El Gaula de la Policía logró desarticular una banda denominada los Grilletes, dedicada a realizar diferentes extorsiones mediante amenazas, torturas, lesiones y llamadas extorsivas desde el interior de centros penitenciarios y quienes contaban con cómplices para captar el dinero externamente, producto de las mismas.
Con el apoyo del Inpec, de la Alcaldía de Itagüí y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, los uniformados capturaron a 37 personas integrantes de ese grupo delincuencial. Las acciones se desarrollaron en las ciudades de Bogotá, Cali, Pereira, Manizales, Medellín y los municipios de Itagüí y Riosucio (Caldas).
Entre los capturados están su máximo cabecilla Jordan Alexis Cortes Guerra, de 22 años de edad, conocido en el mundo criminal como Casifú y quien está recluido en el centro penitenciario La Paz, del municipio de Itagüí. Asimismo, el segundo al mando, Brayan Alexander Bejarano Osorio, de 23 años, conocido como Bloqueo, quien días antes había recobrado su libertad. De igual forma fue capturada Sor Lucidia Suárez Uribe, de 52 años edad, quien era la coordinadora del recaudo de dinero que era entregado por todas las victimas a través de diferentes entidades bancarias y de giros.
Su modus operandi consistía inicialmente en seleccionar una persona interna en el centro carcelario e intimidarla a través de torturas, amenazas y lesiones con armas contundentes y cortopunzantes, entre otros vejámenes, para que realizara llamadas a sus familiares con el fin de que cumplieran las exigencias económicas de estos delincuentes. Del mismo modo, estas personas realizaban llamadas extorsivas, conocidas como “tío – tía”, “llamada millonaria” o “suplantación de autoridad”, entre otras.
Diez personas fueron imputadas en los centros carcelarios La Paz de Itagüí y El Pesebre en el municipio de Puerto Triunfo, Antioquia, por los delitos de extorsión agravada, tortura, concierto para delinquir agravado con fines de extorsión y distribución de estupefacientes.
A su vez fueron capturadas 27 más, entre ellas 20 mujeres, quienes prestaban sus cuentas bancarias o cédula de ciudadanía para retirar las sumas de dinero producto de las extorsiones.
Estos delincuentes obtenían un lucro aproximado de $20 millones mensuales, producto de las exigencias económicas a sus víctimas y de la venta y distribución de sustancias estupefacientes en los centros carcelarios.