En municipios del Norte, Nordeste y Bajo Cauca antioqueños no saldrían a votar este domingo

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A menos de 12 horas para que se dé inicio a la jornada electoral que en Colombia permitirá conocer a los nuevos integrantes del Congreso de la República, la situación de orden público en el Bajo Cauca, Norte y Nordeste de Antioquia empeora.

En Tarazá y Valdivia la comunidad denunció que le han prohibido cruzar por ciertos sectores que las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, y los “Caparrapos” les han señalado para impedir que se cumpla con normalidad la jornada electoral de este domingo 11 de marzo. Las fronteras invisibles estarían ubicadas entre los kilómetros 5 y 12.

Como es de conocimiento, la banda los “Caparrapos”, antiguos “Chepes”, son una disidencia del Bloque Mineros de Cuco Vanoy, y fue creada en 1996 para cuidar los negocios ilícitos de la minería, la coca y expropiación de tierras. Se movilizan por zonas rurales de Cáceres, Tarazá y Caucasia.

Precisamente en el corregimiento La Caucana, de Tarazá, una de sus zonas de influencia, en la noche del viernes 8 de marzo se presentaron enfrentamientos. Las balas rompieron el silencio de la noche y la calma en este corredor estratégico que enlaza la zona del Nudo de Paramillo con el Urabá antioqueño: región apetecida por los narcotraficantes por ser un centro de acopio de la hoja de coca. Cinco familias salieron desplazadas hacia Medellín.

También en Tarazá, esta vez de las veredas Cañón de Iglesias, La Cidra, La Cabaña y La Colorada, ubicadas en jurisdicción de La Caucana, las acciones de grupos irregulares motivaron más desplazamientos. Quienes llegan a Tarazá aseguran que la zozobra reina en estos lugares y que probablemente este domingo nadie saldrá a votar.
“Hay familias que no pueden bajar a Tarazá porque tienen hermanos, tíos, sobrinos, primos o allegados que están con los paras y del casco urbano de Tarazá les han dicho que no pueden arrimar”, dijo a Análisis Urbano una fuente que pidió reserva de su nombre.

En cuanto a Cáceres, en enero pasado, más de 1569 personas se desplazaron desde las veredas hasta el casco urbano de Cáceres por temor a caer víctimas del fuego cruzado entre las AGC y los Caparrapos.

Empezando febrero de 2018, un 40% de esas personas se regresaron a sus veredas después de escuchar al coronel Mauricio Sierra Niño, comandante del Departamento de Policía Antioquia y a representantes del Gobierno, quienes aseguraron que había garantías suficientes para el retorno a las veredas Anara, La Porcelana y Astilleros.

Sin embargo, los enfrentamientos continuaron y de nuevo se presentó un desplazamiento masivo impulsado por las amenazas. En total, se afirma que el número de personas que llegó a Cáceres en las últimas horas más las que aún faltaban por salir es de aproximadamente 2.350. Ahora, ninguno de ellos quiere regresar a sus tierras.

Mientras estén en esa situación, la Secretaría de Gobierno de Antioquia garantizó que seguirán recibiendo atención humanitaria.

El más reciente reporte del Ejército Nacional indica que han muerto en combate diez guerrilleros del Eln y se consiguió inmovilizar en las últimas horas 70 motocicletas en las que los grupos ilegales transportaban armas de fuego.

Asimismo, las autoridades aseguraron que entre las personas capturadas hay dos mexicanos y tres venezolanos. También, que gracias a inteligencia militar se pudo establecer que entre las tropas tanto subversivas como paramilitares hay un gran número de ciudadanos extranjeros reclutados por esos grupos armados ilegales.

Mientras, en el Norte del departamento, en el municipio de Yarumal, exactamente en Llanos de Cuivá, uno de sus siete corregimientos, el conflicto está en uno de sus peores momentos. En la noche del viernes 8 de marzo atracaron a los pasajeros de un bus intermunicipal que iba para Ituango. Asimismo, asaltaron a los cuatro integrantes de un vehículo que se trasladaba entre Llanos de Cuivá y San José de la Montaña.

El miedo es el protagonista en las horas previas a la jornada electoral del domingo 11 de marzo. Análisis Urbano hace un llamado a las autoridades para que garanticen en estas subregiones el derecho democrático a elegir y ser elegido y blinden el proceso de toma de decisiones contra todos aquellos que amenazan la democracia representativa colombiana.

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