En Ituango desplazan a los reincorporados de Santa Lucía y se instalan el miedo y el silencio

Ituango, Antioquia, foto cortesía.
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La falta de garantías y las condiciones de inseguridad advertidas para el municipio de Ituango, obligaron a los excombatientes a salir desarraigados del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación ubicado en la vereda Santa Lucía. Con este desplazamiento forzado queda libre el camino para que las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC o Clan del Golfo y las disidencias de las Farc, puedan maquinar cualquier estrategia guerra.

La Agencia de Prensa Análisis Urbano ha conocido que el nivel de miedo vivido en las comunidades de Ituango es tal que han encontrado en el silencio la única esperanza de vida y permanencia; sin embargo, eso no es totalmente una precaución que salve de los riegos. Se ha conocido de varios casos individuales de desplazamiento forzado de otras familias. Por ejemplo, el pasado sábado, una pequeña familia tuvo que abandonar su propiedad en una zona rural, todo por orden de un grupo armado. Por respeto y por seguridad de estas personas nos abstenemos de dar mayores detalles, pero insistimos en que un considerable silencio se apoderó de las comunidades en un municipio en el que, lamentablemente, sus autoridades también buscan hacer invisible la delicada situación de orden público.

Nuestro portal de noticias ha conocido en exclusiva una comunicación de la Defensoría del Pueblo enviada al Congreso de la República en la que mencionan que han oficiado a la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat) sobre la gravedad de la situación, basada en la emisión de cuatro oficios de consumación de riesgo para el municipio de Ituango.

El primer oficio de consumación de riesgo, con radicado 20200040400529201, y que hace seguimiento a la Alerta Temprana AT No.004-2020 para los municipios de Ituango y Briceño, advierte por la presencia de actores armados y posibles hechos contra la población como desplazamientos forzados y otras formas de violencia.

El segundo oficio, con radicado 20200040401197801, hace referencia al seguimiento de la AT No.004-2020 para Ituango y Briceño e indica la constante de riesgo contra la población campesina por posibles enfrentamientos entre las disidencias del Frente 18 Román Ruíz-Cacique Coyará y las AGC.

El tercer oficio de consumación de riesgo, con radicado 2020004040130696100001, nuevamente anota el peligro persistente para Ituango y Briceño por el escenario de riesgo constante para los excombatientes en proceso de reincorporación y sus familiares.

Y el cuarto oficio, con radicado 2020004040141041100001, refleja la persistencia del escenario de riesgo advertido para los excombatientes en proceso de reincorporación y sus familiares.

El Proceso Social de Garantías denunció el 16 de junio un macabro plan de las AGC para Ituango, bajo el título: «Denuncia por la consumación del riesgo emitido en las Alertas Tempranas I.R No.003-17, AT No.029-18 y AT 004-2020 para el municipio de Ituango y ante la grave situación de derechos humanos por la presencia de grupos paramilitares de las AGC». Se trata de la operación militar llamada Plan Mil, una estrategia de las AGC para fortalecerse y dominar completamente el municipio de Ituango y todo el norte de Antioquia. Consiste en llevar hasta esta zona mil hombres armados desde sus diferentes estructuras, utilizando los viejos corredores de las FARC-EP y confrontar a las disidencias para apoderarse del territorio.

Por su parte, las disidencias ya iniciaron su táctica. Desde nuestro portal mostramos el tránsito de las tropas del autodenominado Comando Especial Antiparamilitar, Frente 36 FARC-EP de las disidencias que desde el 15 de junio avanzan hacia el norte de Antioquia, buscan reforzar la presencia del Frente 18 y frustrar el plan de las AGC. Este grupo de las disidencias ha dejado a su paso graves violaciones a los derechos humanos contra la población.

Desde Análisis Urbano declaramos la inquietud por la constante indiferencia del Gobierno colombiano con respecto a lo que ocurre en esta zona roja del país. Queda en entredicho la política pública «Paz con Legalidad», del gobierno Duque, cuando es el Estado el que incumple con las garantías y las acciones para proteger a la población civil de estas comunidades revictimizadas.

Lo que sucede en Ituango es complejo y se pierde toda perspectiva de consolidación de la paz cuando la evolución de las dinámicas de conflicto no son asumidas con responsabilidad por el Ministerio del Interior, la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, y las demás autoridades competentes mencionadas en las recomendaciones de la AT No.004-2020.

Mientras el miedo y el silencio son un factor común del acontecer cotidiano, lo peor está por venir y no se percibe una institucionalidad fuerte para contrarrestar esta realidad, que hasta silenciada intencionalmente por las autoridades, sigue y seguirá dejando víctimas. Lejos estamos de que los entes de control del ministerio público ejerzan todo el poder que tienen para que estos funcionarios de turno entiendan la urgencia y el deber ser de la función pública.

Dejamos nuevamente la constancia de las responsabilidades aplazadas para el municipio de Ituango.

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