modificaciones contractuales.
Me aclaran que no corresponde a un anticipo porque, de hecho, no se pagó al iniciar la ejecución de las obras, y, además, tampoco estaba pactado contractualmente. Pese a ello, el desembolso de los recursos fue avalado por el supervisor del contrato por parte de Indeportes Antioquia y por la interventoría, a cargo del Colegio Mayor.
Lo curioso es que las dudas sobre ese segundo anticipo fueron planteadas por un funcionario que conoció del pago y alertó a sus jefes tras valorar que esa decisión no se ajustaba a la legalidad. Para el momento de la advertencia, los dineros ya habían sido girados a la empresa VIVA. Si bien se planteó la posibilidad de reversar la transacción desde el punto de vista administrativo, financiero y contable, la Gerencia de Indeportes Antioquia se opuso a esa solución y dejó en firme el pago.
El caso es paradójico por dos razones: la primera es porque por un proceso similar de pago de anticipos la Fiscalía General de la Nación le impuso medida de aseguramiento al gobernador Aníbal Gaviria, decisión que fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia; y la segunda es porque Indeportes Antioquia está a cargo de dos personas de confianza del mandatario regional; de un lado, el gerente Sergio Roldán Gutiérrez, quien estuvo en su campaña electoral.
Y otro lado, la Subgerente Administrativa y Financiera, Martha Yolima Figueroa Argote, quien maneja con férrea disciplina la entidad. La funcionaria es esposa de Derlis Martínez, asesor del despacho del gobernador Gaviria y muy cercano a Juan Esteban Álvarez, quien representa el poder oculto en la administración departamental. Ambos están ligados a la empresa Modo Futbol Escuela S.A.S., dedicada a distintos temas relacionados con el deporte.
¿A dónde fueron a parar los 11.048 millones de pesos al que algunos funcionarios le pedalearon duro y bajo mucha reserva? Responder esa pregunta será un asunto que, tarde o temprano, tendrán que abordar la Contraloría (departamental y nacional), la Procuraduría y si eventualmente hay causa penal, la Fiscalía.
Tomado de Tono Crítico
Juan Diego Restrepo E.Licenciado en Español y Literatura, y Especialista en Periodismo Investigativo. La vida me ha llevado por los caminos del periodismo, la docencia y la consultoría. Esta aventura implica un gran espíritu explorador. Soy el único responsable de lo que aquí se escriba.
